Según la nueva versión, las compañías que cumplan los compromisos productivos podrán renovar sus concesiones por 10 años. Además, tendrán la opción de extender contratos si reconvierten áreas a la producción no convencional.
El Gobierno concedió dos modificaciones clave en favor de las petroleras en el apartado de la Ley Ómnibus que abarca distintos artículos de la Ley de Hidrocarburos.
En primer lugar, la versión del proyecto que obtuvo dictamen en comisiones para se tratada en la Cámara de Diputados establece la posibilidad de que las operadoras puedan pedir una prórroga de 10 años en las concesiones vigentes, siempre y cuando hayan cumplido con sus compromisos de explotación.
Por otro lado, cuando una firma que opera un área convencional solicite reconvertirla a no convencional, la fecha inicial del contrato pasará a ser la del momento en que se llevó a cabo la solicitud, con lo cual automáticamente se extiende su vigencia.
Para acceder a ese beneficio, las empresas deberán realizar la petición antes del 31 de diciembre de 2026.
Los contratos de explotación convencional tienen un plazo de 25 años, y los del segmento no convencional alcanzan los 35 años.
Este requerimiento apunta a acelerar los planes de inversión en Vaca Muerta, ya que para percibir la ampliación y pasarse al no convencional, las firmas deberán presentar un proyecto piloto dentro de los próximos tres años.
Esta medida se alinea con las intenciones de YPF de abocarse a los yacimientos de la Cuenca Neuquina y desligarse de los sitios maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge, cuyo traspaso a las provincias ya entró en agenda.
Las modificaciones al texto original del megaproyecto se deben al rechazo que recibieron algunos puntos por parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que agrupa a las provincias petroleras, y de las compañías del sector.
Por caso, el artículo 277 de la versión original obligaba a licitar las concesiones de explotación (ya existentes) con una antelación mínima de un año antes de su vencimiento.
Esta adenda llevaba a realizar un gran número de convocatorias este mismo año ya que la mayoría de los contratos, en especial en la región patagónica, vencen en 2025.
En Río Negro, por ejemplo, finalizan 33 convenios entre 2025 y 2027. En ese marco, el nuevo documento determina en el artículo 216 que las concesiones serán licitadas luego del vencimiento de éstas.
“Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la presente ley continuarán rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley”, agrega el proyecto en su artículo 205.
A su vez, en el caso de las nuevas concesiones se fija un tope máximo de 10 años para las prórrogas. Cabe señalar que, mientras los contratos de explotación convencional tienen un plazo de 25 años, los del segmento no convencional alcanzan los 35.
La Ley Ómnibus y la reconversión a no convencional
La versión de la Ley Ómnibus que obtuvo el dictamen en Diputados incluyó el artículo 27 bis, que prevé la posibilidad de reconvertir un área de concesión convencional en no convencional.
En la primera versión enviada al Congreso, el texto especificaba que una vez concretada la reconversión “los plazos de la concesión se adecuarán al nuevo régimen, pero manteniendo la fecha de inicio de las mismas”.
Sin embargo, el reclamo de las empresas y representantes de la OFEPHI, entidad que nuclea a las 10 provincias petroleras, lograron que ese punto se flexibilice.
Ahora el texto dice que “aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco años (35) años computados desde la fecha de la solicitud”.
Lo único que se les exige a las empresas en la nueva redacción del artículo 27 bis es que la solicitud de reconversión deba realizarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Por lo tanto, si la norma se aprueba, las petroleras tendrán tres años de plazo para solicitar la reconversión de convencional a no convencional.
Esa fecha límite busca evitar que una empresa que, por ejemplo, inició su concesión convencional en 1992 y está transitando sus primeros 10 años de prórroga, pida una segunda prórroga de 10 años para extender la concesión hasta el 2037 antes de solicitar la reconversión a una concesión no convencional.
