Se trata de la tercera extensión desde que vencieron los contratos, en agosto de 2023. Neuquén y Río Negro pretenden gestionarlas, más allá de que las reestaticen o se firmen nuevas concesiones a privados.
La administración de las represas del Comahue permanecerá por otros 60 días en manos de los privados que la tienen a cargo desde los 90.
Tras el vencimiento de la prórroga de contratos implementada en enero, la Secretaría de Energía determinó una nueva extensión de dos meses más para los contratos de Alicurá, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados, mientras que lo propio sucederá con el de Piedra del Águila cuando finalice, el próximo 28 de abril.
Las represas fueron privatizadas en los 90 y el plazo de la mayoría de las concesiones venció en agosto del 2023.
Así fue informado por Nación en el Boletín Oficial, en el que se puntualiza que la decisión se toma «a los efectos de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca”.
Además, la cartera de Eduardo Rodríguez Chirillo ratificó a ENARSA como veedora por parte del Estado nacional, una determinación tomada por la gestión anterior al traspaso de Gobierno, cuando poco antes de que finalizaran los contratos, cuando se manejaba la idea de reestatizarlas, hoy puesta en duda, y tanto Neuquén como Río Negro venían negciando para tener participación.
La medida mantiene la incertidumbre sobre la futura administración de las represas en medio de presiones por parte de los las dos provincias que surca el río LImay, donde se ubican las centrales hidroeléctricas.
Hace unas semanas, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , ratificó su intención de que la centrales sean “propiedad compartida con los neuquinos, con los gremios y trabajadores”:
En paralelo, ambas provincias avanzan con la aplicación de un canon sobre el uso de agua en las represas, entendiéndolo como un recurso natural que les pertenece.
El de las centrales hidroeléctricas del Comahue es un conflicto histórico, ya que la energía que generan es mayormente consumida en Buenos Aires, mientras que los beneficios para los distritos patagónicos son escasos.
Desde Nación, históricamente se reconoce que los recursos naturales son de las provincias, pero se hace eje en que la infraestructura fue contstruida por el gobierno central, por tanto su gestión no es potestado de los estados provinciales.
Las represas fueron privatizadas en los 90 y el plazo de las concesiones venció en agosto del año pasado.
Alicurá es controlada por la estadounidense AES, El Chocón – Arroyito es operada por la italiana Enel, la central Cerros Colorados está a cargo de Orazul Energy, que pertenece al fondo I Squared Capital, y Piedra del Águila es de Central Puerto.
La disputa por las represas del Comahue
En agosto de 2023, vencieron los contratos firmados en 1993 para la administración de las centrales hidroeléctricas del Comahue entre las operadoras y Nación, y todo apuntaba a una reestatización.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández extendió las concesiones para que las centrales permanecieran bajo la misma operación hasta alcanzar una definición al respecto.
Luego, en octubre, en la previa del balotaje presidencial que finalmente perdió con el actual presidcente Javier Milei, el ex ministro de Economía y candidato Sergio Massa, a través de la resolución 815/2023, prorrogó por 100 días el plazo. De ese modo, dejó la resolución del tema para después del recambio de gobierno.
Tras su asunción, la actual gestión libertaria hizo saber que la reestitazión no estaba en sus planes. Y en la misma sintonía que sus antecesores, y en medio de las negociaciones con los gobernadores por la vigencia del DNU 70 y el proyecto de Ley Bases, volvió a prorrogar el plazo en enero, en esa oportunidad por 60 días.
Ahora el Poder Ejecutivo vuelve a extender los contratos de las cuatro centrales hidroeléctricas por otros 60 días más.
El último pronunciamiento público del secretario de Energía se dio a principios de este año, cuando ratificó que es potestad de su cartera extender las concesiones y que, tras su vencimiento, las presas se revertirán al Estado nacional y “luego se decidirá si las toma Enarsa o se relicitan”.
Weretilneck, por su parte, señaló que «a partir de 1994 los recursos naturales son de las provincias. Nuestro gas, nuestro petróleo y nuestra agua es propiedad de los neuquinos y de los rionegrinos, y esa propiedad es la que pretendemos que sea respetada en los futuros contratos que se establezcan».
El nuevo esquema deberá estar definido para agosto, ya sea una relicitación o la toma del Estado de las represas. El tema ya fue pospuesto cuatro veces y la tensión con las provincias crece.
