El nuevo esquema busca evitar nuevas deudas por parte de las empresas y que el sistema no dependa de la financiación estatal. Afirman que hoy la cobrabilidad llegó al 97%.
El gobierno puso primera en su un ambicioso plan de reordenamiento del mercado eléctrico argentino. Se trata de la iniciativa que había anticipado Daniel González, viceministro de Energía y Minería, durante su participación en el evento Vaca Muerta Insights, cuando advirtió que a la propuesta “había que bajarla a tierra”.
Este nuevo esquema tiene como eje la implementación de un programa de regularización de deudas, destinado a resolver una histórica situación de morosidad entre las distribuidoras eléctricas y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Las distribuidoras y cooperativas interesadas deberán mantener al día sus pagos corrientes y comprometerse a ejecutar planes de inversión en infraestructura.
La medida, formalizada a través de la Disposición 1/2025, establece que las obligaciones acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2024 podrán ser canceladas en condiciones particularmente accesibles.
Según el diseño oficial, las empresas dispondrán de hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas mensuales, con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista. El objetivo declarado es doble: aliviar la presión sobre CAMMESA y cortar con el financiamiento inflacionario vía emisión monetaria.
Los requisitos para suscribirse al programa
El programa, sin embargo, no plantea una amnistía incondicional. Las distribuidoras y cooperativas interesadas deberán mantener al día sus pagos corrientes y comprometerse a ejecutar planes de inversión en infraestructura, orientados a elevar la calidad del servicio.
La falta de cumplimiento de estos requisitos implicará la pérdida automática de los beneficios otorgados y la aplicación de sanciones, en un intento por instaurar un círculo virtuoso de responsabilidad financiera y operativa.
Como parte del esquema de incentivos, aquellas compañías que ya hubieran regularizado su situación durante 2024 y no arrastraran deudas previas a diciembre de 2023 recibirán créditos en sus facturas. Además, las empresas tendrán un plazo de 60 días corridos para formalizar su adhesión al programa.
Desde el Ejecutivo nacional remarcaron los resultados alcanzados en materia de cobrabilidad desde la asunción del gobierno libertario. Mientras que a finales de 2023 la cobrabilidad del mercado era apenas del 48%, hoy aseguran haberla elevado al 97%.
Este salto, según subrayaron, se logró mediante una combinación de ajustes tarifarios para reflejar costos reales, focalización de subsidios y una progresiva apertura del mercado eléctrico.
Fuentes oficiales explicaron que este plan «consolida un modelo donde las empresas pagan por la energía que consumen, acceden a financiamiento privado y disminuyen su dependencia del Estado».
En esta visión, la sostenibilidad del sistema eléctrico pasa por sanear las cuentas, permitir la inversión privada y reducir los mecanismos de asistencia fiscal que, en última instancia, terminaban presionando sobre los niveles de inflación.
Pese a las mejoras recientes, el gobierno reconoce que subsiste un stock de deuda importante. A fines de 2024, el volumen de obligaciones pendientes rondaba los 1.100 millones de dólares, con Edenor y Edesur, las principales distribuidoras del área metropolitana de Buenos Aires, entre las mayores deudoras.
Edesur y Edenor deben devolver un recargo a los usuarios
Edenor y Edesur deberán ajustar sus sistemas de facturación y devolver recargos a sus usuarios tras la eliminación del 0,6% que financiaba el Fondo de Santa Cruz. La medida fue oficializada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) luego de un decreto del Gobierno nacional emitido en mayo.
El recargo, vigente desde 1989, tenía como objetivo financiar la conexión de Santa Cruz al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), pero seguía cobrándose a pesar de que la obra se completó hace casi tres años. Ahora, las tarifas deberán ser corregidas para reflejar la eliminación de ese adicional.
Las empresas podrán realizar las devoluciones correspondientes a través de créditos en las próximas facturas. La instrucción oficial fue publicada en el Boletín Oficial, formalizando la obligación de readecuar las tarifas.
