Las naftas dieron un salto del orden del 75% en menos de un mes, pero el sector avisó que irá por la paridad con el precio internacional. La Ley Omnibus y una decisión que el Gobierno debe tomar en febrero también juegan.

Con la liberación del mercado promovida por el gobierno de Javier Milei, el precio de los combustibles se disparó en promedio un 75% en menos de un mes. Y la escalada parece lejos de llegar a su techo. Todo hace prever que el del último miércoles no fue el último salto dado por los precios de las naftas y se espera que en el corto plazo las estaciones de servicio deban volver a actualizar sus pizarras.

Hay tres factores clave que anticipan nuevas subas: tender al «import parity» que promueve el Gobierno; la aplicación del impuesto a los combustibles y el fin del barril criollo previsto en la Ley Omnibus, y muy esperado por la industria petrolera, que lo evalúa como una conquista histórica a punto de concretarse.

Según fuentes del sector privado, las subas del último mes se debieron al retraso en los precios durante el último año, cuando las naftas tenían topes de aumentos mensuales del 4%, muy por debajo de la inflación.

Factores que anticipan nuevas subas: tender al import parity; la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y el fin del barril criollo.

La otra explicación de la última suba en torno al 27% la dan también por el salto del tipo de cambio oficial en más del 100%, que no se había trasladado en su totalidad a los precios en diciembre. Y finalmente, el aumento de los biocombustibles que se utilizan como cortes para los combustibles fósiles completa el combo.

Los factores que presionan el precio de los combustibles

Las petroleras tienden a lograr el import parity, es decir equiparar el precio interno del combustible a cuánto costaría si hubiera que importarlo.

Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidad de Comercio de Hidrocarburos (Cecha) aseguró que ese punto de equidad se encuentra entre 1 y 1,20 dólares.

Así, con un dólar oficial en 831 pesos según el tipo de cambio del Banco Nación, todavía esa paridad no fue alcanzada.

El segundo factor de presión al alza en el precio de los combustibles podría ser, ahora, el impositivo. Sobre el litro de nafta deberían recaer dos tributos: el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) que en rigor tenían que ser actualizardos trimestralmente por inflación.

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En menos de un mes los combustibles subieron un 75% en promedio y se espera que sigan al alza.

Sin embargo, desde el 2021 la aplicación de ajustes sobre esos tributos se postergó en nueve oportunidades. La última vez fue en noviembre cuando el entonces ministro de Economía Sergio Massa volvió a posponerlo hasta febrero de este año.

Estas sucesivas postergaciones provocaron que el peso de los impuestos en el litro de nafta cayera 15 puntos en 5 años. Menos presión para los precios, y también menos recaudación para el estado en un contexto inflacionario.

Así planteado el escenario, el mes que viene debería volver a aplicarse este tributo y en el sector surgieron dos dudas: cuándo y cómo se volverá a aplicar.

El componente impositivo cuenta con un atraso del 156% por lo que, si se aplicara todo de una sola vez, esto implicaría un fuerte salto del precio en surtidor ya que las petroleras trasladan de manera directa e íntegra el peso de estos tributos a los precios de sus combustibles.

Aunque no hay nada oficial, trascendió que desde el Gobierno serían proclives a seguir postergando la actualizacion de esa tarifa, pese a la necesidad de acomodar las cuentas en el Estado, para lo que no solo es necesario reducir el gasto, sino también sostener la recaudación.

Al parecer, primaría la intención de que las petroleras logren paridad con el valor de importación: sin actualizaciones impositivas, tendrán mayor margen para aplicar aumentos que rindan exclusivamente a sus cuentas (y no vayan al Estado).

La Ley Omnibus y el fin del barril criollo

El gobierno apunta a eliminar el denominado “barril criollo”, que es el precio que las refinadoras que operan en el país pagan a las petroleras por el crudo, a un valor inferior al precio de exportación, de modo de desanclar los valores internacionales de los internos.

El barril criollo se encuentra hoy en el mercado en torno a los 59 dólares, mientras que a nivel internacional el Brent trepa a casi 80 dólares.

El proyecto de ley ómnibus elimina el barril criollo, al plantear que «El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción».

De prosperar esta iniciativa las refinadoras locales pasarían a pagar el crudo a precio internacional, por lo que se daría un nuevo salto de los precios en surtidor.

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