Las empresas estiman que hay más de 30.000 millones de dólares ya comprometidos, principalmente en cobre. Mientras tanto, con el cambio del marco legal, impulsan nuevos proyectos, y se reafirma una proyección: el boom productivo llegaría recién en 2030.
El sector minero atraviesa uno de sus mejores momentos en la historia del país en términos de licencia social. Cobre, litio, tierras raras e incluso los tradicionales oro y plata lograron romper las oposiciones locales y los proyectos avanzan en distintas provincias argentinas.
El nuevo marco legal, del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un paso más en la apuesta hacia los desarrollos mineros, pero todavía tiene un largo camino por andar desde su reglamentación hasta los debates en cada una de las legislaturas provinciales.
Mientras tanto, los empresarios salen a buscar fondos frescos para los proyectos en marcha y socios globales para las nuevas iniciativas. Para la industria, las nuevas condiciones que ofrece el RIGI son un activo a la hora de buscar inversores internacionales.
Esto está estrechamente vinculado a la forma en la que el sector minero hace negocios: con socios estratégicos fuera del país, con quienes las planificaciones en plazos muy largos necesitan de gestos que mejoren la confiabilidad. El país tiene proyectos que lo llevarían a un boom de producción, especialmente de cobre, hacia 2030.
Para la minería, un incentivo como el RIGI se convierte en una forma de atraer inversiones en más de una manera. En principio, puede significar para el país la activación de nuevos proyectos mineros, con empresas tentadas por las mejores condiciones.
Pero, sobre todo, puede significar que aquellas compañías que ya están operando en distintas etapas puedan conseguir financiamiento internacional más fácil.
“Una vez que se apruebe, hay que salir a convencer inversores”, fueron las palabras que utilizó durante la Expo San Juan Minera Alfredo Vitaller, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Josemaría, el proyecto de cobre más avanzado del país. En la misma línea opinó el gerente de otra compañía minera, durante una charla en off con Dinamicarg: el RIGI es una carta más para sumar en las discusiones fuera del país para buscar inversionistas.
Esta es la práctica habitual en el desarrollo de proyectos en el sector minero. Las empresas encaran parte de las inversiones de riesgo durante las primeras etapas, lo que implica gastar cientos de millones de dólares durante años.
Para la minería, un incentivo como el RIGI se convierte en una forma de atraer inversiones, tanto para la activación de nuevos proyectos mineros con mejores condiciones como aportando financiamiento internacional más fácil a quienes ya operan.
Durante la exploración de metales, que pueden tomar décadas, buscan socios externos para mantener la inyección de fondos sin retornos. En caso de desarrollar el yacimiento, obtendrán beneficios con la producción de mineral.
Las empresas junior venden a operadoras senior y con esto recuperan el trabajo. Pero, en general, durante todas las etapas necesitan liquidez y para eso deben acordar con inversores.
Son estas negociaciones donde hoy el RIGI se vuelve una ventaja, aseguraron los empresarios. La oportunidad de tener reglas de juego clara durante tres décadas, posibilidad de girar fondos al exterior, reducción de costos impositivos como ganancia o retenciones hacen la plaza argentina más interesante. En la actualidad, cuentan con la ley aprobada para encarar estos acuerdos.
Las inversiones ya comprometidas y los plazos del sector minero
El RIGI es un marco legal y tributario excepcional. Está encuadrado dentro de una ley de emergencia económica y por lo tanto el régimen no está previsto que permanezca a futuro. Según el texto que aprobó el Congreso de la Nación, hay dos años para adherir y luego la posibilidad de una prórroga por un año más.
Esto implica que quienes quieran adherir sus proyectos de inversión tienen un tiempo para hacerlo y en ese plazo deben cumplir con los requisitos. El más importante es la creación del Vehículo de Proyecto Único (VPU), que una vez conformado por una empresa o sociedad se presentará ante la autoridad de aplicación, todavía sin definir, para solicitar los beneficios.
Entrar o no dentro del régimen dependerá de si un proyecto del sector minero se cataloga como estratégico, si cuenta con los avales legales y los permisos necesarios, y también del monto de inversión. Es que la base son 200 millones de dólares proyectados para poder acceder a las facilidades.
Este punto no es el que más preocupa al sector minero, porque los montos que planifica inyectar la industria superan este valor.
