El Departamento de Justicia notificó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que presentará un segundo amicus curiae. No es la primera vez que Washington interviene en el expediente. El apoyo de Brasil y otras naciones de la región.
El litigio por la reestatización de YPF sumó en las últimas horas un respaldo clave para la Argentina: el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que presentará un nuevo amicus curiae (un tercero que ofrece su perspectiva sobre un caso) a favor del país en el marco de la disputa por el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
No es la primera vez que Washington interviene en el expediente. En noviembre del año pasado, bajo la administración de Joe Biden, el Departamento ya había salido a respaldar al Estado argentino cuando el caso aún se debatía en primera instancia.
En ese momento, el gobierno demócrata advirtió que una orden que obligue a la Argentina a entregar las acciones de YPF violaba principios de inmunidad soberana y generaba un precedente riesgoso: podría habilitar a otros países —incluido Argentina— a aplicar medidas similares contra activos o empresas estadounidenses.
Durante las distintas etapas del juicio, varios países latinoamericanos presentaron escritos en respaldo a la posición argentina. Entre ellos, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, que lo hicieron a través de sus respectivas cancillerías.
El planteo fue dirigido a la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien finalmente no hizo lugar a los argumentos del Departamento de Justicia y, por el contrario, concedió la orden de transferencia.
En aquella presentación, el gobierno estadounidense también había alertado sobre las implicancias de autorizar el embargo de bienes soberanos que no se encuentran dentro del territorio norteamericano. En efecto, las acciones de YPF en poder del Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, y no cotizan en Nueva York.
A través de la Procuración del Tesoro, Argentina había informado oportunamente al Departamento de Justicia sobre estos detalles y sus posibles consecuencias jurídicas.
Apoyo con sello republicano
Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, el nuevo escrito en defensa del país será presentado por la oficina de fiscales de Estados Unidos. Así lo confirmó ayer David E. Farber, representante del Departamento de Justicia.
“La incógnita es si ahora, con Trump en el gobierno, el Departamento de Justicia va a decir algo más”, analizó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro. Según sostuvo, al menos debería “reiterar argumentos que ya expresó en su escrito anterior durante el gobierno de Joe Biden”.
Soler recordó también que la orden de Preska “infringiría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos, que no le permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en los Estados Unidos”.
Además, señaló que podría afectar la soberanía argentina en tanto implique una presión para que el Congreso modifique una ley o para que el Ejecutivo argentino la incumpla.
Durante las distintas etapas del juicio, varios países latinoamericanos presentaron escritos en respaldo a la posición argentina. Entre ellos, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, que lo hicieron a través de sus respectivas cancillerías.
El recurso legal que lo permite es la figura del amicus curiae, habitual en casos donde están involucrados estados soberanos.
El caso YPF, en una fase clave
Mientras tanto, la causa por la expropiación de YPF atraviesa una instancia crítica. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una suspensión administrativa temporal sobre la orden de transferencia accionaria dispuesta por Preska.
Gracias a esa medida, Argentina ganó tiempo para presentar sus argumentos y solicitar una suspensión definitiva.
El cronograma judicial sigue en marcha: este jueves está previsto que Burford Capital —el fondo que compró los derechos de litigio en la quiebra del Grupo Petersen— presente su oposición a la suspensión. Luego, el martes próximo, será el turno del Estado argentino de responder con sus fundamentos.
Según anticiparon desde la Procuración del Tesoro, el gobierno ya trabaja en todos los escenarios. Si la Cámara no extiende la suspensión, la Argentina apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El argumento central sigue siendo que el traspaso del paquete accionario significaría un daño irreparable, no solo por la magnitud del activo sino por las implicancias soberanas del caso. Desde la Procuración remarcan que “no puede ejecutarse una sentencia parcial” mientras el fondo del caso “no fue revisado por el tribunal superior”.
Además, ya fueron presentados los primeros documentos para iniciar formalmente la apelación sobre la ejecución de la sentencia, en la que se habilita la entrega de las acciones de YPF. Mientras tanto, el país suma respaldo internacional y refuerza su estrategia jurídica para resistir la avanzada judicial de Burford.
