La compañía estatal cerró el mejor trimestre financiero desde su reestatización en 2008, con un superávit de $169.012 millones, sin requerir asistencia del Estado.
Aerolíneas Argentinas dio un paso decisivo hacia su sustentabilidad financiera al reportar un resultado económico positivo de $169.012 millones durante el primer trimestre de 2025, cifra que contempla tanto el desempeño operativo como el financiero.
Este resultado, validado por la Secretaría de Hacienda, representa el mayor superávit trimestral desde que la empresa fue reestatizada en 2008, y simboliza un punto de inflexión en la historia reciente de la aerolínea de bandera.
Además del monto en términos absolutos, lo que destaca es la calidad del resultado: la compañía alcanzó un margen operativo del 22,78%, el mejor registro en dos décadas, superando ampliamente los estándares históricos de eficiencia del sector público y posicionándose en línea con aerolíneas líderes de la región.
Uno de los datos más significativos es que, por primera vez en lo que va del año, Aerolíneas no ha solicitado transferencias del Tesoro Nacional para financiar su operación. Desde comienzos de 2025, la empresa informó al Ministerio de Economía que no requerirá fondos públicos, consolidando así una gestión más autónoma y sustentable.
Otro de los factores clave en este resultado fue la recuperación sostenida de la demanda, especialmente en los vuelos internacionales, y una optimización estratégica de la red de rutas. La compañía priorizó aquellas rutas con mayor rentabilidad, reorganizó frecuencias y mejoró la ocupación promedio por vuelo.
Esta evolución se da luego de un 2024 en el que también se registró un superávit operativo de USD 56,6 millones, tras ajustes contables, un resultado auditado por la firma internacional KPMG y considerado el mejor balance anual de la última década.
Ajustes estructurales y eficiencia operativa
Este giro en el desempeño financiero responde a una reforma profunda en la estructura organizativa y operativa de la compañía.
Según fuentes internas, se llevó adelante una política sostenida de reducción de costos que incluyó una reestructuración del personal: más de 1.600 empleados dejaron la empresa en un proceso que fue acompañado por retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
La plantilla se redujo en un 16%, alcanzando el menor promedio de empleados por avión en la historia de la empresa. Asimismo, se eliminaron 85 cargos jerárquicos, incluyendo 8 direcciones, 20 gerencias y otras 57 posiciones, con el objetivo de simplificar la estructura y mejorar los procesos de decisión.
Esta reorganización interna se complementó con acuerdos sindicales alcanzados a fines de 2024, que permitieron mejorar los índices de productividad de las tripulaciones y del personal de tierra, sin afectar los niveles de servicio ni la seguridad operativa.
Recuperación de la demanda y optimización de rutas
Otro de los factores clave en este resultado fue la recuperación sostenida de la demanda, especialmente en los vuelos internacionales, y una optimización estratégica de la red de rutas. La compañía priorizó aquellas rutas con mayor rentabilidad, reorganizó frecuencias y mejoró la ocupación promedio por vuelo.
Según el Sistema Integrado de Información Financiera de Empresas Públicas (SIFEP), Aerolíneas Argentinas se ubicó como la segunda empresa estatal con mejor desempeño económico del país, por una mínima diferencia inferior al millón de pesos respecto de la primera.
Con este panorama, Aerolíneas Argentinas avanza hacia un 2025 que podría cerrar con otro balance anual positivo, consolidando una etapa inédita de sostenibilidad financiera tras más de una década de resultados deficitarios.
La dirección actual proyecta mantener esta tendencia mediante una gestión austera, el aprovechamiento de economías de escala, una mayor digitalización de procesos y un enfoque centrado en la eficiencia operativa.
La evolución reciente de la compañía es observada con atención tanto por el sector político como por la industria aérea regional, ya que representa un ejemplo de reconversión de una empresa pública bajo criterios de eficiencia y sin resignar presencia en el mercado.
La problemática privatización de Aerolíneas Argentinas
El próximo 17 de julio se cumplirán 17 años del regreso de Aerolíneas Argentinas a manos del Estado. Una historia marcada por privatizaciones, vaciamiento, crisis, y finalmente, recuperación.
