La jueza Loretta Preska accedió al pedido de la Argentina de aplazarlo hasta que se considere su apelación. Ahora, el país prepara la presentación de las garantias requeridas para evitar embargos.
La Justicia estadounidense accedió este miércoles a postergar el pago por parte de Argentina de 16.100 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación de YPF al fondo Budford Capital y, a la vez, le ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargos.
Tras la sentencia condenatoria de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, el 15 de septiembre, la Argentina había pedido evitar el pago de la multa mientras se considera su recurso de apelación, lo cual ahora fue aceptado.
El país consideró que el pago de la sentencia durante la apelación causaría graves dificultades en las arcas nacionales, ya que equivale a casi una quinta parte del Presupuesto nacional.
Tras la nacionalización de YPF, el fondo inversor Buford Capital había adquirido los derechos de litigio al Grupo Petersen.
La jueza autorizó a evitar el pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones a cambio de colocar, como garantía para evitar embargos, otros activos mencionados por los demandantes.
Estos son la participación accionaria del Estado Nacional de 51% y las cuentas por cobrar vinculadas con la planta de Yacyretá, según precisó hoy la agencia Bloomberg.
El cálculo de Preska está realizado en base al valor de la participación accionaria estatal en YPF –valuada en entre 2.350 millones de dólares y 3.050 millones de dólares, según analistas- y 4.000 millones de dólares adicionales en pagos que Paraguay le debe a Argentina durante los próximos 30 años por las represas de Yacyretá.
La magistrada suspendió la ejecución de la sentencia hasta el próximo 5 de diciembre, para permitir que el país prepare las garantías.
También exigió que el país solicite una consideración acelerada del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Manhattan.
Presentadas las garantías, el país evitará cualquier tipo de embargo o pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones.
La sentencia por la expropiación de YPF
En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, la jueza Preska desestimó los reclamos presentados por los demandantes contra YPF, al decretar que la petrolera no tuvo responsabilidad contractual en la nacionalización de 2012, aunque mantuvo firme el fallo contra el Estado argentino.
Tras darse a conocer el veredicto, el Gobierno ratificó la apelación por discrepar con las cifras consideradas en la sentencia de Preska.
La magistrada ordenó que Buford Capital (que había adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen) reciba u$s14.385.449,737, de los cuales u$s7.533.269,948 corresponden a daños y u$s6.852.179,789 al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha; y que Eton Park recupere u$s1.714.338,556, que corresponden u$s897.752,615 a daños; más u$s816.585,941 por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Además, dispuso que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.
Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño «en 800 millones de dólares», según precisaron los demandantes en el texto enviado a Preska.
Sin embargo, «esto no quiere decir que la Argentina esté de acuerdo con la sentencia ordenada por Preska ni con pagar 15.000 millones de dólares», explicó en ese entonces uno de los abogados que representa a la Argentina.
«Tampoco quiere decir que renunciaba a su derecho de apelación», continuó; de hecho, en un pie de página de la carta de la defensa argentina reafirmó su posición de apelar, que fue conocida ni bien se emitió el fallo.
Robert Giuffra, socio de la firma, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable, y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».
