La empresa presta servicio de rampa en 21 aeropuertos del país. Apuntan a recortar gastos, luego de tres en los que años recibió aportes del Estado por $6.700 millones. También a que un privado invierta para modernizarla.
El Gobierno nacional autorizó la privatizacion total de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en 21 aeropuertos del país. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 198/2025, publicado en el Boletín Oficial, como parte de un proceso de desregulación y apertura del mercado aerocomercial.
La medida que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputom establece que el proceso se llevará a cabo mediante la venta del 100% de las acciones de la compañía bajo el mecanismo de licitación pública nacional e internacional.
La medida también contempla la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado e Intercargo.
Intercargo fue creada en 1961 y actualmente tiene a su cargo el servicio de rampas, que incluye la asistencia en tierra a aeronaves, el traslado de pasajeros y el manejo de equipajes y cargas.
Desde 1990 cuenta con la concesión exclusiva de estos servicios en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, posteriormente extendida a otras seis terminales y, finalmente, a 21 en todo el país.
Durante el período 2020-2023, la empresa recibió asistencia financiera del Estado por un monto total de $6700 millones para sostener sus operaciones y mantener los estándares de calidad y seguridad.
Sin embargo, desde comienzos de 2024, el Gobierno libertario interrumpió esos aportes en el marco de su política de ajuste del gasto público y reducción del déficit fiscal.
El decreto ahora justifica la privatización al señalar que la situación económica y la necesidad de realizar inversiones para modernizar la infraestructura hacen inviable la continuidad de Intercargo bajo administración estatal sin nuevos desembolsos públicos.
El objetivo es fortalecer el mercado de servicios aeroportuarios en un entorno de “libre competencia y mejorar la calidad y los costos para aerolíneas y pasajeros”.
El Ministerio de Economía estará a cargo del proceso de privatización, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada como unidad ejecutora especial temporaria.
La medida también contempla la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado e Intercargo, previo a la transferencia de su paquete accionario al adjudicatario.
El decreto instruye que la cartera conducida por Caputo debe garantizar que la privatización no afecte la continuidad del servicio de rampas, considerado esencial en la legislación aeronáutica.
Los considerandos recuerdan que el artículo 29 bis del Código Aeronáutico establece principios de seguridad, libre competencia y acceso a los mercados, por lo que el servicio debe mantenerse sin interrupciones para asegurar la conectividad nacional e internacional.
El decreto establece que la norma que autoriza el proceso de privatización de Intercargo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Modernización de los equipos de Intercargo
Según una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizada en julio de 2024, la empresa estatal encargada de brindar servicios de asistencia en tierra opera con equipos envejecidos. El informe revela que una parte significativa del equipamiento tiene varias décadas de uso, lo que podría afectar la eficiencia y seguridad de las operaciones aeroportuarias.
El parque de equipos de Intercargo está compuesto en un 40,3% por unidades motorizadas con más de 30 años de antigüedad, lo que evidencia la falta de renovación tecnológica en el sector.
Además, 12 plataformas elevadoras tipo “tijera” superan los 20 años de uso, representando el 54,5% del total, mientras que 15 Pay Movers, vehículos esenciales para el movimiento de aeronaves, también tienen más de tres décadas en funcionamiento.
Por último, hay 26 tractores livianos utilizados para distintas tareas de apoyo en tierra que superan los 20 años de antigüedad, lo que equivale al 34,2% del total.
