El sector energético es uno de los más sensibles para los usuarios y para la sociedad en su conjunto, a punto de poder provocar un malestar generalizado que ningún gobierno quisiera enfrentar. Esa tensión se traslada al cargo de Secretaría de Energía, que viene resultando un puesto clave y de gran protagonismo en las últimas décadas.
La salida de Eduardo Rodríguez Chirillo de la Secretaría de Energía, envuelto tanto en internas del Palacio de Hacienda como en varios cuestionamientos a sus diez meses de gestión, mostró una vez más la tensión del cargo. Es ahora el momento de María del Carmen Tettamanti, una mujer de larga trayectoria en empresas del sector energético y largamente reconocida en la industria, que llega en un momento crucial.
El segmento eléctrico es el que tiene las sirenas de alerta encendidas teniendo en cuenta la proximidad del verano y sus limitaciones en los distintos eslabones de la cadena atribuidas a un rezago tarifario de años que no permitió las inversiones necesarias para la ampliación de las fuentes y sus redes de transporte y distribución.
Es así que el primer desafío de la flamante funcionaria será implementar medidas ya anunciadas y eventualmente otras tantas a desplegar de manera de evitar los cortes de servicio ante el seguro pico de demanda en los días de calor más intensos del verano inminente.
Que habrá cortes imprevistas casi ni se discute, pero lo que ningún gobierno quiere conceder es el cronograma de interrupciones programadas que ponen en evidencia la crisis.
El cambió de conducción se da justo en momentos en que la Secretaría, junto a los entes reguladores nacional y provinciales y las empresas del sector, deben planificar la condición de abastecimiento de los próximos meses «sabiendo que ninguna obra de infraestructura energética va estar hasta después del siguiente verano 2026”.
El segmento eléctrico es el que tiene las sirenas de alerta encendidas teniendo en cuenta la proximidad del verano y sus limitaciones en los distintos eslabones de la cadena atribuidas a un rezago tarifario de años que no permitió las inversiones necesarias para la ampliación de las fuetes y sus redes de transporte y distribución.
Para evitar llegar a la situación de tener cortes programados, entre las últimas medidas de Chirillo tuvo lugar la resolución que planteó medidas en generación, transporte, distribución y demanda, con incentivos y señales de mercado para morigerar el efecto crisis.
La nueva consigna es lograr pasar el verano de la mejor manera y con el menor costo político en la entrada a un año electoral clave para la actual gestión de Gobierno.
La alarma se encendió a mediados de año cuando Cammesa dio a conocer su reciente informe de Programación Estacional Provisoria para el período noviembre 2024 y abril 2025, en el cual la potencia máxima esperada se ubica en los 30.700 Mw para el pico de demanda, anticipando un nuevo récord por encima del máximo histórico de 29.653 Mw del 1 de febrero.
Las dificultades del sistema permiten anticipar que el sistema está el límite y en riesgo de cortes.
Pero la agenda energética no se acaba en el sector eléctrico, sino que Tettamanti deberá atender lo que las empresas consideran la razón de los problemas actuales, que es el atraso de tarifas por más de una década.
El futuro de los subsidios en la nueva Secretaría de Energía
Atado a la necesidad de generar incentivo y condiciones de inversión al sector privado para crear nuevas unidades de generación y ampliar las líneas de transporte y distribución, asume otro gran desafío: el poder avanzar en la reducción de subsidios a la demanda que ya tuvo un recorte del 38% en lo que va del año.
Un tema de definición inminente asoma con el fallido empadronamiento al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) de 1,3 millones de usuarios identificados del nivel N2, es decir los hogares de menores recursos, que obligará a repensar una política para que esos sectores vulnerables no activen una bomba de tiempo cuando lleguen las primeras factura energéticas con costo pleno de la energía.
