El Gobierno debe presentar comunicaciones de al menos una docena de funcionarios actuales y del gobierno anterior, pero a pedido de los abogados argentinos se pospuso la inclusión de importantes nombres, como los de Luis Caputo y Sergio Massa.
La novela del juicio por YPF sigue sumando capítulos y tomó un giro inesperado. La jueza federal de Nueva York a cargo de la causa que juzga la reestatizacón de la petrolera, Loretta Preska, ordenó que el Ejecutivo nacional entregue mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de varios funcionarios de la nueva gestión y de la anterior.
La instrucción de la magistrada incluyó tanto al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como a su predecesor, Sergio Massa. Entre otras figuras importantes, la solicitud también comprende el nombre del asesor presidencial Santiago Caputo y el extitular de la Aduana, Guillermo Michel.
La jueza también exigió al Gobierno argentino que se incorpore a la medida al exviceministro del Palacio de Hacenda, Gabriel Rubinstein, y del exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.
Preska busca acceder a servidores oficiales, donde está la información de las cuentas mencionadas.
Sin embargo, la medida fue pospuesta a pedido de los abogados argentinos hasta tanto se lleve adelante un nuevo cruce de cartas, aunque fuentes cercanas a la causa consideran que en las próximas semanas la jueza podría conceder la información.
El objetivo de esta petición es demostrar que las autoridades que integran (e integraron) el aparato estatal, acuerdan con la compañía cuánto subirá la nafta o que miembros del Ejecutivo usaron el avión de la petrolera, por citar sólo dos ejemplos. Esto permitiría vincular a la administración pública con la empresa, para habilitar embargos sobre sus activos en favor de los demandantes.
Por ello, Preska busca acceder a servidores oficiales, donde está la información de las cuentas mencionadas, pero va a buscar sólo palabras clave vinculadas a la causa y no otros contenidos.
Así fue informado por el titular de Latam Advisors, Sebastián Maril, que sigue el caso desde sus inicios. Maril agregó también que la magistrada neoyorkina pospuso los pedidos sobre el exjefe de Gabinete y actual senador, Eduardo «Wado» De Pedro, el exsecretario general de Presidencia de Alberto Fernández, Julio Vitobello, y del economista y extitular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini.
“Todo esto se podría haber evitado poniendo garantías, como Preska ofreció en enero. Con esas garantías, que se podían haber negociado con Burford por cualquier cifra, se evitaban estos temas”, resumió el CEO de Latin Advisor.
Argentina tendrá plazo para abonar la totalidad de la deuda hasta el 14 de diciembre de este año. En caso de que esto no ocurra, el fondo inglés podrá decidir cómo cobrar el pago y se espera el embargo de activos claves para el Estado.
Buford insiste con incluir a YPF en posibles embargos
En tanto, Buford Capital, el fondo buitre que encabeza la demanda aumenta la presión para que YPF sea incluida en el proceso. Desde el grupo inglés consideran que el Estado nacional no podrá afrontar el pago de los 16.000 millones de dólares y los intereses, que ya acumularon 900 millones adicionales.
Vale recordar que la petrolera fue excluida del caso el año pasado cuando se conoció la sentencia condenatoria. Ahora, los demandantes señalaron que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente una Sociedad Anónima (SA) privada, opera en función a los objetivos políticos del gobierno de turno.
Según la información publicada por el diario Financial Times, la intención de Buford de incautar activos, se sostiene bajo el argumento de que. las empresas argentinas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado.
Por ello, atribuyen que las entidades funcionan como propiedad del Estado y son «indistinguibles de él». En diversas presentaciones realizadas en las cortes, la defensa descartó que así sea y señaló que la Justicia de Estados Unidos ya los calificó como «operacionalmente separados del Estado».
