La política para el sector energético del Gobierno nacional transita los primeros desafíos prácticos en los que nuevamente se cruzan el deber ser de un planteo ideal de autosustentabilidad económico financiera de los sistemas y el pragmatismo de que una transformación radical del sector puede chocar con las consecuencias de un fuerte impacto social.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, viene desde hace tres meses predicando que “la energía cuesta y hay que pagar por ella”, algo que no debería desafíar ninguna lógica pero que se contrapone a que “en las últimas dos décadas los usuarios no sabían muy bien lo que se estaba pagando” como consecuencia de un desequilibrio de las referencias de tarifas y subsidios.
“La tarifa que comprende generación. transporte y distribución tiene que representar el costo y no la capacidad adquisitiva del usuario”, repite el funcionario en cuanto foro participa, ya que el kilovatio eléctrico o el metro cúbico de gas es el mismo para todos los usuarios a nivel mayorista, y como tal debería seguir la lógica de cualquier otro mercado.
“La energía cuesta y hay que pagar por ella”, algo que no debería desafíar ninguna lógica pero que se contrapone a que “en las últimas dos décadas los usuarios no sabían muy bien lo que se estaba pagando”
Con esa premisa tan elemental, el Gobierno nacional encaró estos primeros meses de gestión el sendero de fuerte actualización tarifaria y de rediseño radical del esquema de subsidios, lo que debería llevar a un reacomodamiento de los precios relativos de la energía, aún a sabiendas de generar un fuerte costo en las cuentas de familias, comercios y empresas, en momentos de un desplome de la actividad económica.
Los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en febrero una reducción nominal acumulada del 25,3% a.a. respecto de igual periodo del año anterior y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 79,8% a.a en el período.
La magnitud del retiro del Estado nacional se hizo explicito tras la supresión del Fondo Compensador que permitía a las provincias aliviar la carga del boleto de colectivo en las principales ciudades.
Pero mientras Rodríguez Chirillo propugna que “estas medidas de tarifas y subsidios ayudan a reducir el déficit público y reordenar los precios relativos de la macroeconomía”, desde el mismo gobierno se empieza a prestar atención sobre el costo social que tendrá una veloz implementación de esta readecuación y sobre la cautela de su aplicación.
Es que la actual administración de Javier Milei tiene como espejo la experiencia de revisión tarifaria que encaró el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, quien pretendió un ajuste tarifario de tal magnitud que motivó la intervención de la Corte Suprema para determinar la necesidad de atender la “Proporcionalidad, Razonabilidad, Gradualidad y No Confiscatoriedad” de los aumentos.
Objetivo: normalizar los mercados del sector energético
Pero superada esta instancia, ya sea en el corto o en el mediano plazo, que permita lograr la reivindicada autosustentabilidad económica y financiera, la estrategia se encamina a “normalizar los mercados energéticos” con un primer cambio de modelo en materia de petróleo y gas que permita dejar atrás el concepto de autoabastecimiento y soberanía energética para pasar un mercado netamente exportador.
“Estas medidas de tarifas y subsidios ayudan a reducir el déficit público y reordenar los precios relativos de la macroeconomía”, desde el mismo gobierno se empieza a prestar atención sobre el costo social que tendrá una veloz implementación de esta readecuación y sobre la cautela de su aplicación.
En materia de electricidad, eso se traduce en “dejar atrás el modelo centralizado” conducido por el Estado y Cammesa para pasar a un modelo descentralizado de responsabilidades centradas en las inversiones y los agentes privados.
“Una vez conseguida la autosuficiencia financiera y normalizados los mercados, hay que pasar del esquema de inversión pública a un esquema privado, por el cual las reglas deben permanecer en forma estable. Cualquier actuación del Estado tiene que ser previsible para el inversor con eso generar una confianza y recuperar el sector energético para ayudar a crecer a otros sectores de la economía” planteó recientemente Rodríguez Chirillo.
Pero el contexto global también pone sus condiciones, y aunque la Argentina tiene un potencial enorme en petróleo gas, es también claro que se cierra una ventana de oportunidad de 30 a 35 años que se llama transición energética.
Es por tal motivo que la actual gestión busca las modificaciones normativas necesarias para asegurar no sólo las condiciones de suministro sino también la de maximizar la renta, que significa producir más y mejor a menor costo posible.
Las condiciones buscadas para asegurar esa declamada maximización de la renta es darle al inversor el derecho establecido en la ley a la libre comercialización del gas y el petróleo a terceros países además del mercado interno, por lo que aumentar las exportaciones de hidrocarburos es una meta importante, comenzando con el petróleo en el corto plazo y a mediano y largo con el gas.
Adicionalmente, es necesario acompañar con precios locales alineados a los valores internacionales que permitan evitar situaciones de desabastecimiento como ocurrió en septiembre del año pasado en ocasión del quiebre de stocks de combustibles.
La industria considera que en un marco de condiciones adecuadas, el país está en condiciones de alcanzar en pocos años un potencial exportador de un millón de barriles de crudo y 70 millones de m3 de gas, dando un fuerte aporte al incremento del superávit comercial de toda la economía.
Se plantea revisar ya no los contratos vigentes sino el concepto cortoplacista del Plan Gas por otro esquema de mayor alcance, es decir acuerdos entre privados de largo plazo por al menos 10 años.
Pero ese objetivo aún tiene cuellos de botella en la infraestructura que hay que solucionar que impiden, desde Vaca Muerta, abastecer adecuadamente el mercado interno y exportar con más y nuevos ductos las ventas de petróleo y gas.
Es en este mismo marco en que se plantea revisar ya no los contratos vigentes sino el concepto cortoplacista del Plan Gas por otro esquema de mayor alcance, es decir acuerdos entre privados de largo plazo por al menos 10 años.
La persecución de esta sumatoria de transformaciones obliga a establecer nuevas reglas, y muchas de ellas son las que se ven reflejadas en la Ley de Bases que el gobierno retomará su tratamiento en el Congreso, con ejes claves como la modificación de Ley de Hidrocarburos, o permitir la inversión iniciativa privada en infraestructura, o crear un régimen de promoción de grandes inversiones.
Pero semejante cambio de modelo tiene una transición en la cual no todo el peso del cambio tiene que caer sobre la sociedad que esta haciendo un esfuerzo importantísimo, lo que se convierte en un llamamiento al sector privado a acompañar y estar a la altura de la transformación.
