La iniciativa figura entre los cuatro temas convocados por el Ejecutivo al Congreso de la Nación y propone redefinir el alcance de las áreas protegidas, en medio de un fuerte debate político, objeciones ambientales y el respaldo explícito de las provincias con perfil minero.
El Gobierno nacional volvió a poner en el centro de la agenda legislativa la discusión por la Ley de Glaciares, al incluir su reforma dentro del temario de sesiones extraordinarias convocadas en el Congreso de la Nación.
El debate se desarrollará entre el 2 y el 27 del mes y aparece como uno de los puntos más sensibles del paquete impulsado por el Poder Ejecutivo, tanto por su impacto económico como por las implicancias ambientales y políticas que conlleva.
Según el texto que impulsa el Gobierno, la protección plena se limitaría a aquellos glaciares y ambientes periglaciares que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, dejando fuera zonas que, de acuerdo con la interpretación oficial, no cumplen una función hídrica comprobada.
La modificación propuesta apunta a introducir cambios en la Ley 26.639, sancionada en 2010, que estableció un régimen de protección amplia para glaciares y ambientes periglaciares.
Desde la óptica oficial, esa normativa generó durante más de una década un escenario de incertidumbre jurídica que terminó bloqueando proyectos estratégicos, en particular en el sector minero, sin lograr mejoras sustanciales en la preservación ambiental.
Qué propone el Ejecutivo
El corazón de la iniciativa es una redefinición del alcance de las áreas protegidas. Según el texto que impulsa el Gobierno, la protección plena se limitaría a aquellos glaciares y ambientes periglaciares que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, dejando fuera zonas que, de acuerdo con la interpretación oficial, no cumplen una función hídrica comprobada.
Además, la reforma refuerza el carácter federal del régimen, otorgando a las provincias un rol más decisivo en la evaluación y habilitación de actividades productivas dentro de sus territorios.
En la Casa Rosada sostienen que este enfoque permitiría compatibilizar preservación ambiental y desarrollo económico, respetando las competencias provinciales consagradas en la Constitución.
Durante el plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, funcionarios nacionales defendieron el proyecto como una actualización necesaria.
Allí expusieron el secretario de Minería, Luis Lucero, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quienes remarcaron que la reforma no elimina la protección de los glaciares, sino que busca precisar conceptos que hoy generan interpretaciones dispares.
El rol clave de las provincias mineras
Uno de los principales respaldos políticos de la iniciativa proviene de las provincias con fuerte perfil minero.
Distritos como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza vienen reclamando desde hace años una revisión del alcance del concepto de ambiente periglacial, al considerar que su definición actual es excesivamente amplia y afecta zonas sin impacto hídrico real.
En ese sentido, gobernadores como Manuel Orrego y Raúl Jalil participaron de instancias de debate y expresaron su apoyo a una interpretación más precisa de la norma.
Desde esos distritos sostienen que la ley vigente paralizó inversiones millonarias y limitó el desarrollo de proyectos que podrían generar empleo y divisas, sin un análisis caso por caso.
Tras el plenario de comisiones, el Ejecutivo reunió a la Mesa Federal con funcionarios de Minería y Ambiente de distintas provincias y destacó que existe un consenso mayoritario para avanzar con cambios que destraben inversiones, manteniendo estándares de protección ambiental.
La oposición y las advertencias ambientales
Del otro lado del debate, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas rechazan la reforma y alertan sobre un posible retroceso en materia de protección de reservas hídricas estratégicas.
En particular, desde Unión por la Patria sostienen que el ambiente periglacial puede contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior, por lo que su alteración podría afectar el equilibrio hídrico de cuencas completas.
Bajo ese argumento, advierten que la modificación vulneraría el principio de progresividad ambiental y el de no regresión, ambos reconocidos por la jurisprudencia argentina.
Senadores de ese espacio ya anticiparon que, en caso de que la reforma sea sancionada, recurrirán a la Justicia al considerar que no se trata de una simple aclaración normativa, sino de un cambio sustancial del espíritu original de la ley.
Desde el oficialismo relativizan esas advertencias y las interpretan como parte de una estrategia política recurrente frente a iniciativas que buscan remover obstáculos regulatorios.
Aseguran, además, que la discusión parlamentaria permitirá incorporar salvaguardas técnicas y ambientales que eviten impactos negativos.
