Aunque el Gobierno volvió a habilitar el ingreso de proyectos renovables entre privados, la convocatoria llega con riesgos técnicos que trasladan la mayor carga a los desarrolladores. Toda la capacidad firme se concentra exclusivamente en el corredor Misiones–NEA–Litoral.
La Argentina volvió a abrir una nueva ventana para el desarrollo de energías renovables bajo el esquema del Mercado a Término (MATER), pero el contexto en el que se realiza el llamado deja más señales de alerta que de estímulo.
La reciente convocatoria lanzada por CAMMESA para el cuarto trimestre de 2025 habilita apenas 50 MW de capacidad con disponibilidad plena de transporte, un volumen marginal frente al interés del sector y a las necesidades del sistema.
En un sistema eléctrico que arrastra años de subinversión en transporte, la decisión de abrir un nuevo llamado del MATER vuelve a poner en evidencia una contradicción de fondo: se incentiva la generación privada en una red que, en gran parte del país, ya no tiene cómo absorberla.
El dato central no es solo la escasa potencia sin restricciones, sino también su localización: toda esa capacidad firme se concentra exclusivamente en el corredor Misiones–NEA–Litoral.
En un sistema eléctrico que arrastra años de subinversión en transporte, la decisión de abrir un nuevo llamado del MATER vuelve a poner en evidencia una contradicción de fondo: se incentiva la generación privada en una red que, en gran parte del país, ya no tiene cómo absorberla.
Capacidad condicionada para las renovables y el riesgo trasladado al privado
Más allá de los 50 MW con disponibilidad plena, el resto de la potencia habilitada por CAMMESA se encuadra bajo la categoría Referencial A, una modalidad que admite hasta un 8% de recorte de generación (curtailment) hasta tanto se concreten obras de transmisión aún no habilitadas comercialmente.
En términos prácticos, esto implica que los proyectos pueden obtener prioridad de despacho en el papel, pero no necesariamente en la operación real.
Bajo este esquema con restricciones, el organismo identificó tres corredores con capacidad adjudicable. El más relevante es Misiones–NEA–Litoral, con hasta 475 MW disponibles.
Le sigue el corredor Patagonia–Provincia de Buenos Aires, con 190 MW y un adicional de 200 MW reservados exclusivamente para proyectos solares. En contraste, el eje Centro–Cuyo–NOA apenas cuenta con 32 MW, limitados solo a iniciativas eólicas.
El problema central radica en que los proyectos que ingresen bajo capacidad restringida no podrán ejercer efectivamente su prioridad de despacho si las obras eléctricas asociadas no están finalizadas.
CAMMESA es explícita al respecto: la prioridad no se hace operativa hasta la habilitación comercial, y el riesgo de evacuación o demoras recae de manera exclusiva sobre el desarrollador.
En un contexto de costos financieros elevados, esta condición reduce de manera significativa el atractivo del llamado.
Infraestructura pendiente y cuellos de botella persistentes
El listado de obras consideradas críticas para destrabar capacidad refleja la magnitud del atraso en el sistema de transporte eléctrico.
Entre las instalaciones mencionadas figuran estaciones transformadoras y líneas clave como Ampajango 220/132/33 kV, la Nueva San Juan Sur, el segundo transformador San Juan 500/132 kV y trazas estratégicas como Chamical–La Rioja Sur, Santiago Sur–Bandera o Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca.
Muchas de estas infraestructuras llevan años en carpeta y son indispensables para integrar nueva generación renovable en regiones con alto potencial solar y eólico. Sin embargo, mientras esas obras no se concreten, la apertura de nuevas rondas del MATER funciona más como una señal administrativa que como una solución estructural.
Este enfoque resulta particularmente problemático en un sistema ya saturado. En lugar de coordinar la expansión de la red con la habilitación de nueva generación, el esquema vigente vuelve a fragmentar responsabilidades y traslada la incertidumbre técnica al sector privado.
El balance histórico del MATER y sus límites reales
Los números acumulados del MATER refuerzan esta lectura crítica. De acuerdo con el último informe oficial, se adjudicaron prioridades de despacho a 136 proyectos por un total de 6019,7 MW.
De ese total, 3726,5 MW corresponden al MATER Pleno y 2293,2 MW a la modalidad Referencial A. Sin embargo, solo 85 proyectos están efectivamente en operación, lo que reduce la capacidad real en servicio a 3646,5 MW.
A esto se suman otros 3015 MW adjudicados mediante esquemas asociados a obras de transmisión o incremento de demanda, bajo la Resolución SE 360/23.
Si bien este mecanismo permitió sostener el interés inversor, también generó una acumulación de proyectos condicionados a infraestructura que todavía no existe.
El dato más revelador del informe es la baja de 3357,4 MW de capacidad previamente adjudicada. Se trata de proyectos que desistieron de la prioridad de despacho tras la implementación del esquema de pagos para mantenerla.
La cifra expone la presión financiera y técnica que enfrentan los desarrolladores en un mercado donde la capacidad libre, firme y no condicionada es cada vez más escasa.
