Pese a un apoyo unánime, no se logró que el Congreso trate el tema este año. A la espera de definiciones, desde la Cámara empresaria aspiran a que el nuevo presupuesto nacional al menos les garantice previsibilidad tributaria.
El sector de las energías renovables en Argentina cerró 2025 con una certeza incómoda: el Congreso no logró prorrogar la Ley N° 27.191, el régimen de fomento que desde hace una década funciona como columna vertebral del desarrollo de las energías limpias en el país.
Frente a ese escenario, la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) decidió reconfigurar su estrategia política y legislativa con la mira puesta en 2026.
Desde la Cámara de Energías Renovables admitieron que «todas las fuerzas políticas (representadas en el Parlamento) han manifestado apoyo a la prórroga solicitada» de la ley 27.191.
El nuevo objetivo ya no pasa, al menos en lo inmediato, por una renovación integral del régimen, sino por la incorporación de un artículo específico dentro del Presupuesto 2026 que garantice estabilidad fiscal por un plazo mínimo de un año.
La idea es construir un puente normativo que permita sostener la actividad, evitar sobresaltos regulatorios y ganar tiempo para que el próximo año se debata una actualización más profunda de la ley.
La apuesta no es menor. Según datos de la propia CEA, la Ley 27.191 permitió movilizar más de 8.000 millones de dólares en inversiones en los últimos diez años, consolidando un entramado industrial que hoy cuenta con miles de empleos directos e indirectos y más de 6.000 MW de potencia renovable instalada en todo el país.
Durante el cierre anual de la entidad, su presidente Martín Brandi fue explícito al reconocer las dificultades del último año legislativo.
“Este año trabajamos muy fuerte en lograr la prórroga de la Ley 27.191, que es una política de Estado que atravesó varias administraciones, por lo que sería muy positivo lograr la renovación”, señaló. Sin embargo, también admitió que el objetivo no se alcanzó antes del cierre de 2025, lo que obligó a reformular la hoja de ruta.
Brandi manifestó que «todas las fuerzas políticas (representadas en el Parlamento) han manifestado apoyo a la prórroga solicitada«.
Energías renovables: estabilidad antes que beneficios
El mensaje del sector hacia el Congreso y el Poder Ejecutivo es consistente y busca despejar suspicacias. La industria renovable no está reclamando nuevos incentivos fiscales ni una ampliación de las metas obligatorias de participación en la matriz energética, hoy fijadas en el 20% al 31 de diciembre de 2025.
El pedido es más acotado, pero no por eso menos estratégico: mantener las reglas de juego actuales y evitar la introducción de nuevos gravámenes que alteren los planes de inversión.
El proyecto de ley que proponía extender el régimen por 20 años llegó a debatirse en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, pero nunca alcanzó estado parlamentario.
En ese contexto, la alternativa de incluir una cláusula de estabilidad fiscal en el Presupuesto 2026 aparece como la vía más realista para atravesar el año próximo sin sobresaltos.
“El sector ya no pide beneficios fiscales, sino estabilidad fiscal y jurídica, completamente alineados a los objetivos del presente gobierno”, insistió Brandi, quien además es CEO de PCR.
La frase resume el espíritu de la nueva etapa: previsibilidad como condición necesaria para seguir invirtiendo, en un contexto macroeconómico donde el acceso al financiamiento y la reducción del riesgo regulatorio son variables clave.
Desde la industria entienden que un marco tributario estable, aunque sea transitorio, permitiría sostener el ritmo de proyectos, evitar la postergación de decisiones de inversión y preservar la cadena de valor local que se desarrolló al calor de la ley.
El respaldo oficial y el peso de una ley transversal
La estrategia del sector encuentra, al menos en el plano discursivo, un eco favorable dentro del Gobierno nacional.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, reconoció públicamente el rol del sector privado en el proceso de transformación regulatoria que atraviesa el país y coincidió en que la estabilidad normativa es un factor decisivo para escalar las inversiones verdes.
La historia de la Ley 27.191 explica en buena medida por qué el sector insiste en su continuidad. El debate comenzó a fines de 2014 y la norma fue aprobada casi por unanimidad en septiembre de 2015, en el tramo final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Luego, la gestión de Mauricio Macri la reglamentó rápidamente y la puso en marcha en 2016, dando origen al programa Renovar y a un crecimiento acelerado de la capacidad instalada. Durante esos años, la participación renovable en la matriz eléctrica pasó de un modesto 2% a cerca del 12%.
Más tarde, bajo el gobierno de Alberto Fernández, el régimen se mantuvo vigente y se consolidaron los contratos entre privados a través del MATER. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, la ley siguió en pie, aunque sin una definición clara sobre su futuro de largo plazo.
