El gobierno de Donald Trump defiende la inmunidad soberana de Argentina, oponiéndose al fallo de la Jusitica de Nueva York que ordenó el traspaso de acciones de la petrolera. El fondo aclaró que solo apunta a embargar activos: cuál es su jugada.
En un nuevo capítulo del juico por la reestatización de YPF, el gobierno de Estados Unidos oficializó su respaldo a la Argentina en la disputa que se tramita en los tribunales de Nueva York. Por otro lado, el fondo Burford Capital, principal demandante, ahora informó que no busca quedarse con el control de la petrolera, pero sí pretende que el país deposite las acciones como garantía para poder continuar con la apelación del fallo por USD 16.000 millones.
“Estos asuntos pueden tener ramificaciones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos, y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otras naciones”, se lee en el escrito presentado por la Administración de Donald Trump, cumpliendo con un respaldo que había anticipado luego de que la jueza Loretta Preska rechazó un recurso argentino para suspender el traspaso.
“No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisor, al referirse al fondo demandante.
La postura de Burford fue presentada ante la Corte de Apelaciones: se opone a la suspensión de la orden dictada por la jueza Loretta Preska que obliga a entregar parte de las acciones de YPF, pero, en simultáneo, admite que podría evaluarse una garantía alternativa si Argentina apela.
Lo que busca Burford es impedir que la Argentina pueda apelar sin antes dejar una garantía financiera. Esta maniobra cambia las reglas del juego procesal en un caso que ya lleva años y que puede sentar precedentes a nivel internacional.
Los argumentos de EEUU
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos –bajo la administración de Trump– se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) y fijó su postura a favor de la Argentina.
El escrito, firmado por el Departamento de Justicia, apunta a defender el principio de inmunidad soberana de los Estados frente a intentos de embargo o confiscación de activos por decisiones judiciales.
Entre los principales argumentos, Washington subrayó la necesidad de respetar la ley estadounidense que regula estas cuestiones: la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), aprobada en 1976, y el derecho consuetudinario internacional.
“Estos asuntos pueden tener ramificaciones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos, y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otras naciones”, se lee en el escrito.
La presentación insiste en que un Estado (como EE.UU.) no puede aplicar sus normas para embargar bienes en otro Estado (como Argentina) sin su consentimiento, y aclara que la ley local, como la de transferencias estatales de Nueva York, no puede invalidar ni la FSIA ni los principios internacionales de inmunidad.
Además, advierte que si Argentina cumple con lo que dictaminó Preska y transfiere las acciones de YPF a Burford, podría perder el derecho a recuperarlas aun si la Cámara revoca el fallo en el futuro.
“Por otro lado, exigir a la Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a ubicar activos en Estados Unidos, que podrían entonces ser objeto de embargos”, advirtieron.
Por estas razones, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte que se suspenda la aplicación del fallo mientras se tramita la apelación, algo que consideran razonable y necesario.
Política exterior y Congreso argentino: otros puntos clave
El gobierno estadounidense también puso sobre la mesa que la Argentina no puede desprenderse de las acciones de YPF sin una ley del Congreso, por lo que, en caso de un revés judicial, lo único que ocurrirá será un retraso en el cumplimiento de la sentencia.
“Si el demandante prevalece sobre el fondo, habrá experimentado un retraso de pago relativamente corto en estos casos de larga duración”, indicaron.
La presentación alertó, además, sobre los posibles daños diplomáticos si se avanza con una ejecución forzada de las acciones sin una resolución de fondo.
“La confiscación por parte de un tribunal de la propiedad de un Estado extranjero puede resultar en una ‘afrenta específica’ a dicho [Estado] soberano”, plantearon desde el Departamento de Justicia, y remarcaron que este tipo de decisiones podrían tener “efectos negativos” en las relaciones exteriores de Estados Unidos.
En definitiva, el respaldo de Trump no solo se inscribe en un marco legal, sino también en una estrategia diplomática: evitar que otros países apliquen represalias similares sobre activos norteamericanos si el sistema judicial de EE.UU. embarga bienes públicos de otro Estado sin una sentencia definitiva.
