Leyes “anti minería” en las provincias: la licencia social, clave para revertirlas

En ocho provincias argentinas existen leyes que prohíben en distintas etapas o formatos la producción minera. En los últimos años en algunas hubo intentos de destrabar inversiones, con más o menos éxito, pero todo sigue dependiendo de la opinión pública.

La minería no puede prohibirse en Argentina, pero las provincias han avanzado, sobre todo entre 2003 y 2010, en normas que ponen un freno a la actividad. Se las conoce como leyes anti mineras, en algunos casos de protección del agua o los recursos naturales.

Esto configuró en las últimas décadas una división en el mapa, entre provincias mineras y anti mineras. Parte de esto, por ejemplo, sostiene que en los rankings de mejores destinos de inversión el país no se mida como una totalidad, sino que los puntajes vayan a cada provincia.

Los ensayos que hubo para modificar leyes solo a partir de la voluntad política no resultaron. En cambio, sí parecen llegar a buen puerto las alternativas que evitan los sistemas de producción más resistidos o los debates sobre mayor impacto positivo en la economía doméstica.

A pesar de estas condiciones, en los últimos años crecieron las noticias de proyectos de ley que buscan modificar estas normativas, de empresas que empezaron inversiones en algunas de estas regiones y de debates sobre si es posible avanzar en territorios que antes eran infértiles.

La medida de éxito de estos avances siempre está atada a otro concepto, que en para el sector empresarial es hace tiempo algo central: la licencia social.

Los ensayos que hubo para modificar leyes solo a partir de la voluntad política no resultaron. En cambio, sí parecen llegar a buen puerto las alternativas que evitan los sistemas de producción más resistidos o los debates sobre mayor impacto positivo en la economía doméstica.

Qué minería prohíben las leyes provinciales

Constitucionalmente, no se pueden prohibir actividades económicas que aprueba una ley nacional, en el caso argentino, está el Código Minero.

Pero las provincias, al tener autoridad sobre sus recursos naturales, pueden legislar sobre esta actividad de forma particular. Esto es lo que permite que haya normativas que limitan ciertos tipos de sistemas productivos.

Desde 2003 en adelante, ocho provincias hicieron esto: Río Negro, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Chubut, San Luis, Tucumán y La Rioja. Esta última reglamentó la ley 8.137 y la derogó un año después, pero la baja en las inversiones mineras que produjo esto permanece, ya que la provincia no tiene en la actualidad desarrollo metalífero.

Las normativas son distintas en las provincias. La minería metalífera es un factor común en la mayoría de los casos, en otros el uso de sustancias químicas que se consideran contaminantes. La redacción es clave, porque algunas son específicas y otras más generales.

• Río Negro prohibió usar cianuro y mercurio en los procesos de extracción, explotación e industrialización de minerales metalíferos.
• Tucumán prohibió la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera.
• Mendoza prohibió el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos.
• Chubut prohibió en 2003 la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en la producción minera.
• La Pampa prohibió la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos, como así también la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto.
• Córdoba prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares, el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante.
• San Luis prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación e industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

De esta manera, el universo de actividad permitidas o no cambia según cómo redactaron las leyes. Mendoza por ejemplo no prohibió la actividad minera metalífera en general, como sí lo hicieron otras provincias. En cambio, limitó qué tipos de activos químicos se pueden usar.

San Luis es una de las provincias que más avanzó, porque incluso se niega a la industrialización de minerales metalíferos en su territorio, haciendo mucho más amplia la negativa.

Chubut cerró la puerta a la minería metalífera en general y la que es a través de minas a cielo abierto en particular. Podría existir, por ejemplo, un proyecto subterráneo no metalífero, si es que hubiera una alternativa rentable.

Estos matices hacen que hoy, por ejemplo, haya proyectos mineros en Mendoza que encuentran un camino posible, por fuera de lo que la ley prohíbe. Por ejemplo, la explotación de cobre es viable dentro de la ley 7.722, siempre y cuando la mina produzca concentrado por flotación, cuyos activos no están prohibidos.

Si en cambio una exploradora diera con un yacimiento oxidado de cobre, que se puede lixiviar y que permite hacer placas del metal in situ, siendo de los más rentables, la ley se lo prohibiría. Esto, por ejemplo, le quitaría a la provincia cuyana la posibilidad de tener el tipo de mina que genera más valor agregado y que además tiene menor consumo de agua: un 25% de lo que se utiliza para el otro tipo de explotación.

Esto expone algo que sucede con las normativas anti mineras que se hicieron: los criterios técnicos no contemplan muchas veces los procesos mineros en sí, sino que se centran en qué activos generan inseguridad en las poblaciones.

La licencia social, el eslabón clave en la discusión

Las normativas anti mineras, en especial en provincias con potencial para desarrollar la industria como Mendoza, La Rioja, Chubut y ahora también Río Negro, son señaladas como anti económicas. En el ambiente empresarial critican estas redacciones por prohibir avances productivos.

También se las señaló como anticonstitucionales, porque a la minería le prohíben el uso de ciertos activos químicos que otras industrias usan.

Pero detrás de esto hay otra situación: son normas que las legislaturas provinciales votaron en algún momento en representación de sus votantes que no querían este tipo de desarrollos. En la actualidad, con el crecimiento de las expectativas de generación de trabajo y divisas de la minería, la mirada puede haber cambiado, aunque es difícil de medir.

Un ejemplo de esto fue el intento en 2019 de Mendoza de derogar la 7.722, su ley anti minera. Si bien el oficialismo llegó con la mayoría de los votos anunciando que iban a cambiar la legislación, incluso logró una votación unánime en la legislatura, las marchas en las calles de la capital mendocina los hicieron retroceder y la norma se mantuvo.

La voluntad política, en ese momento, no logró representar la voluntad de las comunidades.

En la actualidad, la provincia cuyana parece haber superado parte de esa resistencia. A través de votaciones en la legislatura, donde aprueban o no los informes de impacto ambiental de proyectos de exploración, la licencia social parece ir creciendo en Mendoza. La participación conjunta del Estado también apunta a destrabar nuevas inversiones.

Las autoridades provinciales han señalado su intención de que crezca la explotación minera. Potasio, cobre, uranio, entre otros, son los recursos que tienen asegurados en su territorio. También existe una historia vinculada en esta actividad en algunos departamentos, como es Malargüe.

Así, sin derogar la ley, lograron formular cambios en el código minero provincial, donde apostaron a mayor participación ciudadana. Hoy apuntala un proyecto cuprífero que contabilizan entre los más avanzados del país, San Jorge, que retomó su exploración hace poco.

En Chubut, como su ley es más amplia y prohíbe de forma categórica la explotación metalífera, intentaron por un camino distinto: la zonificación. Sus defensores aseguran que tiene que ver con dejar que las comunidades en el interior de la provincia decidan si quieren o no la actividad.

Así, en medio de un boom internacional de demanda de minerales, sumado a que los gobiernos nacionales también pusieron el ojo en esta alternativa para generar divisas, distintas regiones del país avanzan en discutir sobre la actividad.

El fuerte sigue siendo económico: la minería promete salarios por encima del promedio del sector privado, solo superado en algunos casos por el petróleo. Cámaras empresariales e industriales quieren el empuje que da a proveedores.

Pero lo cierto es que, sin que antes la aceptación cuaje en los habitantes, no hay minería posible. Y sin este acuerdo social, no hay inversores que quieran arriesgar su dinero.