Rigió en Neuquén y Río Negro entre 1967 y 1991, cuando se inició el proceso de privatizacion de empresas estatales. Ahora, sobre del cierre de campaña, Sergio Massa la reflotó en su visita a Cipoletti.
En el filo del cierre de la campaña para el balotaje presidencial del domingo, la llamada Tarifa Comahue reapareció en la agenda 22 años después de su desaparición, cuando se privatizaron las centerales hidroeléctricas de la región y cuyas concesiones acaban de vencer, por lo que debe definirse cómo continuará su administración.
El Gobierno dejó a la próxima administración esa discusión sobre el futuro de las Centrales Hidroeléctricas del Comahue. Y para ello se definió la prórroga de los contratos de concesión que vencieron este año y se dispuso que Enarsa actúe como veedora,
En ese contexto, el actual ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó la provincia de Río Negro en el filo del cierre de campaña y allí anunció que, de llegar a la Casa Rosada, restituirá la denominada Tarifa Comahue.
Se trata de una rebaja en el valor de la energía para Río Negro y Neuquén que se creó en 1967 y se dejó sin efecto en 1991, para favorecer las privatizaciones que se preparaba a realizar el gobierno del entonces presidente Carlos Menem.
La Tarifa Comahue fue instituida como como una forma de reconocimiento del aporte energético que Río Negro y Neuquén hacen al resto del país y el bajo consumo de la zona.
La reinstauración de la Tarifa Comahue es uno de los reclamos que tanto desde el gobierno de Neuquén, como el de Río Negro, elevaron a Nación en distintas ocasiones y en particular desde que comenzaron a negociar bajo qué esquema seguirá la explotación de las centrales hidroeléctricas tras el vencimiento de las concesiones, una discusión que por el momento está en pausa.
La Tarifa Comahue fue instituida como una forma de reconocimiento del aporte energético que Río Negro y Neuquén hacen al resto del país y el bajo consumo de la zona, para ello se dispuso un mecanismo de precios reducidos de la energía eléctrica para esas provincias.
Este criterio, establecido en 1967 por medio de la ley 17.574 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, fue dejado sin efecto por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia del ex presidente Menem en 1991, justo antes de iniciar el proceso de privatización de las centrales de generación, entre ellas las represas hidroeléctricas de la región del Comahue.
Neuquén, por ejemplo, aporta por sí sola más del 20% de la potencia eléctrica total del país y consume menos del 1 por ciento.
“Que los dueños de la energía, los que abastecen a la Argentina, tengan tarifa diferencial: vuelve la tarifa Comahue”, anunció Massa en Cipolletti.
La discusión por el futuro de las Represas
El 11 de agosto de 2023 vencieron los contratos de concesión de Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados y el 29 de diciembre vence el de Piedra del Águila, firmados en 1993 en el marco de la privatización de Hidroeléctica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor).
Las concesionarias a las que se les vencen los contratos son AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).
Frente a ese escenario, Energía decidió prorrogarlas y designar a Enarsa como veedora hasta tanto se resuelva bajo qué esquema seguirán funcionando.
“La infraestructura (de las centrales) es Nacional, hay que tener en cuenta que fueron construidas con los recursos de todos los argentinos. Al mismo tiempo, el recurso es de cada provincia. Es lógico lo que reclaman las provincias, por eso está contemplado que haya un director de cada una”, sostuvo Flavia Royón en medio de la disputa por la explotación de las centrales.
Las provincias propusieron avanzar en la creación de una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado Nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro.
Entre los ejes centrales del proyecto, se destaca la necesidad de contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes.
A la par, las provincias deberán actualizar y fijar las nuevas normas de manejo del agua, sobre cuidados ambientales y de seguridad de represas que van a regir a futuro las cuales deberán formar parte del futuro contrato de operación o de concesión que se vaya a otorgar a la empresa encargada de la administración y operación de las represas.
También está en debate la participación de las provincias en la renta que se genere a partir de la explotación de las centrales hidroeléctricas.
