Legisladores peronistas, de San Juan y Catamarca, apoyaron el RIGI -Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones-, parte del proyecto de la Ley Bases que envió Javier Milei.
La Ley Bases, antes conocida como Ley Ómnibus, consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación gracias a acuerdos con los bloques dialoguistas que cosechó La Libertad Avanza y su aliado inicial, Juntos por el Cambio. Pero hubo un capítulo en el que obtuvo más votos, incluidos los de seis legisladores del peronismo, que rechazaron el resto del proyecto: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Este artículo es el que, según empresarios y otros sectores que lo impulsan, podría destrabar el sector minero, que lleva años estancado en la cantidad de minas metalíferas produciendo. Es que, si bien está pensado para inversiones de distintos rubros, como petróleo, energías renovables, gas e infraestructura, el texto coincide con un proyecto anterior: la Ley de Inversiones Mineras (LIM).
Al igual que en su predecesora, de los años 90, el RIGI promete estabilidad fiscal para las empresas, pero en este caso se amplía a todas aquellas que hagan inversiones productivas por más de 200 millones de dólares. El proyecto, que trabajarán en el Senado en los próximos días, amplía los beneficios tributarios a los que accederán los beneficiados, pero mantiene una de las claves de la LIM, que es la estabilidad fiscal.
El sector minero mostró su apoyo varias veces al régimen propuesto, también lo hacía la ex Secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón, que venía de la gestión de Sergio Massa. Esto es lo que impulsó a seis diputados de Unión por la Patria a apoyar este punto, aunque votaron en contra del resto de la ley.
Las inversiones en el sector requieren de estabilidad en el largo plazo. Uno de los puntos que remarcan los empresarios es que para poder asegurar a sus inversores la devolución de los fondos, necesitan anticipar cuánto impacto tendrán las políticas cambiarias e impositivas en los años de vida de las minas.
Los diputados que se separaron del bloque opositor fueron Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica de San Juan, junto a Silvina Ginocchio, Dante López y Fernanda Ávila de Catamarca, esta última quien fue secretaria de Minería en la gestión de Alberto Fernández y renunció cuando asumió Milei.
El voto positivo, comentó uno de los legisladores a Dinamicarg, respondió a “un acto de coherencia porque nosotros veníamos pidiendo que haya un régimen que incentive a la actividad minera”.
Qué implica el RIGI para la minería
El régimen incluye la baja de carga impositiva por un lado y por otro una estabilización por 30 años de las condiciones fiscales que tendrá la empresa. En este segundo punto es donde ponen la mirada la mayoría de los empresarios mineros.
Es que las inversiones en el sector, aseguran, requieren de estabilidad en el largo plazo. Uno de los puntos que remarcan los empresarios es que para poder asegurar a sus inversores la devolución de los fondos, necesitan anticipar cuánto impacto tendrán las políticas cambiarias e impositivas en los años de vida de las minas.
Los proyectos metalíferos, en general, tienen más de 10 años de productividad previstos a la hora de iniciar su producción. Esto sumado a que las operadoras mineras demoran más de 3 o 4 años en construir las instalaciones, con inversiones que superan los USD 200 millones que pone de base la norma.
A esto se suman beneficios como que los proyectos que ingresen dentro del régimen estarán exentos de cargas tributarias como ganancias, derechos de exportación e importación y hasta de impuestos provinciales y municipales.
Críticas de proveedores al RIGI
Un sector de la industria minera presentó críticas al régimen que tiene media sanción. Se trata de los proveedores de bienes y servicios mineros, que aseguraron que quedan en desventaja ante las flexibilidades que incorporarán las operadoras.
En la misma línea que ADIMRA (asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) y la Federación de Cámaras Empresarias del Sector Energético de Neuquén, el titular de la Mesa Federal de Proveedores Mineros, Fernando Godoy, dijo que tienen un balance agridulce y preocupación por el RIGI.
El empresario sanjuanino, que dirige la institución con un par catamarqueño, dijo que están en diálogo con diputados porque ven “una posible competencia desleal” por los beneficios a las empresas mineras. Es que los proveedores no tienen un régimen especial de quita de carga de impuestos y deberán seguir pagando derechos de importación.
Si bien se mostró a favor del incentivo a las grandes inversiones, ya que anhela que esto “destrabará las inversiones y nuevos proyectos”, dijo que esperan que haya una ayuda al sector de las pymes.
Quisiera saber cual es la ventaja de tener inversiones en actividades extractivas sin generar valor agregado y peor aun sin pagar impuestos.
Los ciudadanos pagan impuestos y las empresas extranjeras se llevan todo por nada.
Lo mas parecido al saqueo.