Finalmente se oficializó por decreto el traspaso de la empresa carguera creada en 2013. El material rodante será subastado en un remate público, y los fondos serán destinados a un fideicomiso para obras de infraestructura en el sistema del ferrocarril. Cómo será la licitación.
El presidente Javier Milei oficializó el inicio del proceso de privatización total de la empresa estatal que controla el Tren Belgrano Cargas, mediante el Decreto 60/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida establece la desintegración vertical de la empresa, separando sus distintas unidades de negocio para su traspaso al sector privado a través de diferentes mecanismos.
En este marco, el material rodante será subastado en un remate público, cuyos fondos serán destinados a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias, mientras que la infraestructura ferroviaria y los inmuebles serán otorgados en concesión de obra pública a operadores privados mediante una licitación nacional e internacional.
Según datos oficiales, Belgrano Cargas y Logística requirió en el último año un financiamiento estatal de 112 millones de dólares.
La norma también contempla la concesión de los talleres ferroviarios bajo gestión privada, asegurando la continuidad operativa de estos establecimientos. Concluidas todas estas etapas, la empresa estatal será disuelta y liquidada, lo que marcará el fin de la administración pública sobre la operadora de carga.
La ejecución del proceso estará a cargo del Ministerio de Economía, con la participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismo responsable de llevar adelante la privatización.
El anuncio oficial fue precedido por una publicación del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X, donde anticipó la medida y afirmó que una vez finalizada la privatización, «el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles».
La decisión forma parte de un paquete de privatizaciones impulsado por el Gobierno tras la aprobación de la «Ley Bases», aunque algunas empresas fueron excluidas del proceso luego de negociaciones con sectores aliados y opositores.
La administración estatal del tren Belgrano Cargas
Belgrano Cargas y Logística S.A. fue creada en junio de 2013 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de unificar la operación de las tres principales líneas ferroviarias de carga del país: Belgrano, San Martín y General Urquiza.
Con una red que abarca 17 provincias del centro y noroeste argentino, desempeña un papel clave en el transporte de granos y otros productos agroindustriales destinados a la exportación. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la empresa opera con bajos niveles de eficiencia y que el transporte ferroviario de cargas en Argentina no ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.
Según datos oficiales, Belgrano Cargas y Logística requirió en el último año un financiamiento estatal de 112 millones de dólares para mantener sus operaciones.
A pesar de esta inversión, la distancia media de transporte de carga sigue siendo de 500 kilómetros, la misma que hace cinco décadas. Esta situación, sumada a los costos operativos y al déficit financiero de la empresa, ha sido uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar la privatización.
El modelo de privatización adoptado para Belgrano Cargas se basa en el esquema de «concesión de infraestructura de acceso abierto», lo que significa que las empresas concesionarias deberán permitir el uso de las vías ferroviarias a cualquier operador que desee transportar carga.
Con este mecanismo se busca evitar la generación de monopolios para fortalecer la competencia dentro del sector, facilitando el «acceso de distintas compañías al sistema ferroviario». El Estado nacional mantendrá la propiedad de las tierras y las vías ferroviarias, mientras que los demás activos serán transferidos a la gestión privada.
El proceso de licitación para la concesión de las vías y los inmuebles ferroviarios será abierto tanto a empresas nacionales como extranjeras, con el objetivo de atraer inversiones que permitan modernizar la infraestructura y mejorar la eficiencia del transporte de carga.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, será la encargada de supervisar el proceso y garantizar su transparencia.
