Se trata de las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario – Victoria. Vialidad Nacional multó en reiteradas oportunidades a la empresa cuya concesión vence en octubre próximo. Las tres opciones que se están barajando para su futuro.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) emitió este lunes un dictamen pidiendo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que se haga cargo del Corredor Vial n°18, que incluye las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario – Victoria, una vez que venza la concesión en octubre de este año.
“Conaduv rechaza categóricamente toda alternativa propuesta que contemple seguir con el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta”, afirmaron.
En ese sentido, afirmaron que “la concesión del Corredor Vial N° 18, Rutas Nacionales 12 y 14, llevada a cabo en los años ‘90, incorporando posteriormente el Puente Rosario – Victoria, es una estafa vial que persiste en el tiempo generando serios perjuicios económicos y sociales a los usuarios viales y a toda la comunidad”.
Las rutas nacionales 12, 14 y 18 son algunas de las principales arterias por las cuales circula la gran parte del transporte de carga del Mercosur.
Lo calificaron además como “un verdadero impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, y que además ha demostrado ser un fracaso”.
Sin embargo, a pesar de que “se abre una gran oportunidad para que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) libre del cobro de peajes”, señalaron que se “están considerando tres posibilidades, las cuales incluyen desafortunadamente continuar con el régimen de peaje directo”.
Sobre estas tres posibilidades, destacaron que son: que se haga cargo del corredor vial 18 y del Puente Rosario – Victoria, Vialidad Nacional, manteniendo el cobro de peaje; que la concesión quede en manos de la empresa estatal Corredores Viales S. A., o bien llamar a una nueva licitación.
Ricardo Lasca, integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Conaduv aseguró que “trabajamos y lo seguiremos haciendo para que de una vez por todas se den por finalizadas las concesiones viales bajo el régimen de peaje. Hay que poner en práctica urgentemente un verdadero proyecto vial libre de peaje que contemple toda la red caminera del país, financiado a través de la efectiva reasignación de los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles y rejerarquizar Vialidad Nacional para que vuelva a ser el Organismo Rector de la Política Vial”.
Asimismo José Raúl Rizzo, Secretario General Adjunto e Interior de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, reiteró que “la conservación y mantenimiento de la concesión en cuestión debe ser realizada por Vialidad Nacional, libre de peaje. Incluso deben replantearse las concesiones por peaje que son deficitarias, buscando otro sistema de gestión que sea menos oneroso y más equitativo”.
La principal arteria del Mercosur
Las rutas nacionales 12, 14 y 18 son algunas de las principales arterias por las cuales circula la gran parte del transporte de carga del Mercosur . Se trata de los vasos comunicantes que vinculan a la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, y quienes la circulan a diario saben de las muy malas condiciones de mantenimiento en que se encuentran. Administradas por la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa) la concesión vence en octubre próximo y el futuro es pura incertidumbre.
La empresa entró semanas atrás en convocatoria de acreedores y viene enfrentando desde hace semanas fuertes multas aplicadas por Vialidad Nacional ante el incumplimiento de las inversiones y obras de mantenimiento y mejoras comprometidas contractualmente.
Frente a este más que complejo escenario y ante la proximidad del fin de la concesión en los despachos oficiales ya comenzaron a barajarse varias opciones para enfrentarse a la era post Crusa a partir de octubre próximo.
En la vereda de enfrente la empresa a cargo de la concesión de estos corredores viales vitales para el comercio del Mercosur carga las tintas sobre el Estado y ya le inició una serie de juicios.
En ellos acusan al Estado por supuesto incumplimiento contractual, lo demandan por daños y perjuicios que aseguran provocó la parálisis regulatoria y por el trato de la administración pública con la concesionaria.
Todo esto mientras se presentó en concurso preventivo de acreedores en la Justicia comercial, ya que no puede pagar sus pasivos.
La empresa advierte además que, desde marzo de 2019 hasta ahora, con una inflación que ya supera el 300% y costos del sector que treparon 523%, hubo dos aumentos tarifarios que en conjunto representan un incremento de 37,5%.
