En un comunicado, la AP y el CONAVU calificaron el modelo para dejar rutas nacionales en manos privadas de “inviable, antieconómico, ilegal e inconstitucional”. El gobierno licita la operación y mantenimiento de los tramos con mayor tránsito para que queden en manos de privados.
Hace poco más de un mes, el gobierno nacional presentó el proceso de licitación para la Red Federal de Concesiones en las rutas nacionales. La idea es que el sector privado se haga cargo de la gestión de los principales corredores viales en un proceso dividido en dos etapas.
El esquema impulsado por el Ejecutivo tuvo repercusiones mixtas. Mientras las transportistas observan la medida con optimismo y cautela, la Asociación de Protección (AP) y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) fueron muy críticos.
Se licitarán 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que concentran el 80% del tránsito.
Ambos organismos emitieron un comunicado con el título “Se repite el mismo error”, en el que detallaron los problemas que conlleva el sistema.
Además, señalaron que el pliego no incluye la realización de nuevas obras de ampliación de la red vial, como para transformar rutas en autovías o autopistas, multitrochas, carriles de sobrepaso.
El texto cuestiona el ajuste que se proyecta en los peajes, luego de un año de fuertes subas y la fragilidad del modelo. “Se está contemplando un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que estén los nuevos concesionarios para luego aumentar las mismas hasta más de un 200%, con ajustes trimestrales”, detalla el escrito.
“Los plazos de concesión como las tarifas definitivas estarán de acuerdo a las ofertas que planteen las empresas, las que solo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual, señalización, corte de pasto y trabajos de mantenimiento básico”, agregaron desde la CONADUV.
El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. La primera está integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Puente Rosario -Victoria y RN 174. La convocatoria se lanzará en diciembre 2024, con la adjudicación prevista para abril de 2025.
La segunda, compuesta por los tramos I a X (Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y el resto de las rutas nacionales con peaje) que actualmente opera la empresa Corredores Viales S. A. y que presuntamente será disuelta, licitándose en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.
Los cuestionamientos a las concesiones de rutas nacionales
En la parte final del comunicado, el CONADUV y AP listaron los problemas que presenta el sistema impulsado por el gobierno.
En principio señalaron que se trata de un modelo «inviable, antieconómico, ilegal e inconstitucional«, violando artículos clave de la Constitución Nacional y contraviniendo derechos básicos como el libre tránsito.
Además, argumentan que las rutas en cuestión ya han sido financiadas por los usuarios a través de impuestos específicos desde la década de 1930. El comunicado destaca que el sistema de peajes es especialmente ineficiente en rutas de bajo tránsito, ya que gran parte de los ingresos se destinan a mantener las estaciones de cobro, dejando escasos recursos para mejoras viales.
Por otra parte, aseguraron que las concesiones viales favorecen exclusivamente a las empresas, otorgándoles enormes beneficios con mínima inversión y riesgo, sin obligaciones a reducir los costos logísticos ni mejorar la seguridad. Asimismo, rechazan las propuestas de algunos gobernadores de “provincializar” rutas nacionales para imponer nuevos peajes, calificándolas de irresponsables.
Por último, instan al Gobierno a implementar un Proyecto Vial Nacional que utilice los fondos provenientes del impuesto a los combustibles para mejorar la red vial sin barreras ni pagos adicionales, respetando el principio de libre tránsito.
Lo concreto es que se licitarán 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.
