El mega proyecto de ley que presentó el Gobierno en Diputados prevé avanzar en un esquema que va más allá del implementado en los 90. Cómo resultaron experiencias similares en Japón y Gran Bretaña.
El mega proyecto de “Ley Ómnibus” que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el gobierno de Javier Milei para avanzar en una profunda reforma del Estado incluye la privatización de más de 40 empresas estatales.
Entre ellas se encuentran las cinco empresas ferroviarias: Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCYL), Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), así como el holding ferroviario nacional Ferrocarriles Argentinos (FASE).
De esto se desprende que el Estado, de prosperar la iniciativa, no conservará ninguna empresa ferroviaria de su propiedad, siquiera como órgano rector, gestor de la infraestructura ferroviaria o propietario de última instancia del sistema ferroviario nacional.
Los artículos de la Ley Ómnibus dedicados a los trenes
En su artículo 8, el controvertido proyecto de ley bautizado como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, declara “sujetas a privatización” la totalidad de las empresas estatales, en los términos de la Ley de Reforma del Estado 23.696, aprobada durante el gobierno de Carlos Menem.
El modelo ensayado en los ‘90 implicaba la entrega en concesión de la explotación de los servicios a un operador privado durante un cierto plazo, pero la infraestructura seguía siendo estatal.
Así, el proyecto de ley va mucho más allá del modelo ensayado durante la década del ‘90, que implicaba la entrega en concesión de la explotación de los servicios a un operador privado durante un cierto plazo (30 años), tras el cual los bienes que habían sido concesionados volvía a manos del Estado, que nunca dejaba de ser su propietario.
En cambio, la iniciativa presentada el miércoles en la Cámara Baja no sólo implica un retiro de cualquier tipo de intervención directa del Estado sobre la operación ferroviaria, sino que avanza en la venta al sector privado de la infraestructura ferroviaria, que es históricamente patrimonio público.
Las experiencias de Japón y Gran Bretaña
El gobierno de Javier Milei busca avanzar así en un esquema para el sector con muy pocos antecedentes en el mundo.
Uno de los países que avanzó en un esquema que podria considerarse similar es Japón, que realizó una privatización parcial pero muy regulada de partes del sistema ferroviario.
De prosperar la iniciativa del gobierno nacional no sólo avanzaría en la privatización total del sistema, sino que también anularía cualquier posibilidad de regulación.
Sólo Gran Bretaña intentó una medida a ese nivel en tiempos del gobierno conservador de John Major. Pero incluso hasta Margaret Thatcher se había opuesto siempre a esa posibilidad por considerarla una idea demasiado radical.
Apenas tres años después de la privatización, la infraestructura ferroviaria de Gran Bretaña debió ser reestatizada . Por otra parte, en la operación, si bien hoy subsisten concesionarias privadas, cada vez tiene mayor participación el Estado.
Hasta The Economist y Bloomberg advirtieron en columnas de opinión que la privatización ferroviaria británica fue un fracaso tanto en términos económicos como de servicio.
En el resto de Europa, el modelo de separación vertical entre operación e infraestructura (que es ley en la Argentina, a pesar de que su implementación no se haya desplegado plenamente) fue creado explícitamente con el objetivo de permitir la participación privada y la competencia en la operación de los servicios de cargas y pasajeros, pero manteniendo siempre la gestión y la propiedad de la infraestructura en manos del Estado.
