El gobierno provincial aumentó del 70% al 90% la presencia obligatoria de trabajadores locales en los proyectos productivos. Las empresas mineras advierten sobre riesgos operativos y pérdida de competitividad.
La reciente decisión del Gobierno de Santa Cruz de elevar del 70% al 90% el cupo obligatorio de empleo local en los proyectos productivos, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 3141, fue recibida con reservas por parte del sector minero. Las compañías sostienen que su aplicación inmediata podría generar efectos contrarios a los deseados.
Desde la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) explicaron que comparten “el objetivo de incrementar los niveles de empleo local«, pero consideraron «que estos cambios, implementados en un plazo inmediato, resultan de difícil cumplimiento en el actual contexto de alta complejidad y con yacimientos maduros que requieren previsibilidad para extender su vida útil”, argumentaron.
El empresariado minero subrayó que “en los últimos cinco años Santa Cruz perdió competitividad frente a provincias como San Juan y Salta debido a mayores restricciones regulatorias, y el nuevo cupo del 90% de empleo local no es considerado realista porque la formación no acompaña”.
La entidad agregó que “hoy las empresas mineras superan el 90% de empleo local en el segmento de operarios mineros. Sin embargo, alcanzar ese mismo porcentaje en la totalidad de la nómina exige condiciones estructurales que aún deben fortalecerse: infraestructura, servicios y formación especializada”.
Incertidumbre entre las mineras de Santa Cruz
Las empresas que operan en la provincia manifestaron que “las medidas impuestas por el gobierno santacruceño son restrictivas, generan incertidumbre y reducen drásticamente la competitividad de la provincia frente a otras regiones o países que ofrecen marcos regulatorios más flexibles y estables”.
Según remarcaron, “los inversores nacionales e internacionales tienden a priorizar entornos donde las reglas fomenten la generación de valor y empleo, no donde se limite artificialmente la capacidad de gestión y contratación”.
En esa línea, recordaron que “la minería, que hoy explica el 0,6% del PBI argentino y tiene potencial de crecer al 3% en diez años, demanda entre USD 3.000 y 4.000 millones de inversión inicial por cada proyecto de gran escala, un desembolso que requiere reglas claras y previsibles”.
Santa Cruz, con el Macizo del Deseado como epicentro productivo, continúa entre las principales provincias minera del país, concentrando más del 50% de las exportaciones auríferas y argentíferas nacionales.
No obstante, el empresariado subrayó que “en los últimos cinco años perdió competitividad frente a provincias como San Juan y Salta debido a mayores restricciones regulatorias, y el nuevo cupo del 90% de empleo local no es considerado realista porque la formación no acompaña”.
Capacitación, el punto más crítico
El sector insistió en que la formación técnica es una condición indispensable para sostener el desarrollo minero.
“La formación no puede sustituirse con cupos legales”, expresaron las empresas, al tiempo que advirtieron que “la minería y otros sectores demandan perfiles altamente especializados que requieren años de formación técnica y práctica. Pretender cubrir estas necesidades mediante una imposición legal, sin que exista el capital humano previamente formado, genera riesgos de seguridad, productividad y sostenibilidad”.
En este sentido, señalaron que “un operario minero de planta necesita en promedio de 2 a 3 años de formación técnica y entrenamiento en seguridad antes de alcanzar estándares internacionales de operación, según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)”.
Pese a que la minería emplea alrededor de 5.000 trabajadores directos y 15.000 indirectos, las empresas estiman que cerca del 20% de los perfiles técnicos especializados no logran cubrirse localmente. “Si no existen las capacidades locales suficientes, imponer contrataciones forzadas termina afectando tanto a las empresas como a los propios trabajadores”, advirtieron.
Inversión privada, clave del empleo sostenible
Para el empresariado, el desarrollo del trabajo local depende directamente de la inversión. “El verdadero motor del empleo local es la inversión privada. Sin inversión no hay proyectos, y sin proyectos no existen puestos de trabajo, ni para trabajadores locales ni para contratistas de la provincia”, afirmaron.
En ese sentido, consideraron que “la elevación del cupo al 90% puede tener consecuencias adversas para el desarrollo productivo, ya que las restricciones excesivas envían señales negativas para los inversores. En definitiva, sin inversión no hay empleo, y sin condiciones favorables para invertir, se corre el riesgo de frenar proyectos que podrían ser motores de desarrollo”.
Desde CAMICRUZ sostienen que, en lugar de endurecer requisitos, el Gobierno provincial debería “concentrar sus esfuerzos en generar un clima atractivo para las inversiones, con reglas claras, previsibles y estables”.
Según estimaciones del sector, “cada empleo directo genera entre 3 y 4 empleos indirectos y, según el Banco Mundial, cada dólar invertido genera entre 2 y 3 dólares adicionales en la economía local. Esta dinámica ha permitido la creación de más de 400 pymes proveedoras locales en la provincia”, concluyeron.
