El Gobierno redefine los criterios para subsidiar el transporte y habilita un esquema que favorece la incorporación de unidades a gas, con foco en reducir costos operativos y diversificar la matriz energética del sector.
La política de movilidad urbana comenzó a mostrar señales de transformación a partir de la publicación de la Resolución 6/2026 en el Boletín Oficial, que incorpora de manera explícita al Gas Natural Comprimido (GNC) dentro de la estructura de costos reconocida para los servicios de colectivos.
La medida se integra a los esquemas vigentes —el SISTAU y el CCP— y plantea un nuevo enfoque orientado a promover alternativas energéticas más competitivas.
Lejos de tratarse de una mera actualización técnica, la normativa introduce un cambio conceptual: por primera vez, las tecnologías basadas en gas son consideradas en igualdad de condiciones frente a los combustibles líquidos.
El impulso regulatorio encuentra respaldo en un entramado de infraestructura que ya presenta un desarrollo significativo. Actualmente, cerca de 260 colectivos propulsados a GNC circulan en el país, una cifra que, aunque todavía limitada, refleja una tendencia en crecimiento.
Esto implica la definición de parámetros específicos de consumo, rendimiento y costos operativos para unidades propulsadas a GNC, integrándolas de lleno en la ecuación económica del transporte público.
Un cambio de enfoque en la política de subsidios
La resolución se apoya en experiencias previas, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la incorporación del gas en la flota de colectivos ya había sido impulsada como parte de una estrategia de transición energética.
A partir de esos antecedentes, el Gobierno nacional toma esos lineamientos y los extiende a nivel federal, utilizando valores técnicos y económicos definidos en esa jurisdicción como referencia inicial.
El objetivo central es avanzar hacia un esquema más eficiente en términos de costos sin afectar la calidad del servicio. En un contexto de restricciones fiscales, el reconocimiento del GNC dentro de los subsidios aparece como una herramienta para racionalizar el gasto público.
Su menor costo relativo frente al gasoil, sumado a una menor exposición a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo posiciona como una alternativa atractiva para operadores y autoridades.
Al incluir el GNC dentro de los componentes contemplados por el SISTAU y el CCP, la normativa genera incentivos concretos para las empresas. Aquellas que incorporen unidades a gas podrán mejorar su estructura de costos, ya sea a través de un menor gasto en combustible o mediante un reconocimiento más favorable dentro del esquema de compensaciones estatales.
Infraestructura para la expansión de los colectivos a GNC
El impulso regulatorio encuentra respaldo en un entramado de infraestructura que ya presenta un desarrollo significativo. Actualmente, cerca de 260 colectivos propulsados a GNC circulan en el país, una cifra que, aunque todavía limitada, refleja una tendencia en crecimiento.
A esto se suma una red de 259 estaciones de servicio habilitadas para el abastecimiento de transporte pesado, de las cuales 181 cuentan con surtidores de alto caudal.
Esta característica resulta clave, ya que permite tiempos de carga compatibles con la operación intensiva de los colectivos, un aspecto históricamente crítico para la adopción de esta tecnología.
Durante años, uno de los principales obstáculos para el avance del GNC en el transporte público fue la logística de abastecimiento. Sin embargo, la expansión de estaciones adaptadas a grandes volúmenes y la incorporación de sistemas de carga rápida han reducido de manera significativa estas limitaciones, mejorando la viabilidad operativa del gas como combustible.
En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas impulsa el desarrollo de los llamados “Corredores Verdes para el Transporte Público de GNC”. Esta iniciativa busca consolidar una red estratégica de abastecimiento en los principales ejes urbanos e interurbanos, garantizando disponibilidad de combustible para flotas de gran porte y facilitando su expansión.
Competitividad económica y transición energética
Desde el punto de vista económico, el diferencial de costos entre el gas y el gasoil se presenta como uno de los principales motores del cambio. El GNC ofrece precios más bajos y mayor previsibilidad, factores que adquieren relevancia en un sector altamente dependiente de subsidios.
Al reconocer esta ventaja dentro del esquema vigente, el Estado no solo promueve una alternativa energética, sino que también apunta a mejorar la sustentabilidad financiera del sistema en su conjunto.
La posibilidad de reducir costos operativos sin afectar la prestación del servicio aparece como un eje clave de la estrategia.
En términos ambientales, el GNC también presenta beneficios. Si bien no alcanza los niveles de cero emisiones asociados a la electrificación, permite una reducción significativa de contaminantes respecto de los combustibles líquidos.
En ese sentido, se posiciona como una solución intermedia, capaz de avanzar en la descarbonización del transporte sin requerir inversiones de gran escala ni modificaciones estructurales profundas.
