Las dos provincias presentaron en el Senado Nacional un pedido para que les traspasen el 51% del paquete accionario de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Así, restringirían la venta total que dispuso el Ejeciutivo por decreto.
Con el objetivo de consolidar su control sobre recursos críticos para la economía y la autonomía energética, las provincias de Río Negro y Neuquén solicitaron formalmente al Gobierno nacional la titularidad del 51% de las acciones de cuatro represas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La iniciativa surge en respuesta a la privatización promovida por el presidente Javier Milei, quien ha anunciado la venta completa de estas represas en un plazo de 180 días. E implica una apuesta fuerte de los gobernadores, que vienen clamando desde hace tiempo por el derecho a disponer de los recursos de sus territorios, en una difícil disputa con la administración central que viene desde antes de la asunción del actual gobierno.
Lo que está en juego no es menor. En conjunto, estas represas producen alrededor de 4.000 MW, representando un aporte fundamental para el sistema eléctrico nacional.
La resolución de esta disputa podría sentar un precedente importante para la relación entre las políticas centrales y las autonomías provinciales, impactando directamente el futuro de los recursos energéticos en Argentina y las finanzas de Río Negro y Neuquén.
Las autoridades provinciales sostienen que la reforma constitucional de 1994 les confiere la titularidad de los recursos naturales dentro de sus territorios, otorgándoles el derecho de administrar y supervisar las represas en sus respectivas jurisdicciones.
Su pedido, que apunta a detener la venta total de las represas, también cuestiona la concesión inicial de 1993, ya vencida, reforzando la postura provincial.
En el Congreso, la senadora nacional rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, presentó la solicitud en representación de los gobernadores de esa provincia y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, respectivamente.
Silva propuso una modificación al decreto 718, emitido por Milei, que establece la venta total de las represas. Esta modificación busca restringir la venta a solo el 49% de las acciones, reservando el control del 51% para las provincias, de modo que puedan gestionar estos recursos estratégicos directamente.
Pore una mesa de diálogo con el Gobierno nacional
El reclamo también apunta a establecer un espacio de diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias involucradas, en el que se puedan negociar los términos de la privatización de las represas hidroeléctricas.
Para las provincias, es fundamental que este acuerdo considere tanto la inversión histórica del Estado en estas obras como el derecho provincial sobre los recursos hídricos.
Este diálogo resulta clave para alcanzar una solución que balancee el interés nacional y las demandas provinciales por autonomía y control directo sobre sus recursos.
A medida que se acerca el plazo de 180 días para la privatización, la urgencia se intensifica, posicionando a Neuquén y Río Negro como actores esenciales en la política energética nacional: a eso apuntan los gobernadores con su proyecto legislativo.
La resolución de esta disputa podría sentar un precedente importante para la relación entre las políticas centrales y las autonomías provinciales, impactando directamente el futuro de los recursos energéticos en Argentina y las finanzas de Río Negro y Neuquén.
“La relación entre Weretilneck y el gobernador de Neuquén (Figueroa) es muy estrecha, y lo que hemos conversado es que lo que hay que hacer, a nuestro criterio, es una mesa de negociación conformada con las dos provincias y la Nación”, explicó la senadora Silva en una entrevista.
Y añadió: “La Nación en su momento, hace más de 30 años, hizo la inversión que devino en las represas, pero los recursos naturales con los que se produce la energía eléctrica son recursos de nuestros territorios”.
Concesiones extendidas en las represas del Comahue
Actualmente, las cuatro represas en la región patagónica, que juntas alcanzan una capacidad de generación eléctrica superior a los 4.000 MW, se encuentran bajo control de concesionarios privados tras diversas transferencias desde 1993. Sin embargo, las concesiones de todas estas represas ya están vencidas.
Tres de ellas están ubicadas en la cuenca del Río Limay. Alicurá, que genera alrededor del 11% de la energía hidroeléctrica nacional, es operada por la empresa estadounidense AES, con concesión vencida en 2022.
Enel, compañía italiana, gestiona El Chocón (incluyendo el regulador Arroyito), que aporta el 15% de la energía hidroeléctrica del país y cuya concesión también expiró en 2022.
Piedra del Águila, con un 18% de la producción hidroeléctrica, es operada por la firma argentina Central Puerto, cuyo contrato finalizó en 2023.
La cuarta represa, Cerros Colorados, ubicada sobre el Río Neuquén antes de su unión con el Limay, está gestionada por la empresa argentina Aconcagua, que opera tanto en generación de energía (500 MW) como en la regulación hídrica de la región agrícola circundante. Su concesión venció en 2021.
