Luego de que el gobierno de Joe Biden pidió que se posterguen posibles embargos para poder expresar su posición, el viernes las partes presentarán sus argumentos finales. Luego se verá qué hace la jueza Loretta Preska. Además, la Corte de Apelaciones empezará a tratar el caso.
El juicio por YPF llega a sus últimos capítulos. Este viernes tendrá lugar la presentación de los argumentos finales y comenzará la deliberación en una nueva instancia de la Justicia estadounidense. En el medio, el gobierno de Joe Biden realizó una petición que podría poner un freno a los reclamos de los acreedores y resultar determinante para la Argentina.
Según informó Sebastián Maril, periodista especializado en el caso, la Corte de Apelaciones anunciará en los próximos días la fecha de la primera audiencia en que los jueces de esa instancia se verán las caras con Argentina, YPF y los beneficiarios del fallo que multó al país con 16 mil millones de dólares de multa por la reestatización de la petrolera.
Sin embargo, el especialista que sigue de cerca el largo proceso advirtió que no se espera una decisión de la Corte sino hasta mediados de 2025.
Hasta entonces, lo que primero está en juego es la decisión que pueda tomar la jueza de Nueva York respecto a los reclamos de los demandantes, orientados a quedarse con las acciones estatales de la petrolera, después del pedido de postergacion que le llegó desde la Casa Blanca.
El escrito que presentó Estados Unidos apuntaría a recomendar que no se ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a Buford Capital e introduce la idea de una mediación entre las partes.
Fue Maril quien también dio a conocer la reciente intervención por parte del Gobierno de Estados Unidos. Desde el Departamento de Justicia le solicitaron a la Jueza Loretta Preska que “NO publique su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo”, quienes demandan embargos como garantía de pago.
En esa línea, pidieron la posibilidad de presentar una opinión antes del 6 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales. En la solicitud señalaron que están considerando activamente enviar un escrito de interés con respecto a la moción pendiente.
«El Gobierno solicita respetuosamente que la Corte reserve su decisión sobre la moción pendiente hasta que los EE.UU. haya tenido una oportunidad para enviar su posición», señala la carta enviada a la Jueza del distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo a la información recabada por Maril, el escrito apuntaría a recomendar que no se ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a Buford Capital, subrayando que «las relaciones de dos naciones amigas deben ser consideradas».
Vale recordar que la Argentina debe pagar u$s 16.000 millones por la expropiación de la compañía en 2011, y si bien la petrolera fue excluida del caso y los embargos sólo podrían caer sobre activos del Estado Nacional, los beneficiarios del fallo buscan la reincorporación de YPF desde hace tiempo.
Los demandantes piden la titularidad de las acciones bajo el argumento de que se produjo un «incumplimiento de contrato». El pedido es por el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado Nacional.
La inclusión de YPF y la posibilidad de un mediador
Uno de los ejes principales en los que se apoya Buford para reincorporar a YPF es que la compañía funciona como “alter ego” del Estado y es indivisible del mismo. Para probar esta figura, el demandante peticionó la entrega de emails y whatsapps de funcionarios del gobierno actual y del anterior.
La idea es buscar palabras claves en las comunicaciones para comprobar que hubo injerencias políticas en las decisiones empresarias. La semana pasada Preska solicitó la entrega de esa información del ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y del ex secretario de política económica, Gabriel Rubinstein.
Por último, Maril señaló que «EE.UU. sabe muy bien que una nación soberana amiga (Argentina), violó las leyes de los mercados de capitales locales y por este motivo no descarto que también sugiera a la Juez Loretta Preska que nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa».
La figura del Special Master es conocida en las relaciones de la Argentina con los tenedores de bonos. En ese momento fue Daniel Pollack quien estuvo a cargo de la mediación entre el Gobierno y los acreedores por un reclamo de u$s 1.300 millones en 2014.
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