La autoridad portuaria nacional cuestionó la decisión de Tierra del Fuego, que le quitó fondos para obras al puerto de Ushuaia, y advirtió por posibles sanciones.
El conflicto portuario en Tierra del Fuego, que amenaza con complicar la organización de la próxima temporada de cruceros en el sur del país, escaló en los últimos días, con un pedido expreso de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para revisar la medida que le quitó a los puertos provinciales la posibilidad de hacer obras.
Desde la autoridad portuaria nacional otorgaron cinco días corridos a la provincia para realizar un descargo, y advirtieron por posibles sanciones o incluso la “suspensión de la habilitación” del Puerto de Ushuaia.
El comunicado de la ANPYN se sumó al reclamo de las navieras y al pedido de los trabajadores, quienes advirtieron que la ley sancionada para sanear la obra social provincial (OSEF) –y utiliza para dicho fin los fondos del Puerto de Ushuaia- rompe la ecuación financiera del puerto de entrada a la Antártida.
Tanto empresarios como trabajadores habían señalado que el puerto necesita obras, y que sin financiamiento –al menos, durante 2025 y 2026- corre riesgo la realización de la temporada de cruceros.
Dado que los fondos no son suficientes para cubrir las deudas de la obra social ni reducen el déficit permanente de la misma, las dudas sobre que este tipo de medidas se extiendan en el tiempo es considerable.
Desde la autoridad portuaria nacional otorgaron cinco días corridos a la provincia para realizar un descargo, y advirtieron por posibles sanciones o incluso la “suspensión de la habilitación” del Puerto de Ushuaia.
La decisión provincial generó una fuerte polémica política y gremial en la provincia más austral del país, y se acordó realizar una revisión a fin de año.
La DPP, además, otorgó un préstamo de 4.000 millones de pesos al gobierno provincial para distintas tareas, que serán devueltas en 18 cuotas.
Ambas medidas fueron cuestionadas por los gremios locales, que resaltaron la necesidad de mantener a la vanguardia un puerto que debe competir con otros de la región, especialmente del sur de Chile, en el atractivo para cruceros y operatoria de carga.
La carta de ANPYN contra el desfinanciamiento del puerto
En un comunicado enviado al gobernador fueguino Gustavo Melella, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación recordó que cuando se firmó el convenio de traspaso del puerto de Ushuaia a la provincia, en 1992, se establecieron ciertas condiciones sobre cómo debía administrarse.
En ese marco, destacan que “en su cláusula séptima, se estableció como obligación que los ingresos del puerto serán contabilizados independientemente de rentas generales provinciales y serán aplicados exclusivamente para cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones relacionadas con la actividad portuaria”.
La misiva señala también que la propia ley de puertos sancionada en la década del ´90 estableció una autoridad portuaria nacional con capacidad para controlar y habilitar los puertos provinciales, y que esa autoridad es actualmente la ANPYN.
Asimismo, destaca que “la continuidad operativa del Puerto depende de la ejecución de trabajos de mantenimiento, reparación y de mejoras a introducir en su infraestructura, algunas de ellas con cierta premura, de modo de brindar seguridad operativa, poder habilitar espacios actualmente no disponibles para las tareas y actividades portuarias, y permitir la concreción de obras nuevas que brinden un adecuado servicio a los buques, tripulaciones, pasajeros y carga, vista la importancia que tiene el Puerto de Ushuaia como terminal portuaria multipropósito y como vía de acceso a la Antártida -entre otros-“.
Y concluye que “la no disponibilidad de los fondos del producido de su operación tornaría casi imposible por parte de la DPP la concreción de dichas obras, que son de vital importancia para la operación segura del muelle comercial, más aún teniendo presente que en el mismo conviven actividades comerciales de carga y pasajeros, flujos que, en los distintos proyectos presentados se intentan separar sin interrumpir ambas operaciones”.
En el mensaje enviado a las autoridades provinciales y de la DPP, desde la ANPYN señalaron también que si el puerto cobra una tasa por un servicio específico, y luego lo destina para otro fin, entonces ese cobro pierde sentido.
Por todo eso, pidieron que la provincia corrija la medida y utilice los fondos portuarios para el fin para el que se acordaron.
