La Gobierno ya tiene a la firma el llamado a licitación nacional e internacional, con la inclusión de los trabajadores de la operadora de las centrales nucleares en un Programa de Propiedad Participada. El Estado se reservará la mayoría accionaria y las decisiones estratégicas.
El Gobierno argentino dio un paso más para avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la firma estatal a cargo de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
Según fuentes oficiales, “el Ejecutivo de Javier Milei tiene listo un decreto que autoriza la venta del 49% de las acciones de NA-SA, con el objetivo de mantener el control estatal sobre este activo estratégico”.
El esquema diseñado por el Poder Ejecutivo contempla la licitación pública nacional e internacional del 44% del capital y la entrega del 5% restante a los trabajadores mediante un Programa de Propiedad Participada (PPP).
El antecedente más próximo de un intento de privatización en el sector nuclear argentino se remonta a 1994, durante la presidencia de Carlos Menem.
El decreto establece que el Estado conservará el 51% de las acciones, asegurando la mayoría accionaria y el control sobre las decisiones clave de la empresa.
La operación se apoya en la Ley de Bases 27.742, que habilita la privatización parcial de compañías estatales siempre que se mantenga el control o la participación mayoritaria del capital social.
La norma también fija que decisiones estratégicas, como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales o la salida de servicio de alguna planta por motivos no técnicos, requerirán el voto afirmativo del Estado nacional.
Reorganización accionaria de Nucleoléctrica
En la actualidad, la participación en NA-SA está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con 20% y Energía Argentina (Enarsa) con 1%.
Antes de concretar la venta, el decreto instruye que tanto la CNEA como Enarsa transfieran sus participaciones a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
Una vez completada esta transferencia, la autoridad de aplicación dictará las normas operativas y complementarias para ejecutar la licitación, con intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher.
Una empresa con resultados positivos
La privatización parcial de NA-SA llega en un momento en que la compañía exhibe números superavitarios. Durante el primer trimestre del año declaró ganancias por $17.234 millones, posicionándose como una de las pocas empresas estatales con resultado positivo.
Las tres centrales nucleares bajo su operación suman una potencia instalada de 1.763 MW, equivalente al 4,1% de la capacidad bruta total del país.
Por las modificaciones que introdujo el Congreso al proyecto original, la Ley Bases finalmente aprobada no solo limita la venta al 49% de las acciones, sino que también obliga al voto estatal para decisiones estratégicas, como la incorporación de nuevos accionistas que puedan modificar el control societario.
Este esquema busca evitar que el Estado pierda el mando sobre un sector considerado sensible por su peso en la matriz energética y la seguridad nacional.
Plantilla, proyectos y deudas
NA-SA cuenta con unos 3.100 empleados. En el sector se debate sobre la proporción ideal entre plantilla y potencia instalada, que algunos especialistas calculan entre 1 y 1,2 empleados por MW, lo que equivaldría a unos 2.116 trabajadores para la capacidad actual.
Desde la compañía, sin embargo, argumentan que la singularidad tecnológica de los reactores argentinos y la diversidad de sus centrales justifican una dotación mayor, ya que requieren personal altamente calificado para mantenimiento y operación.
El panorama financiero también incluye desafíos. Atucha I está fuera de servicio desde septiembre de 2024 para un proyecto de extensión de vida de 20 años, con una inversión prevista de USD 700 millones.
Además, NA-SA debe afrontar una deuda con Cammesa que oscila entre USD 120 millones y USD 180 millones, y se estima que aún faltan invertir unos USD 300 millones en la planta.
Antecedentes y nuevos planes nucleares
El antecedente más próximo de un intento de privatización en el sector nuclear argentino se remonta a 1994, durante la presidencia de Carlos Menem.
En la actualidad, la conducción de NA-SA ha experimentado cambios frecuentes en su presidencia durante los 21 meses de gestión de Javier Milei, lo que refleja la centralidad de la privatización en la agenda oficial.
La designación de Demián Reidel como presidente y de Diego Chaher como director refuerza el perfil orientado a la transformación y venta parcial de la empresa.
En su rol, Reidel liderará una compañía clave para el suministro energético del país. Uno de los objetivos más relevantes del Plan Nuclear Argentino es la construcción de nuevos reactores modulares de 300 MW con diseño nacional, que se sumarán al complejo nuclear de Atucha, en Buenos Aires.
