La medida regirá hasta junio de 2025 y posterga incrementos en la luz y el gaz para priorizar la contención de la inflación. Pone en manos de la Secretaría de Energía la responsabilidad de «garantizar precios competitivos» con una mayor participación ciudadana.

El Gobierno nacional decidió extender la emergencia energética para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad y gas natural en todo el país.

Originalmente prevista hasta el 31 de diciembre de 2024, la nueva prórroga, formalizada a través del Decreto N° 1023/2024, establece que esta situación se mantendrá hasta el 9 de julio de 2025.

Según las autoridades, la medida busca garantizar la prestación continua y adecuada de estos servicios esenciales, al tiempo que prioriza un enfoque que frene los aumentos en las tarifas de luz y gas para colaborar con la lucha contra la inflación.

El Gobierno justificó la decisión por el estado crítico en que se encontraba el sistema energético, heredado de administraciones previas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado este enfoque cuando suspendió la audiencia pública programada para el 5 de noviembre, destinada a definir las nuevas tarifas de transporte eléctrico. Pocos días después se produjo la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo de la secretaría de Energía.

Además, el titular de Hacienda también desactivó la convocatoria de una audiencia similar para ajustar los márgenes de las distribuidoras bajo jurisdicción federal.

Ahora, la prórroga también subraya que la Secretaría de Energía tendrá la tarea de establecer mecanismos que aseguren precios competitivos y acceso libre al mercado energético.

Asimismo, se buscará mantener, en términos reales, los niveles de ingresos necesarios para cubrir las inversiones requeridas y garantizar la prestación del servicio en todo el territorio nacional.

La resolución detalla que el nuevo cuadro tarifario se basará en las revisiones realizadas previamente, con la condición de que los valores no excedan los que se definan al 9 de julio de 2025.

Además, el proceso de adecuación tarifaria estará a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Economía, el cual implementará herramientas que promuevan una mayor participación ciudadana.

Para garantizar la transparencia en estas decisiones, las acciones estarán sujetas al Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, asegurando que todas las medidas sean validadas de manera formal.

La emergencia energética y la intervención del ENRE

La prórroga de la emergencia energética incluye la extensión de la intervención sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta que entre en funcionamiento el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según lo estipulado por la Ley N° 27.742.

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Esta medida prioriza un enfoque que frene los aumentos en las tarifas de luz y gas para colaborar con la lucha contra la inflación.

Durante este período, los interventores deberán actuar conforme a las normativas vigentes y a los decretos correspondientes.

El Gobierno justificó esta decisión por el estado crítico en que se encontraba el sistema energético, heredado de administraciones previas.

Según las autoridades, es necesario abordar tres puntos clave: la mejora del sistema recaudatorio, la optimización de las instalaciones para garantizar el suministro y la generación de señales de mercado que equilibren oferta y demanda.

“Es de público conocimiento que el Gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social gravísima, por lo que resulta imprescindible implementar medidas que permitan superar la emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que enfrenta la Nación”, señalaron en referencia al deterioro del sistema.

Además, atribuyeron esta situación a “un conjunto de decisiones intervencionistas” adoptadas en el pasado, que agravaron la vulnerabilidad del sector. Esta nueva etapa busca no solo estabilizar el sistema, sino también sentar las bases para un modelo regulatorio más eficiente y sostenible.

Cortes de luz en el verano

Ante el deterioro del sistema eléctrico, el Gobierno implementó un plan de contingencia con el objetivo de reducir la cantidad de cortes de electricidad previstos para el próximo verano.

Este plan, establecido mediante la resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía, no solo abarca acciones inmediatas, sino que extiende su plazo de aplicación hasta 2026.

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Ante el deterioro del sistema eléctrico, el Gobierno implementó un plan de contingencia con el objetivo de reducir la cantidad de cortes de electricidad previstos para el próximo verano.

Entre las principales medidas adoptadas, se destacan aquellas destinadas a fortalecer la oferta de energía eléctrica.

Por un lado, se ordenó maximizar las importaciones de energía y potencia desde países limítrofes durante las horas de mayor demanda en días críticos, según lo determine la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Esta estrategia incluye, particularmente, las horas pico.

En el ámbito del transporte eléctrico, se establecieron medidas específicas para el despacho de cargas y el cálculo de precios, orientadas a fomentar inversiones en la ampliación de los sistemas de transporte de energía.

Asimismo, en cuanto a la distribución, se dispuso que las empresas distribuidoras desarrollen y presenten programas de atención a contingencias para responder eficazmente ante fallas o indisponibilidades en sus áreas de concesión.

La normativa establece una serie de incentivos dirigidos a las empresas generadoras de energía, con el fin de aumentar la oferta disponible.

Además, se propone un sistema de limitación de la demanda específicamente para los grandes usuarios, incentivándolos económicamente a reducir su consumo. La resolución no incluye medidas para los usuarios residenciales.

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