Los analistas y actores de la industria energética gustan recordar que en la década de los 90 se produjo casi la duplicación de la capacidad de transporte por gasoductos con inversión privada y en petróleo se logró por primera vez el autoabastecimiento y la exportación de saldos exportables.
También resaltan que se pudo superar una profunda crisis de precariedad eléctrica -sólo basta mencionar los cortes programados de fines de los 80- con una ola de inversiones privadas en centrales térmicas que incluso llevaron al sobre equipamiento.
Hoy la Argentina, a la luz de un nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, parece asomarse a un esquema similar de desarrollo del sector energético, con un corrimiento del eje central del Estado para adoptar un rol regulador y orientador de políticas, para dar lugar al protagonismo del privado.
A diferencia de aquella coyuntura, el sector tiene un punto de partida mucho más auspicioso ya que no sólo cuenta con las reservas comprobadas de gas y petróleo que auguran autoabastecimiento y exportaciones por muchas décadas, más el atractivo de sus recursos naturales para el desarrollo de las renovables, sino que cuenta con un marco normativo moderno que contempla los lineamientos necesarios para reestablecer un mercado abierto, desregulado, competitivo, desmonopolizado e integrado al comercio mundial, que permita un escalamiento veloz de producción.
Precisamente Vaca Muerta está a las puertas de su esperada era de desarrollo masivo pero esa definición, coinciden en las operadoras, debe ser acelerada con inversiones e infraestructura que las empresas aseguran en público y en privado están dispuestas a asumir con apenas un par de condiciones básicas.
La primera que siempre se menciona, más allá de la estabilidad regulatoria es tener una tarifa adecuada en dólares para poder lograr esa inversión y luego tener costos de capital razonablemente bajos.
En ambos casos, se impone previamente un ordenamiento de la macroeconomía por lo que a corto plazo hay que gestionar la escasez y buscar alternativas de financiamiento como por ejemplo a través de los organismos multilaterales o agencias de desarrollo que puedan actuar de puente hasta que la situación del país mejore en 12 o 24 meses.
Hoy la Argentina, a la luz de un nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, parece asomarse a un esquema de desarrollo del sector energético con un corrimiento del eje central del Estado para adoptar un rol regulador y orientador de políticas, para dar lugar al protagonismo del privado.
Es innegable que si bien las tarifas se pueden volver a dolarizar o al menos reconocer su equivalente, el tema de adecuación de los subsidios es una situación más compleja en una población con más del 45% de pobres. Después de muchos años se reconoce en todos los sectores políticos y económicos que necesariamente las tarifas deben seguir un sendero de gradualidad, a pesar de que la nueva orientación se vuelque a políticas de shock.
El mismo sector energético, sin dudas, aportará a mejorar sus propias condiciones de desarrollo generando un servicio energético seguro, más eficiente y competitivo para los usuarios residenciales pero sobre todo el conglomerado productivo, y aportando una balanza que se anticipa puede ser largamente superavitaria a partir de este inminente 2024, aportando buena parte de las divisas que normalicen la macro.
Así, el eventual corrimiento de un Estado omnipresente, hiper regulador, y en control de las obras que se vio en los últimos años, es un reclamo casi permanente de las compañías que como en cualquier país de mundo reclaman del sector público una orientación a través de la regulación para tener certidumbre de que sus inversiones podrán ser recuperadas.
No sólo hoy que la Argentina se prepara para un anunciado nuevo golpe de timón en este equilibrio público-privado, sino en los últimos años en que el no convencional neuquino ya había demostrado largamente su potencial, se asegura en el sector que “hay mucha inversión privada esperando para entrar”, aunque necesitados de las señales de mercado adecuadas.
¿Cómo se plantea la transición energética?
En esa transición de un modelo a otro, en el sector consideran necesario resolver algunas obras clave que consideran urgentes, como el reversal del Gasoducto del Norte, cuya licitación quedó en suspenso tras la elección general pero que debería retomarse rápidamente para evitar que siete provincias argentinas se queden sin gas en el próximo invierno por las dificultades de abastecimiento de Bolivia.
El pragmatismo, dijo hace pocos días un analista, es lo más sano para resolver los problemas en estos tiempos de confrontación ideológica.
Pero la perspectiva para el gas y el petróleo que tiene mercados de exportación abiertos y casi asegurados por muchos años, puede replicarse en el análisis de otros segmentos como en el agregado de valor que representa el Gas Natural Licuado, la exploración de hidrocarburos offshore, el desarrollo del hidrógeno, o de la minería de la mano de productos estratégicos para la transición energética y la electromovilidad como el cobre y el litio y sus procesos de industrialización.
Precisamente, la Argentina también se encuentra con ventajas comparativas inéditas ante el escenario global que se autoimpone ir hacia una “economía de bajo carbono y más baja intensidad energética” como forma de controlar el cambio climático, lo que se convirtió en uno de los mayores desafíos que afronta la humanidad.
Esa demanda abre otras puertas casi sin límites a las energías renovables que el país está en condiciones de aprovechar, superando los escollos de infraestructura y ordenamiento económico, y acercarse un poco más a un futuro mejor.
