Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York con acuerdo de las partes, incluido el fondo Burford, mientras se negocia cómo continúa el proceso. Así, quedó sin efecto el plazo de 72 horas que había dictaminado la jueza Loretta Preska para cumplir con esa orden.
El juicio por YPF le dio un respiro a la Argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión temporal de la transferencia de acciones que había dispuesto la jueza Loretta Preska, lo que deja en pausa el plazo de 72 horas que tenía el Estado argentino para cumplirlo.
Es un movimiento procesal que no resuelve el fondo de la disputa, pero que le da tiempo al país en un conflicto que suma varios frentes judiciales.
Con la suspensión administrativa en curso, el próximo paso será la conformación del panel de tres jueces que deberá resolver si se otorga una suspensión más amplia mientras se tramita la apelación.
La medida, de carácter preventivo, fue concedida luego de que todas las partes —la Argentina, YPF y los fondos Burford Capital y Eton Park— manifestaran su conformidad para que se aplique una suspensión administrativa.
Así lo confirmó Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal, en un escrito en el que indicó: “El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”.
Un paso más en la estrategia de dilación
Desde que se conoció el fallo de Preska en septiembre de 2023 —que condenó a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones más intereses—, la estrategia oficial ha sido clara: ganar tiempo. Hasta ahora, el país logró evitar tanto el pago de la indemnización como la constitución de garantías.
Sin embargo, esa postura fue cuestionada por la propia jueza en su último escrito: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal. Ahora alega un daño irreparable si no se suspende la orden de entrega, pero ese supuesto daño surge directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.
El caso avanza por carriles paralelos: por un lado, se apela la sentencia de fondo que impuso el pago multimillonario; por otro, se intenta frenar la orden de traspasar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes.
En Estados Unidos, a diferencia del sistema argentino, una apelación no suspende automáticamente la ejecución de un fallo: es el juez o tribunal quien debe conceder esa suspensión.
Lo que viene en el juicio por YPF
Con la suspensión administrativa en curso, el próximo paso será la conformación del panel de tres jueces que deberá resolver si se otorga una suspensión más amplia mientras se tramita la apelación.
Todavía no se fijó la fecha para esa audiencia oral, pero se espera que tenga lugar en los próximos meses.
La semana será movida. Este jueves, Burford —que adquirió en España los derechos de las empresas Petersen a litigar en la quiebra— presentará su oposición formal a la suspensión definitiva.
El próximo martes, será el turno de la Argentina, que deberá responder con sus argumentos a favor de mantener el freno sobre la ejecución de la orden de entrega.
Desde la Procuración del Tesoro —el organismo encargado de la defensa legal del Estado— aseguraron que ya trabajan sobre todos los escenarios posibles.
“Cabe destacar que la Argentina no está incumpliendo la orden: la propia jueza Preska otorgó tres días adicionales para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones”, remarcaron.
El viceprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, precisó que las apelaciones incluyen tanto la sentencia de fondo como la orden de entrega del paquete accionario. También anticipó que, en caso de rechazo, el Estado está preparado para recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“El Estado presentó este lunes ante la Cámara de Apelaciones el escrito que notifica la decisión de la jueza y solicita que se expida sobre la suspensión. Creemos que la orden estará suspendida durante este período, porque las contrapartes aceptaron que se trata de una suspensión administrativa, según el derecho estadounidense», explicó Stampalija
«Eso, como mínimo, se mantendría. Luego, existe la posibilidad —y es lo que estamos solicitando— de que la Cámara mantenga la suspensión mientras se tramita toda la apelación contra la orden de entrega de acciones”, agregó.
