Busca retomar el proceso con un enfoque más técnico y transparencia garantizada. El nuevo esquema incluye algunos cambios solicitados en las mesas de diálogo.
El gobierno nacional avanza con una nueva convocatoria para adjudicar la concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía. A diferencia del intento anterior, frustrado en medio de denuncias y tensiones políticas, esta vez el proceso avanza sin polémicas, con un diseño abierto al consenso técnico y a la fiscalización internacional.
Según confirmaron fuentes oficiales, el Estado acordó con Naciones Unidas la participación de una unidad especializada para supervisar la licitación y fortalecer los mecanismos de control, tanto en la etapa de evaluación como durante la futura ejecución del contrato.
El nuevo borrador del pliego contempla una reducción en el plazo de concesión.
La inclusión de un organismo multilateral como garante de transparencia responde a los cuestionamientos que afectaron el llamado anterior, cuando las denuncias cruzadas entre empresas especializadas terminaron por invalidar un procedimiento que ya estaba en marcha. En esta oportunidad, el objetivo es despejar toda sospecha.
“Queremos un proceso sólido, bien documentado y con auditoría externa, por eso nos pareció oportuno involucrar a Naciones Unidas desde el inicio”, explicó una fuente del Ejecutivo a medios nacionales. Se trata de una instancia que dará seguimiento a los actos administrativos y que podrá emitir recomendaciones, sin interferir en las decisiones soberanas del Estado nacional.
Cambios y ratificaciones
Entre los cambios ya definidos, el nuevo borrador del pliego contempla una reducción en el plazo de concesión, que inicialmente había sido fijado en 30 años. “Nos han dicho que parece demasiado largo, así que decidimos bajarlo a 20”.
“Ha sido un pedido de quienes analizaron el proceso”, revelaron desde el equipo que trabaja en la elaboración de los documentos al medio La Nación. Si bien algunos sectores plantearon acortar aún más ese período, el Gobierno considera que se requieren al menos dos décadas para que el futuro concesionario pueda amortizar el equipamiento necesario, especialmente las dragas.
Otra de las decisiones ya adoptadas es mantener la cláusula de exclusión que impide participar a empresas controladas por estados extranjeros. Esta condición, que en el primer llamado generó malestar en firmas chinas, se sostiene en la premisa de resguardar un corredor estratégico bajo administración privada pero sin intervención estatal foránea.
“No se trata de discriminar, sino de evitar que un gobierno más poderoso que el argentino controle la hidrovía”, sostienen en el oficialismo. La restricción, contenida en el artículo 16 del reglamento, deja fuera de competencia a sociedades cuya composición accionaria o capacidad de decisión dependa de estados soberanos.
El calendario oficial contempla dos encuentros más con actores técnicos, previstos para julio y agosto, antes de habilitar la participación formal de los grupos empresarios interesados. Estos podrán luego acceder al pliego definitivo, hacer consultas y presentar observaciones. Solo entonces se abrirá el período para las propuestas económicas, con una audiencia pública incluida.
La licitación que no avanzó
El proceso actual busca dejar atrás el intento fallido de principios de año, cuando una única empresa, la belga DEME, presentó oferta mientras que otros consorcios decidieron no participar, en medio de denuncias cruzadas entre las grandes empresas globales que prestan el servicio.
Esa licitación fue anulada en febrero, pero sirvió de experiencia previa para que tanto usuarios como funcionarios apuesten, con algunos cambios, a tomarla como base para el nuevo proceso licitatorio, que se lanzaría hacia fines de año.
