La legislatura aprobó el jueves un proyecto similar al que ya tiene aval de los diputados en la provincia vecina. Sucede luego de que el Gobierno abrió el diálogo para definir el futuro de las centrales hidroeléctricas.

Las provincias de Neuquén y Río Negro avanzan decididamente hacia el cobro de un canon por el uso del agua de los ríos de su territorio en la generación de electricidad de las represas del Comahue, a partir de dos proyectos que ya tienen aval legislativo.

La iniciativa deberá ser reglamentada por los gobernadores, y gana terreno en medio de la indefinición sobre el futuro de las centrales hidorelécticas de los ríos Limay y Neuquén, luego de que en 2023 vencieran las concesiones y desde entonces fueran extendidas cinco veces por el Estado nacional, postergando así una definición a largo plazo.

De hecho, el renovado impulso al canon hidroeléctrico se produce en paralelo a la última renovación de contratos, esta vez resuelta con consenso de las provincias, que desde hace tiempo vienen reclamando derechos sobre las centrales eléctricas de sus ríos.

Funcionarios neuquinos y rionegrinos anunciaron junto al Gobierno una medida que semanas atrás había estado en duda. Además, en la oportunidad, desde la Secretaría de Energía también adelantaron que habrá un encuentro con los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa para empezar a discutir la futura admnistración de las centrales que generan una buena parte de la electricidad del país.

En ese escenario, los diputados de Neuquén aprobaron el jueves en general la iniciativa que establece un canon por el uso del recurso hídrico que las empresas hidroeléctricas emplean para generar energía.

Aunque el texto de la norma pone un tope de 0,50 centavos de dólar al cobro sobre el metro cúbico de agua utilizada para generar energía, el proyecto evita hacer más referencias a la tarifa, para «dejarle al Ejecutivo margen de negociación», según se explicó.

Detalle no menor: en medio del trámite legislativo se produjo el primer encuentro de las provincias con la secretaría de Energía y se abrió por primera vez un canal de diálogo.

En Neuquén la Legislatura aprobó el jueves un canon sobre el metro cúbico de agua utilizada para la generación de energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas. En Río Negro lo hizo el viernes en base a otro parámetro: la facturación.

De hecho, la decisión conjunta de extender los contratos de las represas hasta el 11 de agosto respndió a la necesidad de ganar tiempo para poner sobre la mesa los viejos reclamos de las provincias, que buscan hacer valer sus derechos sobre recursos naturales que les pertenecen, y que en los 90 no fueron previstos.

El proyecto especifica que será responsabilidad de la Subsecretaría de Recursos Hídricos determinar el monto definitivo que deben pagar las empresas. Además, en las áreas de la cuenca compartidas con la provincia de Río Negro, Neuquén solo podrá recibir el 50% del valor estipulado.

Represas del Comahue
El canon hidroeléctrico podría aportarle a Nequen unos 47 millones de dólares anuales, que destinaría a generación y a los municipios, entre otros fines. En Río Negro la cifra podría llegar al triple.

La diputada provincial por el MPN, Cielubi Obreque, señaló: “Hay que analizar porque depende de cuánto se genere y de los momentos estacionales. Para tener un parámetro, con 0,0015 centavos de dólar se estarían generando alrededor de 47 millones de dólares al año”.

El proyecto tiene similitudes con una ley aprobada en Río Negro, aunque con una diferencia clave: “Allí el cobro del canon se calcula con el valor de la factura, mientras que nosotros lo calcularemos con el metro cúbico de agua”, destacó Obreque.

La legisladora también aclaró que “se confunde con el cobro de las regalías, dos conceptos totalmente distintos. La realidad es que hasta ahora ha existido una injusticia, ya que no hemos cobrado por este uso del agua”.

Un «peaje» en las Represas del Comahue para el desarrollo interno

Según el proyecto, los fondos recaudados se distribuirán de la siguiente manera: un 30% se destinará a los municipios para que desarrollen obras de infraestructura como luz, cloacas, gas y agua, y también para la creación de lotes con servicios.

La distribución de estos recursos se hará directamente, aplicando los coeficientes de coparticipación establecidos por la ley 2.148 en las localidades cubiertas por esta norma. Aquellas localidades fuera del sistema recibirán fondos de acuerdo a su densidad demográfica.

El 70% restante se destinará a financiar proyectos de energías renovables y la distribución y transporte de energía dentro de la provincia.

Para este propósito, se creará un fondo específico llamado Fondo de Recaudación por el Uso del Agua para Generación de Energía Eléctrica, y se permitirá a la provincia cobrar el canon «en especias», es decir, en forma de energía.

La diputada Obreque confirmó que «el cobro de este canon va a generar un fondo, y hay que decidir cómo se distribuirá. Los partidos políticos han llegado a un consenso y entienden que el 70% debe dirigirse a la elaboración y ejecución de proyectos destinados a crear parques solares, eólicos e hidroeléctricos».

En el recinto, todas las fuerzas -incluida la izquierda- apoyaron la iniciativa.

En Río Negro, el visto bueno legislativo se dio un día después. Allí, el monto a recaudar con un canon podría alcanzar el triple que en Neuquén.

La tarifa eléctrica en las provincias

Según la legisladora neuquina, el canon ayudará a reducir el impacto del aumento de tarifas en el bolsillo de los neuquinos.

“Esto naturalmente conduce a una soberanía energética. Dejaríamos de comprar energía a Cammesa y empezaríamos a adquirirla localmente, lo que reduciría la tarifa eléctrica”, explicó.

Históricamente, las provincias del Comahue señalan que si bien la electricidad se produce en sus territorios, los costos del transporte de la electricidad en condiciones de ser utilizada por los usuarios hacen que el servicio de luz resulte sensiblemente más caro para sus habitantes que para los de lugares como el AMBA.

Tras el avance legislativo, el proyecto debe ser reglamentado por el Ejecutivo, que lo estudiará junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos y, seguramente, llevará a la mesa de negociaciones con el Gobierno.

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