“Les pedimos que asuman su rol, ya que han recibido cientos de millones de dólares para continuar”, dijo el ministro de Energía y Minería provincial. Además pidió a los trabajadores de la UOCRA que protesten ante el Gobierno nacional y las empresas; y no en Río Gallegos.
El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, criticó la paralización de las represas hidroeléctricas en la provincia, obras que vienen enfrentado constantes retrasos y que en los últimos días volvieron a la agenda local por una protesta y acampe de la UOCRA frente a la casa de gobierno provincial, en Río Gallegos.
El funcionario del gobernador Claudio Vidal, fue contundente: “La situación de las represas es penosa. ENARSA, junto con la UTE Gezhouba y Electroingeniería, son los responsables del estancamiento”.
Según Álvarez, los problemas comenzaron durante la gestión nacional de Alberto Fernández y la administración de Alicia Kirchner en Santa Cruz, cuando en octubre de 2023 las obras quedaron detenidas.
Hasta el momento, la UTE lleva ejecutadas obras por unos 1.850 millones de dólares, en tanto que el grado de avance de la construcción es de 42% en el caso de la represa Jorge Cepernic y 20% en la represa Néstor Kirchner.
“Se detuvieron los trabajos y la inversión por diferencias en la consolidación de los montos adeudados, supuestamente desde 2018, reconocimiento de pasivos en la época de la pandemia y otras cuestiones, que hicieron que se acumule una deuda, según lo que la UTE expresa”, explicó.
Respecto a las obras detenidas en las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, reclamó respuestas: “Le pedimos a ENARSA que actúe como corresponde, y a la UTE que asuma su rol, ya que han recibido cientos de millones de dólares para continuar las obras”.
Álvarez también envió un mensaje a los trabajadores de la UOCRA que protestan frente a la Casa de Gobierno, sugiriendo que dirijan sus reclamos hacia quienes considera responsables del conflicto.
“Nos gustaría ver a los trabajadores manifestándose frente a ENARSA o en la sede de Electroingeniería en Córdoba, que han sido los mayores beneficiarios de estos trabajos y no han cumplido con sus responsabilidades”, sostuvo, remarcando que ni el gobierno provincial ni el comitente local tienen responsabilidad en los retrasos.
El proyecto consiste en la construcción de dos represas hidroeléctricas a cargo de la UTE conformada en un 54% por la china Gezhouba, un 36% por Eling Energía (antes llamada Electroingeniería) y el 10% restante por la mendocina Hidrocuyo.
Un parate sin solución a la vista
La paralización de las obras en las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz ya lleva 14 meses, sin una fecha concreta para su reactivación. Los trabajos se detuvieron en noviembre de 2023, cuando aún había más de tres mil empleados en actividad.
Desde entonces, ENARSA y la UTE Represas Patagonia mentienen negociaciones para “readecuar las condiciones contractuales” y generar el marco necesario para reanudar la mayor obra pública del país.
Sin embargo, fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a La Opinión Austral que, aunque las reuniones siguen en marcha, “la empresa estatal nacional no da muestras de celeridad por resolver aspectos contractuales”.
Para destrabar el conflicto y permitir que el proyecto vuelva a avanzar en un contexto de transición energética, las partes deben acordar la actualización de aspectos económicos, técnicos y comerciales que quedaron pendientes en los últimos años.
Entre ellos, la revisión de precios acorde a la inflación histórica y futura, el impacto de la pandemia en el contrato y la falta de pago de certificados de obra desde hace más de un año.
Hasta el momento, la UTE lleva ejecutadas obras por unos 1.850 millones de dólares, en tanto que el grado de avance de la construcción es de 42% en el caso de la represa Jorge Cepernic y 20% en la represa Néstor Kirchner.
Entre 2021 y 2023, el consorcio hizo un aporte de capital propio cercano a los 450 millones de dólares para continuar con los trabajos.
El Gobierno apunta a los constructores
Según el último informe presentado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos en su exposición en el Senado en noviembre, la paralización de las obras en Santa Cruz, fue “iniciada unilateralmente” por las firmas un año antes.
A pesar de las conversaciones entre ambas partes, el Gobierno aclaró que no está obligado a firmar una adenda al contrato vigente y que cualquier modificación dependerá del análisis del interés público.
“Ha generado una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Más allá de que existen conversaciones con el contratista, no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato, y una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, afirmó el documento.
En este contexto, el Ministerio de Economía informó que no se han realizado nuevos desembolsos debido a la negativa del contratista a suscribir las solicitudes de financiamiento establecidas en el contrato. En mayo, el Gobierno había confirmado que finalizará la iniciativa, pero no puso plazos.