Dentro de los metalíferos tradicionales, los proyectos de cobre son los que llevan la delantera en cuanto a montos y, en algunos casos, avances. Según un informe de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), los ocho más avanzados suman más de 22.000 millones de dólares previstos de inversión en el país.
En San Juan está la única mina en preconstrucción, Josemaría, que sería una de las candidatas fuertes al RIGI, ya que tiene su informe de Impacto Ambiental (IIA) aprobado. El último plan de inversión actualizado habla de más de 4.000 millones de dólares para la construcción de cero de una de las minas más altas del país. También en la provincia está Los Azules, cuyo plan de inversión supera los 3.000 millones de dólares.
MARA, en Catamarca, sería la vuelta a la vida de la única mina de cobre a gran escala que tuvo Argentina, con la gigante Glencore detrás. Este proyecto, para ser de este metal, requiere de una inyección “menor” de capitales, ya que cuenta con parte de las instalaciones de La Alumbrera, que dejó de producir en 2019. Aun así, la puesta en marcha nueva necesitará más de 1.600 millones de dólares.
Salta también tiene uno de los nombres fuertes en el país: Taca Taca, la empresa a cargo planteó en 2023 que iba a necesitar 3.500 millones de dólares para poner en marcha el gigante de cobre. Mendoza tiene San Jorge, que es el de menor tamaño en comparación con el resto y sólo este, para su desarrollo, necesitará al menos 500 millones de dólares.
Los restantes del grupo están en exploración. En San Juan también están El Pachón, Altar y Filo de Sol, como los que están más avanzados. Las campañas de búsqueda también podrían entrar dentro del RIGI e incluso en estas instancias llegar al monto mínimo no es imposible, aunque cuesta mucho menos que construir y operar una mina.
El sector minero del cobre se convirtió en los últimos meses en la insignia de la minería metalífera para hablar del régimen. Pero no es el único protagonista, ya que las provincias del litio, por ejemplo, anticipan que el sector se movilizará una vez que puedan aprovechar el régimen.
La última planta que inició sus operaciones, ubicada en Salta, anunció un plan de inversiones distribuido en varios años de 850 millones de dólares.
¿El regreso de los metales tradicionales?
El oro y la plata, más tradicionales en Argentina, hoy sostiene el 75% de los 4.000 millones de dólares en exportaciones que genera el sector minero. Si bien la cartera de proyectos nuevos se redujo en estos metales, debido a los precios internacionales y la economía nacional, creen que podría haber un impulso.
En principio, podría empujar exploraciones, pero no descartan que también puedan usarlo minas productivas. No está cerrada la posibilidad de presentar planes de inversión con un VPU, aunque esto estará claro una vez que la reglamentación conteste las preguntas que restan.
Regalías y controles, en las legislaturas provinciales
El Régimen de incentivo a las Grandes Inversiones obtuvo el aprobado de las dos cámaras del Congreso nacional el pasado 28 de junio, junto con el resto de los capítulos de la Ley Bases y el paquete fiscal. Dado que está dentro de todo el grupo de normas modificadas, todavía no fue reglamentado. Esto significa que el Gobierno nacional debe todavía redactar lo que será la forma en la que se aplique.
Uno de los puntos que todavía no está claro, por ejemplo, es cómo se conformará la autoridad de aplicación, que tiene múltiples funciones. Deberán ver si, por ejemplo, esta es nacional, si tiene integración provincial debido a la autoridad de las mismas en los recursos naturales, y de qué ministerio depende.
La autonomía de las provincias con respecto a sus recursos naturales también plantea otra instancia más para el RIGI. Es que debido a que el capítulo toca facultades locales, las legislaturas deberán votar si adhieren o no, si lo hacen de forma parcial o total y también si, por ejemplo, modificarán regalías.
Es que, en la última versión del régimen, esta facultad quedó en manos de las provincias, que decidirán si siguen cobrando el 3% o avanzan a un 5%. Por el momento, la única provincia que adhirió plenamente sin la reglamentación del capítulo, fue Río Negro.
En Mendoza, San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy presentaron proyectos de adhesión, pero estos todavía no llegaron a debatirse en los recintos. A medida que se aclare el panorama nacional, esperan que haya más cámaras que vayan sumándose y definiendo condiciones para hacerlo.
