La anulación del decreto del Ejecutivo, que ya había sido invalidada por Diputados, fue votada por amplia mayoría y dejó sin efecto un régimen que buscaba cambios estructurales en el sector. Empresarios y gremios se expresaron con posiciones opuestas.
El Senado de la Nación derogó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que introducía reformas profundas en la Marina Mercante, que ya había sido desestimado también en la Cámara de Diputados. La votación se resolvió con 55 sufragios en contra de la disposición del Ejecutivo, 13 a favor y 3 abstenciones.
El decreto, impulsado por el Gobierno nacional, concentraba en un solo instrumento medidas de carácter diverso, varias de ellas fuertemente resistidas por los sindicatos del sector.
En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo planteaba que la Marina Mercante Nacional se encuentra en “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.
Una de las disposiciones más debatidas era la que declaraba a la navegación y los servicios portuarios como “actividades esenciales”, lo que obligaba a garantizar al menos un 75% de funcionamiento incluso en situaciones de huelga.
Mientras que las cámaras empresarias valoraban estas iniciativas como herramientas indispensables para reducir costos y equiparar condiciones frente a las navieras internacionales, los trabajadores advertían que podía derivar en precarización laboral y en pérdida de soberanía en la navegación de cabotaje.
Los puntos centrales del DNU que se cae
El decreto derogado incluía un conjunto de disposiciones administrativas al “Régimen de Excepción” para la actividad.
Los armadores argentinos podían solicitar suspender provisoriamente la bandera nacional de sus buques hasta por diez años, inscribiéndolos en registros extranjeros considerados más competitivos, sin perder la matrícula argentina.
También se habilitaba a buques de bandera extranjera a realizar transporte de cargas entre puertos argentinos, mediante permisos renovables de 180 días, en caso de no contar con embarcaciones nacionales disponibles.
Por otro lado, los empleadores quedaban facultados para seleccionar el personal de las bolsas de trabajo gremiales, cuya selección antes era determinada por los propios gremios, siempre que el tripulante estuviera habilitado para la tarea.
La potestad de definir el número de tripulantes necesarios recaía en los armadores. La Prefectura Naval solo establecía la dotación mínima de seguridad.
Y por último, la navegación y los servicios portuarios eran declarados esenciales, con la obligación de mantener un 75% de actividad durante conflictos laborales.
Argumentos del Ejecutivo
En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo planteaba que la Marina Mercante Nacional se encuentra en “evidente tendencia a su disminución y un peligro latente de su total extinción”.
El Gobierno señalaba además que los costos de operación de buques con matrícula argentina resultan hasta cuatro veces superiores al promedio internacional.
Según la argumentación oficial, en los últimos 34 años el sector sufrió una reducción de más del 80% de su flota de bandera por falta de competitividad, lo que justificaba la necesidad y urgencia de implementar un marco excepcional.
Reacciones empresarias
La Cámara de Puertos Privados ya había expresado su respaldo a la desregulación impulsada a través del decreto y cuando se dio el primer rechazo en Diputados, expresó su preocupación.
En un comunicado, la entidad manifestó que “la posición de los Diputados implica un retroceso en el proceso de revitalizar el sistema de transporte por agua con una normativa que favorecía a las cargas, permitiéndole acceder a fletes más competitivos con gran impacto en la reducción de los costos logísticos lo que potenciaría la competitividad, con la consecuencia de aumentar el desarrollo regional generando mayor producción en beneficio de la economía de nuestro país”.
Desde su publicación en mayo, el DNU había recibido un fuerte respaldo en el ámbito privado y también entre autoridades de puertos públicos y privados, que coincidían en la necesidad de incrementar el cabotaje nacional.
En ese mismo sentido, los puertos privados remarcaron que “Argentina tiene un enorme litoral fluvial y marítimo y por diversas medidas proteccionistas del pasado la marina mercante nacional prácticamente desapareció”.
El comunicado subrayaba la baja incidencia actual del cabotaje nacional y la escasa conexión existente entre los puertos del país.
