Sostuvo su orden de transferencia en favor del fondo Burford Capital en duros términos y argumentó que la Argentina intenta «eludir sus obligaciones». Cómo sigue el proceso.
La pulseada judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo, y no precisamente favorable para la Argentina. La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra del país.
Esta vez, desestimó el pedido para frenar la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo Burford Capital, actor clave en esta trama legal que lleva más de una década.
Ahora, el Estado argentino tiene un plazo de tres días más antes de entrar en desacato por no cumplir con una orden que el país ya apeló ante el tribunal superior de la Corte de Apelaciones.
«La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, destacó la jueza Loretta Preska.
El rechazo del pedido argentino no incluyó condiciones atenuantes ni contemplaciones diplomáticas. Por el contrario, Preska fue dura con el Estado nacional, al que acusó directamente de intentar “eludir sus obligaciones” y de actuar con tácticas dilatorias.
Según explicó la jueza de Nueva York, la Argentina no cumplió con los requisitos que en su momento le habían permitido suspender sin garantías la ejecución del fallo dictado en septiembre de 2023.
Preska dejó en claro que, incluso después de conceder una prórroga para facilitar la transición de gobierno que se daba en aquel momento, “la administración argentina ‘aprovechó al máximo el tiempo extra’, pero ‘no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas’”.
Más aún, advirtió: “La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.
Frente a este escenario, la Argentina ya había jugado su carta: apeló ante la Cámara antes de que se conociera este fallo, previendo que no sería favorable.
El próximo paso será insistir en esa apelación. En paralelo, existe la posibilidad de que el país entre en desacato, aunque para eso sería necesario que los demandantes lo soliciten formalmente y que la jueza lo considere procedente.
Argentina, en una situación complicada
Preska ya había condenado en 2023 al Estado argentino a pagarle a Burford Capital —un fondo que adquirió los derechos de litigar esta causa— una cifra cercana a los 16.000 millones de dólares.
Desde entonces, el expediente transitó medidas cautelares, apelaciones cruzadas y dos vías judiciales abiertas.
Por un lado, el caso madre, es decir, la condena al pago multimillonario, continúa su curso en un expediente separado que podría resolverse dentro de un año, y en el que está en discusión una sensible reducción de ese monto. Por el otro, avanza el intento de Burford por ejecutar el cobro. En ese marco, la jueza autorizó el controvertido turnover de acciones.
Pese al ruido judicial que generó la orden de traspaso de acciones, desde la conducción de YPF vienen bajándole el tono al impacto que puede tener sobre el plan de negocios de la compañía. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, había asegurado recientemente que el fallo de Preska “no afecta este proyecto ni frenará nuevas inversiones de la compañía”.
Además, minimizó las repercusiones en el mercado: tras una caída inicial del valor de las acciones en la Bolsa de Nueva York, los papeles de YPF se recuperaron y, según Marín, “superan el nivel que tenían antes de conocerse la resolución judicial”.
El juicio por YPF y un fallo inédito en EEUU
El trasfondo de esta disputa tuvo un giro inédito hace apenas dos semanas, cuando la propia Preska ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio.
La jueza fijó un plazo de 15 días para concretar esa entrega, lo que activó la alarma en los mercados. En la Bolsa de Nueva York, donde YPF cotiza desde hace más de 30 años, las acciones cayeron hasta un 6,6% ese día, cotizando en torno a los US$ 31,57, pese a haber arrancado la jornada al alza. Días después lograron recuperarse.
La respuesta oficial no tardó. A través de la red social X, el presidente Javier Milei ratificó que el Gobierno apelará el fallo: «Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales».
El mandatario fue más allá y, en un comunicado titulado “Un fallo contra Kicillof”, responsabilizó directamente al actual gobernador bonaerense por las consecuencias del caso: «Independientemente de la cuestión de fondo, la decisión de la Justicia de Estados Unidos es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK», escribió.
Ahora bien, aunque la orden judicial es concreta, su cumplimiento presenta un obstáculo central: la entrega de acciones por parte del Estado Nacional requeriría una autorización del Congreso, algo que hoy por hoy parece fuera de radar.
La ofensiva judicial del fondo Burford viene escalando desde abril, cuando además del traspaso de acciones pidió embargos y otras medidas cautelares. Los analistas ven en esta jugada una estrategia clara: elevar la presión para forzar una negociación.
