La Secretaría de Energía deberá calcular los activos regulatorios de las distribuidoras, que podrán descontarlos de la cancelación de deudas con Cammesa. Dudas sobre si se les ofrecerá lo mismo a las distribuidoras del interior, en jurisdicciones provinciales.
El artículo 74 del proyecto de Presupuesto 2026 introdujo un mecanismo de compensación destinado a reconocer los activos regulatorios de las distribuidoras de energía eléctrica que vieron limitados sus ingresos por las leyes de emergencia económica sancionadas post crísis 2001.
La norma instruye a la Secretaría de Energía a determinar con precisión cuáles fueron los montos que las compañías dejaron de percibir por efecto de los congelamientos y atrasos tarifarios, con el fin de que esos recursos se apliquen a cancelar deudas pendientes con Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico.
El objetivo declarado del gobierno es sanear los balances de las distribuidoras para que puedan volver a acceder a financiamiento.
Aunque el texto legal menciona a todas las distribuidoras del país, desde medios especializados anticipan que la iniciativa se restringirá a Edenor y Edesur, las únicas empresas que continúan bajo jurisdicción nacional. El resto de las distribuidoras, al estar en manos de las provincias, quedarían fuera del alcance de la medida.
El objetivo declarado del gobierno es sanear los balances de las distribuidoras para que puedan volver a acceder a financiamiento. Según funcionarios de la Secretaría de Energía, “el saneamiento es condición necesaria para que las empresas firmen contratos de compra directa con generadoras como Central Puerto, Pampa o YPF Luz”.
¿Cómo será el mecanismo?
En la práctica, el esquema prevé que los activos regulatorios se usen para cancelar deudas existentes con Cammesa, que en el caso de Edenor y Edesur rondan los 400 millones de dólares. Dichas obligaciones ya habían sido regularizadas este año bajo un régimen de 72 cuotas con tasas preferenciales.
El diseño del Presupuesto 2026 aclara expresamente que el proceso no dará lugar a nuevas acreencias a favor de las empresas, sino que se limita a compensar pasivos vigentes.
El cálculo de los activos regulatorios responde a la diferencia entre lo que las distribuidoras deberían haber cobrado según sus contratos y lo que efectivamente ingresaron, tras los sucesivos congelamientos tarifarios desde 2002.
Estimaciones privadas señalan que esos activos superan los 3.000 millones de dólares entre 2018 y 2024. Sin embargo, la norma establece que para aplicar la compensación las empresas deberán desistir de cualquier reclamo judicial que hubieran iniciado para recuperar esos fondos.
Cuestionamientos de las distribuidoras
El debate se produce en un contexto tarifario todavía frágil. La gestión libertaria estableció este año la Revisión Quinquenal Tarifaria, que introdujo un esquema de ajustes mensuales vinculados a la evolución del costo de vida.
No obstante, las distribuidoras sostienen que esa recomposición no resulta suficiente para cubrir sus planes de inversión, dado que la actualización del Valor Agregado de Distribución se prorrateó en 30 cuotas y la tasa de rentabilidad reconocida (WACC) se redujo a 6,22% después de impuestos, desde el 10,31% previo.
“Nuestra tarifa real tiene un atraso. Si bien los ajustes mensuales ayudan, seguimos esperando una actualización más acorde”, plantearon desde una de las compañías.
La cuestión judicial agrega complejidad. En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el ENRE firmó con Edenor y Edesur un acuerdo para regularizar activos y pasivos regulatorios acumulados desde 2002.
Ese entendimiento fue objetado en 2021 por el Ministerio de Economía, que mediante la Resolución 590 instruyó a presentar una acción de lesividad para lograr su nulidad. La causa quedó prácticamente paralizada durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández y estuvo cerca de prescribir.
Con la llegada de la nueva administración, los abogados del Estado reactivaron el expediente para mantenerlo vigente y evitar cuestionamientos por incumplimiento de deberes.
