Gobernadores de las provincias patagónicas y la industria naval advirtieron que, de prosperar, las modificaciones propuestas al régimen de pesca provocarían la destrucción de miles de puestos de trabajos en puertos, astilleros y la industria pesquera.
El proyecto de “Ley Ómnibus” fue cuestionado por los sectores portuario y pesquero que, de prosperar la iniciativa, se verán seriamente afectados.
En esa línea los gobernadores de provincias patagónicas encabezaron el rechazo a las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de ley que será tratado en el Congreso de la Nación en el período de sesiones extraordinarias.
De acuerdo con un comunicado difundido por los mandatarios provinciales de prosperar, las reformas incluidas en la Ley Ómnibus «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».
Los gobernadores patagónicos objetaron la eliminación de la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de argentino.
Las críticas fueron expresadas en un comunicado conjunto elaborado por los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.
Sacando Mar del Plata -que también cuestionó el proyecto- los puertos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego son los que más carga reciben de la pesca, generando un importante movimiento y actividad durante la temporada.
Puerto Madryn, Puerto Deseado, Rawson y Ushuaia están entre los más buscados por su capacidad y cercanía con la actividad pesquera.
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
Punto por punto, qué cambiaría en la pesca argentina
En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922- que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.
El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.
“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios patagónicos.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.
“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.
Los mandatarios señalaron, además, que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.
Por último, remarcaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo, así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional».
Al rechazo se sumó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien advirtió que “es malo es lo que tiene que ver con la pesca. Básicamente nos genera destrucción de puestos de trabajo en Mar del Plata». Eso no quiere decir ir en contra de la libre competencia, sino en generar una competencia donde se vea cuáles son las necesidades que tiene cada una de las regiones, y para nosotros lo que tiene que ver con el trabajo en la ciudad y en el puerto es importante”.
Rechazo de la industria naval
La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata también expresó su «profundo rechazo» a las modificaciones previstas sobre el Régimen Federal de Pesca y aseguró que los cambios propuestos ponen «en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo».
A través de un comunicado, la entidad expresó que los cambios previstos en la Ley 24.922 surgen «del desconocimiento de un sector que genera no sólo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor», de la cual nuestra industria naval «es parte».
«La propuesta pone en riesgo el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo en empresas pesqueras argentinas, y principalmente pone en riesgo la sustentabilidad del recurso pesquero que se encuentra en su máximo rendimiento, algo que nos ha costado muchos años estabilizar luego de la crisis generada por sobrepesca en la década de los ’90 ante el ingreso indiscriminado de buques del extranjero y que en su momento redujo a la industria naval Argentina a su mínima expresión», señaló la cámara.
En ese sentido, subrayó que, si bien en el sector pesquero esta medida recién entraría en vigencia si el proyecto es aprobado en el Congreso, «para la industria naval los efectos negativos han sido inmediatos, porque la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos y del inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional».
«La industria naval y la pesca argentina son sectores competitivos, ligados a productos exportables, que han soportado estoicamente muchos años de descalabro económico y atraso cambiario», indicó el comunicado de la cámara marplatense.
Advirtió a su vez sobre «la amenaza» de que los «actuales clientes puedan desaparecer y sean reemplazados por nuevas empresas extranjeras, que podrán operar con personal extranjero desde puertos extranjeros, todo lo cual estaría permitido con el nuevo marco normativo».
En ese escenario, la entidad solicitó que las autoridades reciban al sector pesquero y de la industria naval» para «explicar adecuadamente los gravísimos perjuicios de este proyecto de Ley».
