El debate en el Congreso nacional por la prórroga de la Ley 27.191 de Energías Renovables, cuyo régimen de incentivos caduca en diciembre, sumó la postura del Gobierno para el cual el sector ya no necesita promoción directa, sino seguridad jurídica para competir.
El futuro de la legislación específica para el sector se analiza determinante cuando se asegura que hay más de US$5.000 millones de inversiones en proyectos ya aprobados y definidos por las empresas que aguardan no sólo la infraestructura, sino la renovación del contexto adecuado con las nuevas reglas de juego de mediano y largo plazo.
La Secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, presentó ante la Cámara de Diputados los lineamientos de la modificación que apoya el oficialismo, cuyo eje central es extender por 20 años la estabilidad y previsibilidad tributaria para proyectos renovables nuevos y existentes.
Esto va a tono con el proceso ya iniciado de normalización o desregulación de mercado eléctrico mayorista, el que dejará de lado el rol central de Cammesa para abrir el juego al privado.
El eje central de la reforma es extender por 20 años la estabilidad y previsibilidad tributaria para proyectos renovables nuevos y existentes, a tono con el proceso ya iniciado de normalización o desregulación de mercado eléctrico mayorista.
El balance inicial de una década de vigencia de la norma fue el salto de competitividad de las energías renovables, sobre lo cual Tettamanti contextualizó el cambio de enfoque al señalar que la Ley 27.191 «fue fundamental para impulsar el desarrollo del sector en un momento en que las tecnologías eran poco competitivas».
La ley, vigente desde 2015, sentó las bases para el despegue de las fuentes renovables en la matriz energética, logrando una transformación estructural.
Según las cámaras del sector, el régimen que incluyó la creación del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) y garantías internacionales, permitió una expansión masiva para pasar de apenas el 0,5% de la generación eléctrica proveniente de renovables en 2002 a superar el 17% en la actualidad, con una proyección de alcanzar el 20% en 2026.
El sector experimentó una multiplicación exponencial de la potencia instalada, especialmente en la generación eólica y solar. Entre 2016 y 2025, el país ahorró más de US$ 10.000 millones en sustitución de importaciones de combustibles fósiles, con una capacidad instalada que en la primera mitad de este año superó los 7.000 MW, de los cuales 4.700 MW fueron de generación eólica.
Gracias a este camino, la situación cambió: «Los costos de estas tecnologías bajaron y ya no requieren el mismo nivel de incentivos que hace una década», explicó la funcionaria.
Ahora, el gobierno y la industria coinciden en que el nuevo eje debe pasar por la estabilidad fiscal y libre competencia, y en ese marco la nueva propuesta de ley que se debate en el Congreso busca actualizar el marco normativo, pivotando desde el estímulo subsidiado a la certidumbre para el inversor. El eje central ya no es la promoción directa, sino la estabilidad fiscal a largo plazo.
El beneficio más relevante es que el régimen extenderá por 20 años la seguridad fiscal, garantizando a los proyectos existentes y futuros que no se crearán nuevos impuestos ni gravámenes a nivel nacional, provincial o municipal.
«El mejor incentivo a la inversión es reducir riesgos mediante estabilidad macroeconómica, reglas claras y baja carga impositiva. Las energías renovables ya pueden competir en igualdad de condiciones con otras fuentes», sostuvo la Secretaria de Energía.
Entre 2016 y 2025, el país ahorró más de US$ 10.000 millones en sustitución de importaciones de combustibles fósiles, con una capacidad instalada que en la primera mitad de este año superó los 7.000 MW
La visión del Gobierno es que esta libertad para elegir proveedores permitirá a las empresas optar según precio y criterios ambientales, logrando que el objetivo final se cumpla: que la energía en la Argentina sea «más barata y accesible para todos los consumidores».
La estabilidad jurídica propuesta es la pieza clave para viabilizar inversiones estratégicas en infraestructura de transmisión, consideradas el principal cuello de botella para la expansión renovable.
La expansión de la red eléctrica, clave para las energías renovables
El gran desafío para destrabar esos cuellos de botella que presenta en los últimos años la red, requiere millonaria inversión privada en transmisión que en una economía plenamente de mercado, como se pretende, sólo se logra con las señales adecuadas.
Tettamanti confirmó que el Estado nacional ya definió las obras más relevantes para ampliar la capacidad eléctrica, especialmente en CABA y GBA, donde la red opera casi al límite. La inversión para las obras de transporte en el Gran Buenos Aires se estima en alrededor de $1.000 millones de dólares, pero el Gobierno no comprometerá fondos públicos.
«Va a haber una licitación que llevará adelante el Estado nacional, pero la inversión la va a hacer el sector privado. Estamos apostando al financiamiento privado y como son proyectos de muy largo plazo estamos trabajando también con organismos internacionales. No queremos comprometer los fondos públicos», precisó la Secretaria.
La condición esencial para atraer este capital de largo plazo es la misma que estructura la nueva ley: seguridad jurídica. «Cuando los inversores ven que van a poder repagar esa inversión, que es de muy largo plazo, y que no va a haber cambios en las reglas del juego, invierten», es el mensaje del Gobierno y que se buscará volcar en la continuidad de un régimen que demostró en pocos años su capacidad de transformación.
Los contratos del Renovar en dólares y a 20 años actuaron como un subsidio de riesgo y estabilidad, garantizando el repago de la inversión en un contexto macroeconómico inestable.
Aunque el término «subsidio directo» (como un pago fijo por MWh) no siempre se aplicó de forma universal, la ley incluía mecanismos que constituían un apoyo económico fundamental para la inversión, que es lo que el Gobierno hoy busca eliminar en la nueva propuesta.
Hacia un sistema sin subsidios
El régimen anterior, especialmente a través de modelos como el Programa de Abastecimiento de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (RenovAr), aseguró precios de compra de energía a largo plazo con contratos en dólares a 20 años.
Estos precios, aunque competitivos en su momento, actuaron como un subsidio de riesgo y estabilidad, garantizando el repago de la inversión en un contexto macroeconómico inestable.
Pero la la ley otorgaba diversos beneficios fiscales, que en esencia son una forma de apoyo económico estatal. Entre ellos se incluían devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IPMP).
La ley, a la vez, creó el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), cuyo objetivo era otorgar préstamos, garantías, y ofrecer otros mecanismos para asegurar el financiamiento de los proyectos.
El FODER también se utilizó para garantizar los contratos de las generadoras y estos mecanismos mitigaron el riesgo para los inversores.
La postura de la Secretaria al afirmar que las tecnologías «ya no requieren el mismo nivel de incentivos», valida que el régimen anterior sí contenía esos apoyos estatales que hicieron viable al sector cuando era incipiente y caro. La nueva ley busca reemplazar ese apoyo por una simple estabilidad tributaria a largo plazo.