El tema es doblemente sensible porque cualquier acomodamiento al alza en las boletas tiene un impacto en el nivel de inflación que el actual Gobierno sostiene como bandera y también por el peso en el humor social en momentos en que el ajuste todavía se siente en los presupuestos de familias, comercios y pymes.
Definitivamente atrás parece haber quedado la idea de implementar una canasta básica energética que permitiera suplir el criterio de subsidios generalizados por un esquema focalizado en el usuario y su contexto social y climático. La complejidad de esa ecuación fue tal que ni el propio Chirillo llegó a explicar nunca como debería ser su implementación.
Un tema de definición inminente asoma con el fallido empadronamiento al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) de 1,3 millones de usuarios identificados del nivel N2, es decir los hogares de menores recursos, que obligará a repensar una política para que esos sectores vulnerables no activen una bomba de tiempo cuando lleguen las primeras factura energéticas con costo pleno de la energía.
En paralelo, la gestión anterior de la Secretaría de Energía dejó en anuncio una demorada por años Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que permitirá trazar el sendero de actualización y los consecuentes planes de obras de las concesionarias de los servicios.
Esta revisión debe realizarse cada cinco años de acuerdo al marco regulatorio que acompañó el proceso de privatizaciones en los 90, pero que desde entonces sólo se cumplió en dos oportunidades.
La conveniencia de corto plazo de la administración política parece que volverá a demorar las convocatorias a las audiencias públicas correspondientes, tal como acaba de ocurrir con la postergada participación ciudadana para analizar los aumentos en el segmento de transporte eléctrico.
La mano del Ministerio de Economía ya se había hecho notar meses atrás cuando comenzaron a postergarse los ajustes por inflación comprometidos con las empresas.
Vaca Muerta, el motor energético que necesita gestiones constantes
Pero el sector energético no sólo requiere administrar las crisis o los escasos recursos, sino también generar las condiciones para el desarrollo de los recursos abundantes, en particular el avance en obras de infraestructura clave para la mejor evacuación del gas y petróleo de Vaca Muerta, una de las grandes llaves para el equilibrio de la macro, que también está a cargo de la Secretaría de Energía, ahora a cargo de Tettamanti.
El rol de la Secretaría de Energía se verá, por un lado, en la definición de obras como la construcción del Tramo II del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que permitirá elevar de 24 a casi 40 millones de metros cúbicos el transporte de shale gas para alimentar la demanda de los grandes centros de consumo, pero también generar excedentes de exportación a la región.
Por otro lado, el rol del Estado es generar y respetar las condiciones normativas para implementar las inversiones millonarias que requiere un sector energético en desarrollo, y que contará al menos por los próximos dos años de los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en numerosas áreas de las largas cadenas de la industria.
En el marco de una transición energética global hacia matrices de menores emisiones, también está pendiente el esperado desarrollo de una ley de promoción del hidrogeno verde y de hidrógeno bajo en emisiones, un punto que requiere de otros tiempos de maduración pero que encuentra un generoso campo de financiamiento de organismos y agencias de inversión.
La gestión de Chirillo dejó en anuncio una demorada por años Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que permitirá trazar el sendero de actualización y los consecuentes planes de obras de las concesionarias de los servicios. Esta revisión debe realizarse cada cinco años de acuerdo al marco regulatorio que acompañó el proceso de privatizaciones en los 90, pero que desde entonces sólo se cumplió en dos oportunidades.
En esta misma línea de transición hacia sistemas bajos en carbono, desde los subsectores de las energías renovables como la eólica, la solar o la biomasa, se esperan desde hace varios años políticas de desarrollo que permitan incrementar la participación de estas fuentes en la oferta eléctrica nacional que en 2025 debería alcanzar el 20% del total de generación, aunque se anticipa no se logrará.
Casos más puntuales y que exceden el poder de decisión de una Secretaría de Energía, pero que también requerirán una definición pronta, es el futuro de la construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz, paralizadas desde hace meses por falta de acuerdo con el Gobierno de China, que financia la obra de unos US$ 5.000 millones.
