La guerra de Ucrania y un programa de inversión y exploración estatal lograron que el proyecto mendocino de Potasio Río Colorado sea tentador para inversores, que aportarán USD 1000 millones para reactivar la mina.
Mendoza tiene a su sector minero metalífero paralizado desde hace años debido a una serie de normativas que desalientan las inversiones privadas. A pesar de que en 2019 intentaron modificar la ley que prohíbe en la práctica la actividad minera y no lo lograron, el gobierno provincial implementó un programa para conseguir inversores y su primer logro insignia es Potasio Río Colorado (PRC), una mina frenada desde 2013, que se reactiva como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.
En diálogo con Dinamicarg, Emilio Guiñazú, gerente del consorcio que gestiona el proyecto, contó cómo fue el proceso que permitió esta reactivación histórica. Revivir la mina implicará una inversión de USD 1000 millones y permitirá la exportación de potasio, un insumo clave para la producción de fertilizantes.
PRC quedó en mano de dos empresas privadas y también contará con participación del Gobierno de Mendoza, que controlará el 12% de la explotación. El restante quedó en manos de Minera Aguilar, la empresa a cargo de la mina más antigua del país en Jujuy, y ARG, una firma de inversores de Brasil que completa el consorcio.
La guerra de Ucrania aceleró la llegada de interesados
En 2021 el Gobierno de Mendoza puso en el mercado la oferta para que inversores reactivaran la producción de cloruro de potasio del yacimiento, ubicado en Malargüe. Para eso antes habían implementado una serie de inversiones para que la futura mina se encuentre lista para empezar a trabajar en la construcción de una planta.
El plan de inversión incluye la reactivación y puesta a punto del proyecto que demorará unos 5 años, pero también la puesta a punto de una planta piloto que iniciaría la producción en 18 meses. Esto último responde a una de las condiciones que impulsó a los inversores: en el mundo la demanda de potasio tuvo una explosión debido a la guerra de Rusia y Ucrania.
El país de Putin junto con Bielorrusia, producían al inicio del enfrentamiento el 40% de los de los fertilizantes de potasio del mundo. Uno de sus compradores principales era Brasil, país que debido a la reducción de la exportación y las sanciones internacionales que impusieron a Rusia, vio afectada su cadena de abastecimiento.
“La situación de Rusia y Ucrania generó turbulencias en el mercado de fertilizantes e hizo que la atención se enfocara en buscar alternativas del potasio que producían estos países”, explicó Guiñazú. Fue en este contexto internacional que llegaron las ofertas, tentadas también por las mejoras que habían hecho desde el Estado para facilitar el ingreso de las mismas.
Incentivos estatales para compensar las legislaciones antimineras
La Ley 7722 ocupa el centro de la polémica minera en Mendoza. La normativa indica que queda prohibida la utilización de ciertos productos químicos durante los procesos mineros. Si bien la norma no impide la minería, su extenso listado que incluye sulfuros, cianuro, mercurio “y otras sustancias tóxicas”, implica que sea imposible cualquier proceso de metalurgia. Desde el sector la consideran una prohibición virtual.
En 2019, tal como había anunciado el gobernador mendocino en campaña, los legisladores aprobaron un proyecto para modificar esta ley, haciendo posible la actividad minera, pero con controles. Esto provocó movilizaciones de rechazo y Suárez derogó la nueva ley.
Esto, explicó Emilio Guiñazú, hizo que fuera necesaria creatividad de parte del Estado para reactivar la actividad. “Sabemos que hay una legislación bastante compleja, por lo que la estrategia es intervenir puntualmente en aquellos proyectos o en aquellas etapas que puedan significar que se destrabe la actividad”, explicó.
“Cuando fracasó la modificación de la ley 7722, cambiamos de estrategia y se decidió poner el foco en los proyectos que se pueden desarrollar dentro del marco legal”, dijo Guiñazú.
En el caso de PRC, luego del cierre de la mina por parte de VALE, la anterior propietaria, la provincia retomó el control y se dedicó a invertir en mantener las condiciones. De esta manera, en lugar de tener que hacerse cargo del abandono desde 2013 a la fecha, los nuevos dueños solo deberán invertir en lo necesario para poner en marcha la explotación.
En paralelo Mendoza optó por iniciar exploraciones de yacimientos metalíferos. Si bien la explotación de estos proyectos se ve frenada por la ley, Guiñazú explicó que quieren tener conocimiento del potencial minero, en caso de que la situación legal cambie en el futuro.
Un ejemplo de esto es el trabajo de exploración que está haciendo el gobierno provincial en Hierro Indio, yacimiento donde retomaron las perforaciones luego de años de freno. Este proyecto, para el que no hay inversores ni planes de reactivación, tiene el potencial de reemplazar el 30% de las importaciones de hierro del país.
También están haciendo estudios en el Distrito Minero Malargüe Occidental, una zona en el departamento más austral de Mendoza que tiene gran potencial e historia minera. Es justamente este municipio el que varias veces criticó la política prohibicionista en la provincia.
Esta exploración incluye proyectos metalíferos que deberían utilizar los químicos que hoy la ley prohíbe, pero las autoridades decidieron invertir en crear este conocimiento. La idea es que si finalmente en Mendoza consiguen licencia social, la provincia no se encuentre en foja cero, sobre todo ahora, que la minería se convirtió en un sector que cada vez más ocupa la agenda económica nacional.
