Las normas para medir y reducir gases de efecto invernadero dejaron de ser una referencia teórica y empiezan a incidir de forma directa en el negocio energético, con exigencias concretas para estados provinciales y empresas. El rol de Nación y la necesidad de unificar criterios.
La regulación ambiental vinculada a las emisiones comenzó a ocupar un lugar central en la agenda energética argentina. Lo que durante años se debatió en términos generales hoy se traduce en normas específicas, planes obligatorios y esquemas de control que impactan de lleno en la actividad hidrocarburífera.
Ese fue uno de los ejes planteados por la abogada y magíster en Gestión de la Energía Verónica Tito durante una reciente exposición sobre la actualización normativa en materia de reducción de emisiones, realizada en el marco de un webinar organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas.
Varias provincias avanzaron con regulaciones propias. Neuquén creó un programa de monitoreo de emisiones para todo el ciclo hidrocarburífero, desde la exploración hasta la refinación.
Según explicó la especialista, la discusión sobre emisiones ya no puede pensarse como una agenda futura.
La combinación entre compromisos internacionales, cambios normativos internos y mayor presión social y empresarial está configurando un nuevo escenario regulatorio que obliga a la industria a incorporar la variable climática como parte estructural de su gestión.
El punto de partida jurídico y los compromisos internacionales
El marco legal argentino en materia ambiental tiene un hito claro en la reforma constitucional de 1994. Con la incorporación del artículo 41, se consagró el derecho a un ambiente sano y se habilitó el desarrollo de leyes de presupuestos mínimos, que funcionan como un piso regulatorio común para todo el país.
A partir de allí, Nación y provincias comenzaron a construir un entramado normativo que hoy sirve de base para las políticas climáticas. En paralelo, Argentina fue asumiendo compromisos internacionales que reforzaron esa agenda.
La adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto —ya sin vigencia— y, especialmente, el Acuerdo de París, consolidaron un marco de referencia que obliga al país a definir estrategias de mitigación y reducción de emisiones.
En ese contexto, la regulación dejó de responder solo a exigencias externas y empezó a encontrar respaldo en consensos internos más amplios.
Planes nacionales y obligaciones para el sector energético
Uno de los instrumentos centrales mencionados durante la exposición fue la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, sancionada en 2019.
Esta norma estableció la obligación de elaborar un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, así como planes provinciales alineados con los objetivos nacionales.
Para el sector energético, el artículo 19 resulta especialmente relevante, ya que ordena identificar las fuentes de emisiones, cuantificarlas y avanzar hacia un sistema homogéneo de medición.
Argentina ya cuenta con dos planes nacionales. El primero, aprobado en 2019, fijó lineamientos generales, pero sin acciones concretas dirigidas a la industria energética.
El segundo, aprobado en 2023, avanzó un paso más al incorporar fichas de acciones específicas, incluyendo el monitoreo del desarrollo energético y obligaciones directas para las empresas del sector.
Este esquema se articula con el Plan Nacional de Transición Energética al 2030, aprobado mediante la Resolución 517/2023.
Si bien la estrategia nacional sigue considerando al gas natural como combustible de transición, también incorpora de manera explícita la necesidad de reducir emisiones en la industria hidrocarburífera para cumplir con los compromisos climáticos asumidos.
Regulaciones específicas y avances provinciales
En línea con esos planes, hacia fines de 2023 la Secretaría de Energía dictó la Resolución 170, que aprobó un plan de medición y reducción de emisiones fugitivas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
Se trata de una norma de alcance general, diseñada para respetar las competencias provinciales establecidas por la Ley 26.197. Sin embargo, su falta de reglamentación limita por ahora su aplicación efectiva.
Frente a ese vacío, varias provincias avanzaron con regulaciones propias. Neuquén creó un programa de monitoreo de emisiones para todo el ciclo hidrocarburífero, desde la exploración hasta la refinación.
Río Negro incorporó exigencias ambientales en su ley de prórroga de concesiones, obligando a las empresas a planificar reducciones y calcular su huella de carbono.
Mendoza adoptó un enfoque más amplio al dictar un decreto que alcanza a todas las industrias mayores, con obligaciones de medición, verificación y reducción de emisiones.
Chubut, en tanto, reguló de manera específica las emisiones de metano en toda la cadena, incluyendo transporte y refinación, con planes anuales y programas de detección y reparación de fugas.
Emisiones, fragmentación normativa y desafíos a futuro
Para Tito, el principal desafío del escenario actual es la falta de uniformidad. La proliferación de normas provinciales con criterios y alcances distintos reproduce problemas ya conocidos en otras áreas ambientales.
Esta fragmentación contrasta con el mandato de coordinación que surge de leyes nacionales recientes, que instan a Nación y provincias a avanzar hacia marcos regulatorios homogéneos, incluso en materia de gases de efecto invernadero.
En ese contexto, la especialista sostuvo que el proceso recién comienza. Las emisiones ya están incorporadas como punto de partida regulatorio y todo indica que las exigencias se volverán más estrictas.