El 17 de julio de 2008 se anunció el envío al Congreso del proyecto de ley para reestatizar Aerolíneas Argentinas, Austral y el resto de las empresas del Grupo Aerolíneas.
El anuncio coronaba una larga y compleja serie de conflictos, denuncias y negociaciones que buscaban devolver al Estado nacional el control de la emblemática aerolínea de bandera.
Fundada en 1949 por decreto del presidente Juan Domingo Perón, Aerolíneas Argentinas surgió de la fusión de cuatro compañías preexistentes. En 1979 pasó a constituirse como Sociedad del Estado.
Sin embargo, con el avance del modelo neoliberal de los años ’90, la empresa fue una de las primeras en ser privatizadas: en noviembre de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, fue vendida al consorcio español Iberia.
La operación fue polémica desde su origen. El Estado argentino absorbió toda la deuda previa para entregar la empresa «limpia», mientras que Iberia adquiría el 57% por apenas u$s 260 millones en efectivo, complementados por bonos públicos.
En los años siguientes, comenzó un proceso de desmantelamiento sistemático: se vendieron oficinas, edificios históricos (como el de Perú y Rivadavia, diseñado por Clorindo Testa), se remataron los simuladores de vuelo y buena parte de la flota. Se desactivaron talleres de mantenimiento y se eliminaron decenas de rutas.
Rapidamente, Iberia amplió su participación al 85%. El Estado quedó con el 5% y los trabajadores con el 10%. Pero la crisis se profundizaba.
A fines de los ’90, Aerolíneas terminó en manos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) del Estado español, y comenzaron a aparecer nuevos actores: bancos estadounidenses como Merrill Lynch y Bankers Trust, y hasta American Airlines, aunque esta última se retiró rápidamente.
En 2000, la empresa ingresó en convocatoria de acreedores.
La debacle del 2001
La crisis del 2001 golpeó de lleno a la compañía. En junio de ese año, Aerolíneas suspendió vuelos internacionales, acumulaba deudas millonarias y enfrentaba despidos masivos. Técnicamente quebrada, estuvo a punto de ser vendida a la peruana Aero Continente, que ofrecía u$s 100 millones.
Finalmente, en octubre de 2001, el grupo español Marsans, propietario de Air Comet y Spanair, se quedó con el 92,1% del paquete accionario.
Pero lejos de rescatar a la aerolínea, Marsans profundizó su deterioro. Utilizó la estructura de Aerolíneas para beneficiar a otras empresas del grupo, transfiriendo aviones, rutas, combustible y fondos hacia Air Comet Chile y Air Comet Europa, lo que dejó a la aerolínea argentina aún más debilitada.
En 2004 se logró salir de la convocatoria, y en 2006 el estado nacional recuperó parcialmente injerencia en la compañía, elevando su participación al 20%. Pero las denuncias sobre el vaciamiento continuaron, y en julio de 2008, tras una denuncia conjunta del representante del gobierno en el directorio y los gremios aeronáuticos, se solicitó judicialmente la intervención de Aerolíneas.
El regreso al Estado
Una semana más tarde, el 17 de julio de 2008, llegó el anuncio formal de reestatización. El 24 de julio, el Ejecutivo envió el proyecto de ley al Congreso.
Fue aprobado en Diputados el 22 de agosto por 167 votos a favor y 79 en contra, y el 3 de septiembre, el Senado sancionó la Ley 26.412 con 46 votos positivos y 21 negativos. El Estado argentino recuperaba así el control de su línea aérea insignia.
A partir de su reestatización, se ampliaron rutas, se renovó la flota, se modernizó la gestión y se buscó recuperar la conectividad federal, aunque el déficit estructural crecía sin solución aparente.
Aerolíneas Argentinas simboliza hoy mucho más que una compañía aérea: representa una historia atravesada por decisiones políticas, crisis y privatizaciones fallidas.
Su futuro dependerá de sostener el equilibrio entre su rol como herramienta de integración nacional y su objetivo de viabilidad económica en un mercado altamente competitivo.
