El Ejecutivo oficializó la venta de las acciones de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las concesionarias podrán operar hasta fin de 2025 mientras se prepara un concurso público.
El Gobierno oficializó a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial la privatización de cuatro de las represas más importantes de la región del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La medida habilita la «transferencia de las acciones de las empresas» a la Secretaría de Energía y autoriza «la venta de las acciones integrantes del capital social» de las hidroeléctricas ubicadas en Neuquén y Río Negro.
El texto establece un plazo de cinco días para que las actuales concesionarias presenten una carta de adhesión que les permitirá continuar al frente de la operación hasta fin de año.
Dentro de los próximos 60 días, Economía deberá convocar a un Concurso Público Nacional e Internacional «sin base, competitivo y expeditivo» para concretar la venta.
En caso de enviarla en tiempo y forma, AES Argentina Generación SA, ENEL Generación El Chocón SA, Orazul Energy Cerros Colorados SA y Central Puerto SA «continuarán operando los Complejos Hidroeléctricos que les fueron oportunamente otorgados en concesión, en tanto remitan, dentro de lo cinco días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, la Carta de Adhesión».
El decreto precisa además que, una vez cumplido ese requisito, las firmas podrán seguir al mando «como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o bien, hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional».
Hacia un concurso internacional para las represas
La norma faculta al Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a definir las condiciones del concurso público para desprenderse del paquete accionario mayoritario de las sociedades.
Ese pliego deberá detallar aspectos clave: contrato de concesión, inventarios, normas de manejo de aguas, seguridad de presas, embalses y obras auxiliares, protección ambiental, seguros y obligaciones de inversión.
Dentro de los próximos 60 días, Economía deberá convocar a un Concurso Público Nacional e Internacional «sin base, competitivo y expeditivo» para concretar la venta.
La Subsecretaría de Energía Eléctrica, por su parte, continuará ejerciendo funciones de veeduría sobre las represas, aunque el decreto aclara que «en ningún caso podrá interferir en las actividades de operación y mantenimiento de las concesionarias».
Considerandos y antecedentes
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo subraya que «atento a la importancia estratégica que reviste para el desarrollo del país la actividad de generación de energía eléctrica, en el supuesto de que las mencionadas concesionarias no adhieran a continuar operando los respectivos complejos (…) resulta necesario establecer un plazo de 90 días hábiles administrativos con el fin de que el Estado Nacional adopte los recaudos necesarios para asegurar el normal desarrollo de la actividad en cuestión«.
La norma también recuerda que la Secretaría de Energía ya había prorrogado la operación de estas centrales mediante resoluciones dictadas entre 2023 y 2024.
Otro detalle llamativo es que el decreto reconoce la existencia de un «Informe circunstanciado ingresado al Expediente N° EX-2025-86060782-APN-DGDA#MEC» que carecía de la firma de la autoridad responsable. «Se estima oportuno dictar un nuevo acto de autorización de la privatización, con la previa suscripción del informe circunstanciado por la autoridad competente», se enfatizó.
La posición de las provincias
Mientras Nación acelera el proceso de privatización, Neuquén y Río Negro destacaron públicamente un entendimiento alcanzado con la Casa Rosada respecto de las condiciones de la licitación.
Los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck difundieron un comunicado conjunto en el que celebraron que, tras años de reclamos, se incorporaran exigencias históricas de las provincias.
«Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el gobierno nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos», remarcaron.
En la misma línea, subrayaron que «el nuevo marco concesional no solo corrige vacíos históricos, sino que fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país«.
