En un comunicado, el fondo británico que lidera la demanda por la reestatización propone reactivar el diálogo entre las partes. Y destaca que los acuerdos suelen resolverse por montos “considerablemente inferiores al importe de las sentencias”. La Corte de Apelaciones inicia sesiones la semana que viene.
Burford Capital, el fondo británico que financió el litigio por la expropiación de YPF y resultó el principal beneficiario del fallo dictado en 2023 por la jueza de Nueva York Loretta Preska, difundió su primer comunicado público sobre el caso. Con un tono moderado, advirtió de los riesgos de prolongar el proceso y subrayó las conveniencias para la Argentina de lograr un convenio.
El documento, publicado por el estudio de abogado de los demandantes a pocos días de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York inicie la audiencia oral del caso, busca ofrecer a los inversores de Burford una “síntesis del progreso y las perspectivas” del litigio.
En el texto, se describe el estado actual del proceso judicial y, de manera implícita, le recomiendan al país considerar una negociación para evitar los costos que implicaría una ejecución plena de la sentencia por 16.000 millones de dólares.
El fondo subrayó que la causa “entra en una etapa clave”, ya que la apelación determinará si se confirma o modifica el fallo de Preska, que en 2023 responsabilizó al Estado argentino por la forma en que se concretó la expropiación de YPF en 2012.
En ese marco, la idea de la firma es darle punto final al conflicto llegando a un acuerdo entre las partes. “Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, señala el texto.
Lo que sigue en el juicio por YPF
Burford dedicó parte del comunicado a detallar los pasos procesales previstos. Según la cronología incluida, las audiencias de apelación otorgarán treinta minutos de exposición a cada parte y diez minutos adicionales para la apelación cruzada vinculada a YPF, que fue eximida de responsabilidad por la jueza en la instancia anterior.
El fondo anticipó que la decisión del tribunal podría conocerse “en un plazo de varios meses o hasta un año”, y que cualquiera de las partes podrá solicitar una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Entre los pasajes destacados, Burford advirtió que “como todo litigio, conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”.
En el comunicado remarcan que aún subsisten “riesgos sustanciales” relacionados con nuevas actuaciones judiciales, procedimientos de ejecución y litigios paralelos en distintas jurisdicciones. Con ese argumento, plantean la posibilidad de que una negociación resulte un camino viable para reducir la exposición de ambas partes.
Un poco de presión
A pesar de plantear la posibilidad de un acuerdo, la firma puntualizó que la sentencia dictada por Preska “es ejecutable desde el 11 de enero de 2024”, dado que la Argentina no cumplió con las condiciones impuestas por el tribunal para suspender la ejecución mientras se tramitaba la apelación.
Por ello, el comunicado indica que el Tribunal de Distrito “sigue siendo el encargado de supervisar el proceso de descubrimiento de pruebas (discovery) en apoyo de la ejecución, así como otras actuaciones relacionadas”.
Asimismo, subrayaron los procesos colaterales que se abrieron en la misma corte de Nueva York, entre ellos los intentos de los demandantes por demostrar que el Estado e YPF actúan como una misma entidad —la teoría del “alter ego”— y los reclamos de embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Todas estas acciones, señala el fondo, persiguen el mismo objetivo: asegurar el cumplimiento de la sentencia o facilitar un escenario de negociación.
Por último, el comunicado menciona que si bien el Gobierno de los Estados Unidos manifestó su oposición a que Argentina deba entregar las acciones de YPF, “no ha adoptado ninguna posición ni presentado escritos respecto de la Apelación Principal”.
Hasta el momento, la postura del Gobierno argentino fue la de “no negociará bajo presión” y agotar las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema estadounidense. Resta saber si habrá un cambio de mirada a partir de esta comunicación, y que el asunto se resuelva tras bambalinas.
