El abastecimiento sin emisiones es un eje prioritario para la provincia, que ya suministra con biodiésel parte de la flota pública. Desde la gobernación anunciaron la apertura de nuevos puntos de carga en Río Cuarto y Villa Carlos Paz.
La provincia de Córdoba continúa avanzando en la implementación de políticas energéticas orientadas a la sustentabilidad, con la expansión del uso de biocombustibles en su red de estaciones de servicio.
La incorporación del biodiesel B20 y su utilización por parte de vehículos oficiales, como los patrulleros de la Policía, son parte de una estrategia más amplia para avanzar en la transición energética.
En ese escenario, se proyecta la apertura de nuevos puntos de carga en localidades como Río Cuarto y Villa Carlos Paz, sumándose a los que ya funcionan en la capital cordobesa.
Uno de los objetivos centrales es consolidar una oferta de combustibles sustentables que sea tanto económicamente viable como técnicamente segura.
Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es su alcance federal y la posibilidad de replicación en otras jurisdicciones del país.
Según Mariano Santillán, director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, el hecho de que la Policía provincial cargue B20 «demuestra que el producto es confiable y apto para cualquier tipo de vehículo”, y destaca la facilidad con la que pueda incorporarse a la infraestructura actual.
El desarrollo de esta red no implica transformaciones sustanciales en las estaciones de servicio, lo que facilita su implementación. “Se carga igual que cualquier combustible premium en Argentina”, aseguró Santillán, quien destacó que el consumidor comprende y acepta esta alternativa sin mayores dificultades.
Desde la perspectiva provincial, uno de los objetivos centrales es consolidar una oferta de combustibles sustentables que sea tanto económicamente viable como técnicamente segura. El uso de módulos de carga express permite diversificar la red sin exigir grandes inversiones y refuerza el modelo de expendio tradicional como espacio de confianza para el usuario.
“Si está cargado por un playero capacitado, bajo normas claras y en una estación habilitada, el usuario se siente seguro”, señaló el funcionario.
Cada vez en más estaciones de servicio
Empresas como Wico y estaciones independientes han comenzado a operar con estos biocombustibles, desmitificando temores sobre su uso. La primera estación de bandera que ofrece E17 y B20 al público ya funciona en Córdoba capital, y lo hace a precios inferiores a los combustibles Premium convencionales.
Según los registros de funcionamiento, no se han reportado fallas técnicas ni problemas de compatibilidad en los vehículos. Asimismo, Córdoba también participa activamente en la Liga de Provincias Bioenergéticas, desde donde promueve la federalización del modelo.
Existen diálogos con otras jurisdicciones, entre ellas Santa Fe y San Luis, para extender este esquema de abastecimiento sustentable. Esto permite pensar en una red nacional de estaciones de servicio que incluyan biocombustibles en su oferta regular.
Cuestionamientos a la Ley de Biocombustibles de Nación
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió a representantes del sector de los biocombustibles, quienes expresaron su preocupación por el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo Nacional, al que consideran perjudicial para la industria.
Tras la reunión, los ministros provinciales Sergio Busso y Pedro Dellarossa señalaron que la iniciativa busca favorecer a las petroleras y pone en riesgo el desarrollo del biodiesel y el bioetanol, claves para la economía cordobesa.
El proyecto en cuestión permitiría al secretario de Energía fijar un tope de corte de alcoholes y naftas de hasta el 12%, y además propone eliminar ocho artículos de la actual ley 27.640, lo que implicaría una desregulación significativa. Según Dellarossa, esta medida pondría en jaque a muchas pymes del sector y va en contra de las tendencias internacionales en materia energética.
Patrick Adam, director de la Cámara de Bioetanol de Maíz, también advirtió sobre los riesgos del proyecto, señalando que la falta de un porcentaje obligatorio de mezcla podría generar una caída abrupta en la demanda y llevar a la industria a una crisis. En ese sentido, destacó la necesidad de corregir los errores del texto legal propuesto por el Gobierno Nacional.
Como respuesta, los representantes del sector trabajan en una propuesta superadora que será presentada a las provincias de la Región Centro y el Congreso de la Nación. El objetivo es defender las inversiones existentes y garantizar la continuidad de una actividad que consideran estratégica para el desarrollo productivo y energético del país.
