Lo adjudican a la falta de previsibilidad que genera el reciente decreto del gobierno que modificó el régimen aeronáutico y al que las aerolíneas todavía no saben cómo adaptarse. En paralelo, de cara a la temporada alta el conflicto salarial entre Nación y APLA suma nuevos capítulos.
Se acercan las vacaciones de invierno, cuando se espera un pico en las operaciones aéreas que estará atravesado por el prolongado conflicto gremial del sector. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió sobre la posible cancelación de cientos de vuelos en julio, uno de los meses con mayor tráfico en el país.
El gremio atribuye esta situación al Decreto 378/25, una normativa recientemente emitida por el Gobierno nacional que, según denuncian, altera de forma inconsulta el régimen aeronáutico vigente y dificulta la planificación operativa de las aerolíneas.
La Subsecretaría de Transporte Aéreo aún no emitió una respuesta oficial a las objeciones del gremio.
La advertencia se conoció a través de un comunicado difundido este martes 24 de junio, en el cual se señala que las empresas aún no cuentan con las programaciones de vuelo correspondientes al mes siguiente. A su vez, anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar la validez del decreto.
De acuerdo con APLA, el nuevo marco regulatorio genera un nivel de incertidumbre que impide a las compañías ajustar sus sistemas internos para cumplir con la nueva normativa. “A esta altura del mes de junio, las programaciones de vuelo de varias flotas y empresas aerocomerciales para el mes de julio aún no están disponibles”, sostuvo el sindicato.
El núcleo del conflicto radica en la complejidad técnica y operativa que implica adaptar los sistemas de programación de tripulaciones y flotas, así como realizar las configuraciones necesarias en las aeronaves. Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART, entre otras operadoras de cabotaje, se ven directamente afectadas, según los pilotos.
Para APLA, “las empresas no saben a qué ajustar sus sistemas de programación y realizar las configuraciones necesarias en sus aeronaves para cumplir con una normativa como la indicada”.
Crece la tensión mientras se espera la respuesta de Nación
La Subsecretaría de Transporte Aéreo, encargada de impulsar el decreto, aún no emitió una respuesta oficial a las objeciones del gremio. No obstante, desde el Gobierno se argumenta que la medida busca fomentar la competitividad en el sector, al brindar mayor flexibilidad a los operadores.
“La medida tendrá un impacto favorable para cualquier línea aérea que quiera operar en la República Argentina y pone al sector al servicio de los argentinos”, señalaron fuentes oficiales, que además sostienen que se garantizará la seguridad operacional.
APLA rechaza este enfoque y considera la improvisación en un contexto de alta demanda puede provocar consecuencias significativas.
“La falta de previsibilidad dará lugar a cientos de cancelaciones de vuelos durante el período vacacional invernal. Desde APLA, hacemos responsables a las autoridades gubernamentales que intentan con este decreto alterar el régimen aeronáutico”, enfatizaron desde la organización sindical.
El sindicato también recordó que ya había enviado carta documento a los principales directivos de las empresas y organismos involucrados, instándolos a abstenerse de aplicar cualquier modificación basada en el nuevo decreto.
“Bajo apercibimiento de hacerlos responsables, personal, civil y penalmente, de cualquier situación que se derive de ello y afecte la seguridad operacional”, indicaron en el escrito remitido.
Esta advertencia busca blindar jurídicamente a los pilotos frente a eventuales conflictos derivados de cambios en sus condiciones laborales.
El eje del conflicto con los pilotos
El conflicto se inscribe en un contexto de tensión acumulada entre el gremio y las autoridades, que ya se había expresado en un paro total de seis horas llevado a cabo el 10 de junio.
En aquella oportunidad, la medida paralizó operaciones en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, afectando vuelos programados de Aerolíneas Argentinas y ocasionando pérdidas estimadas en 1,1 millón de dólares, según fuentes oficiales. Más de seis mil pasajeros vieron alterados sus planes de viaje por la medida de fuerza.
Entre los motivos de aquel paro, APLA denunció “prolongados retrasos en la pauta salarial”, así como “la falta de un plan de desarrollo profesional” y la “ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía”, en referencia a Aerolíneas Argentinas.
En declaraciones posteriores, señalaron que los ajustes salariales aplicados hasta el momento quedaron por debajo de la inflación y no satisfacen las demandas del sector. “Ahora no logramos que haya una nueva propuesta”, afirmaron voceros sindicales.
Las aerolíneas, por su parte, han optado por el silencio público mientras evalúan cómo implementar las nuevas disposiciones sin comprometer sus operaciones.
