Argentina cuenta hoy con una red de minas metalíferas maduras yacimientos en etapa avanzada o final de su vida útil que enfrentan el desafío crítico de sostener su producción frente al agotamiento geológico y un esquema fiscal que no siempre reconoce su realidad actual.
Minas como Veladero y Gualcamayo en San Juan, junto a Cerro Vanguardia, San José y Manantial Espejo en Santa Cruz, además de la histórica Pirquitas en Jujuy, han sido los motores del empleo y el desarrollo de proveedores locales.
Pero la madurez trae consigo desafíos típicos: el aumento de los costos operativos, la necesidad de procesar minerales más complejos (como sulfuros) y una urgencia por exploración intensiva en zonas aledañas para prolongar la actividad.
En este escenario, la minería argentina se encuentra ante una paradoja: mientras se busca atraer inversiones millonarias para el futuro cobre, se corre el riesgo de descuidar el presente de las minas de oro y plata que hoy sostienen miles de puestos de trabajo.
El empalme entre la minería madura y los nuevos proyectos de cobre no es automático ni neutro: el empleo no se traslada solo, migra o se pierde.
El desfasaje de la plata: Una asimetría que frena la reinversión
Uno de los puntos de mayor fricción se encuentra en Santa Cruz, donde la minería es el corazón de la economía regional. La discusión por las retenciones a la plata expone con nitidez un desfasaje normativo.
Mientras que el oro quedó exento de derechos de exportación a principios de 2024, la plata sigue alcanzada por este tributo, a pesar de que ambos metales suelen extraerse del mismo yacimiento y comparten los mismos costos operativos.
El gobernador santacruceño, Claudio Vidal, ha sido explícito al denunciar esta asimetría. El esquema actual resta recursos vitales que deberían destinarse a la exploración, la única herramienta capaz de extender el horizonte productivo de minas como San José.
El planteo provincial no busca aumentar cargas sobre otros minerales, sino aplicar una lógica de alivio fiscal similar a la que el Gobierno Nacional implementó para los yacimientos petroleros maduros, incentivos para que seguir operando sea económicamente viable incluso con leyes de mineral más bajas. Sin esta corrección, la capacidad de reinversión se diluye, acelerando procesos de cierre que podrían evitarse.
Ante el riesgo de que la renta minera se esfume mientras los yacimientos se agotan, Santa Cruz ha endurecido su marco regulatorio. La aprobación unánime de la Ley 90/10 elevó los requisitos para la contratación de mano de obra local y reforzó los controles sobre la cadena de proveedores.
Esta medida responde a una necesidad de supervivencia, evitar que el cierre de una mina se traduzca en un desierto productivo inmediato.
El cierre de minas maduras sin un plan de transición derivará en una migración interna forzada de talento especializado hacia otros polos productivos.
Esta tendencia al endurecimiento de condiciones laborales y de compras locales se generaliza. Mientras San Juan atraviesa un debate similar en el contexto de sus grandes proyectos de cobre, provincias como Salta, Jujuy y Catamarca ya sostienen registros obligatorios del 70/30.
La excepción notable es Mendoza, que tras habilitar el proyecto San Jorge, mantiene una postura abierta sin cupos formales, una estrategia diseñada para atraer a los inversores que aún ven a la provincia cuyana como un territorio «por descubrir».
El riesgo del vacío: Cuando el empleo migra pero no se traslada
La narrativa oficial habla de un «empalme productivo«, donde la nueva generación de proyectos de cobre reemplazará a la minería madura.
Sin embargo, este proceso no es ni automático ni neutro. Entre el cierre técnico de una mina de plata en el Macizo del Deseado y la puesta en marcha de un pórfido de cobre en la alta cordillera pueden pasar años. En ese intervalo, el empleo especializado no espera, migra o se pierde.
Este punto empieza a generar una alarma silenciosa en el sector. Existe el riesgo real de una migración interna forzada de técnicos y operarios especializados hacia provincias con proyectos en auge, dejando vacíos sociales y económicos profundos en las regiones que dependieron de la minería durante décadas.
La transición hacia una nueva matriz minera en 2026 requiere, entonces, políticas que contemplen el ciclo de vida completo de la mina.
Sostener la producción de las minas maduras mediante incentivos fiscales a la exploración y la incorporación de tecnologías de extracción de sulfuros es vital para que el «puente» hacia la era del cobre no se rompa.
La minería argentina no puede permitirse perder su capital humano acumulado. El desafío para el 2026 es, en definitiva, lograr que el brillo del futuro cobre no eclipse la necesidad de mantener encendida la llama de los yacimientos que, hoy por hoy, siguen siendo el sustento de miles de familias argentinas.
