Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, en busca de recuperar la producción en áreas maduras ante la salida de YPF. Además, la medida votada por unanimidad instaura un régimen laboral diferencial para los yacimientos maduros.
En medio de la tensión por el retiro de YPF de los campos maduros en Santa Cruz, la Legislatura provincial decidió actuar con rapidez y aprobó, por unanimidad, la Ley de Emergencia Hidrocarburífera que había enviado el gobierno de Claudio Vidal.
El objetivo de la norma es sostener el empleo en el sector mediante un esquema de incentivos fiscales, que incluye una reducción de regalías para las áreas maduras y asi busca mejorar la competitividad de la producción.
Esta medida llega en un contexto crítico para la industria petrolera en la provincia, tras el anuncio de YPF de su salida, con la intención de concretar 2.500 retiros voluntarios previos a desprenderse de sus activos.
Con la ley se crea un régimen de incentivos fiscales «para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio continental de la provincia».
El texto establece que la emergencia estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, con el propósito de «adoptar medidas urgentes que permitan la reactivación y sostenibilidad del sector e intereses del Estado provincial».
Además, se crea un régimen de incentivos fiscales «para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio continental de la provincia».
Estos incentivos contemplan «la reducción de impuestos y regalías, con el compromiso de mantener e incrementar la actividad y sostener los puestos de trabajo del sector».
Sin embargo, la norma aclara que los beneficios no serán automáticos, sino que dependerán de la presentación y cumplimiento de un plan de trabajo por parte de las operadoras, con foco en el mantenimiento y optimización de la producción convencional de hidrocarburos.
También se establece que la reducción de regalías estará directamente vinculada con el nivel de producción que cada empresa alcance, de acuerdo con el plan aprobado por la autoridad competente.
Buscan «garantizar la estabilidad laboral»
La ley también introduce un régimen laboral diferencial para los pozos en cuencas maduras, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y con participación de cámaras empresarias y sindicatos.
Según el artículo 4, el objetivo es «garantizar estabilidad laboral durante el período de emergencia e implementar programas de capacitación».
Para monitorear la evolución de la actividad, se creará una comisión integrada por dos diputados de cada bloque, que analizará los informes remitidos por la autoridad de aplicación.
Si bien la emergencia está prevista por todo este año, el artículo 8 permite su prórroga por otro período similar, lo que extendería su vigencia hasta fines de 2026.
El Ministerio de Energía será el organismo encargado de aplicar la ley y de verificar «la responsabilidad sobre los pasivos ambientales, las inversiones comprometidas y demás obligaciones inherentes a las concesiones otorgadas por el Estado provincial».
Esta normativa, impulsada por el bloque oficialista, va en línea con las medidas del Sindicato del Petróleo y Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, que, en respuesta a la situación, convocó un paro por tiempo indeterminado con el fin de presionar para resolver la venta de los activos de YPF.
Por el momento, la actividad sigue bajo el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, vigente hasta el 6 de marzo.
Una negociación difícil entre YPF y Santa Cruz
YPF se encuentra en un complejo proceso de negociación con el gobierno de Santa Cruz vinculado al intento de transferir sus operaciones en yacimientos convencionales de la provincia, donde la petrolera tiene 25 bloques en el flanco norte de la cuenca del Golfo San Jorge.
Para la empresa nacional, la cesión es fundamental en su estrategia de desprendimiento de campos maduros, alineada con el Proyecto Andes, que busca centrar los recursos en las oportunidades del shale de Vaca Muerta, y que avanza sin mayores obstáculos en Chubut, Río Negro y Mendoza, pero tiene inconvenientes en Santa Cruz.
De acuerdo al CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, los bloques santacruceños le están costando millones de dólares y ponen en jaque la estrategia de la nueva gestión.
Si bien el gobernador Claudio Vidal fue de los primeros mandatarios en negociar los traspasos a principios del año pasado, el proceso posteriomente se estancó.
Desde la provincia, que tiene autoridad sobre la continuidad de las operaciones y la concesión de permisos a nuevos actores, no aceptan el diseño de readecuación para los yacimientos dispuesto por YPF y reclaman una «reparación histórica», además del mantenimiento de las fuentes de trabajo.
Además, el mandatario ha sido crítico con el modo en que la petrolera plantea su retiro, exigiendo una transición que considere el impacto social y económico en la región.
