Lanzó una convocatoria para contratar a una asesora legal que acompañe la confección de los pliegos y el proceso de licitación de los ramales del Belgrano, el San Martín y el Urquiza. La idea es fraccionar a Trenes Argentinos Cargas para facilitar su traspaso.
La operadora estatal de los trenes de carga de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, dio un nuevo paso en su camino hacia la privatización y lanzó una licitación para contratar asesoramiento legal, con el objetivo de acelerar el proceso de transferencia al sector privado, una medida habilitada por la “ley Bases” e iniciada formalmente en febrero.
La convocatoria der Trenes Argentinos Cargas (TAC) apunta a estructurar legalmente los pliegos y documentos que regirán las futuras licitaciones, un paso clave hacia la desarticulación del sistema estatal de cargas ferroviarias. Según los documentos relevados por el medio EnelSubte, el asesoramiento se dividirá en tres áreas.
El asesoramiento tendrá tres ejes: la concesión de las vías e inmuebles aledaños, los talleres ferroviarios y el remate del material rodante. La estrategia sería fragmentar la empresa para facilitar su traspaso a privados.
La primera estará enfocada en los aspectos legales para la concesión de las vías y sus inmuebles aledaños. La segunda se centrará en los talleres ferroviarios, mientras que la tercera se encargará de la preparación del remate del material rodante.
Esta segmentación revela una estrategia del Gobierno: fragmentar la empresa para facilitar su entrega por partes al sector privado.
La lógica que sustenta este enfoque es la de la “desintegración vertical”, una separación entre infraestructura, equipamiento y mantenimiento que facilita la privatización por lotes.
A diferencia del modelo aplicado en los años noventa, con el que se entregaban paquetes integrales, esta nueva fase busca diversificar los actores privados y generar competencia entre ellos.
Sin embargo, el diseño también plantea riesgos: cada actor tendría intereses limitados a su tramo del negocio, lo que podría dificultar una operación ferroviaria integrada y eficiente.
Uno de los elementos que llama la atención es la venta de locomotoras y vagones. El decreto establece que parte del material rodante será subastado, y lo recaudado se destinará a financiar obras sobre las vías concesionadas.
Aunque el Estado conservaría la titularidad de la infraestructura, la liquidación del material tractivo implica una cesión profunda de capacidades operativas. Algunos equipos, particularmente los comprados a China, no podrán ser vendidos debido a que aún no han sido pagados.
La disolución de TAC
El planteo oficial no contempla la continuidad de TAC como empresa estatal. Una vez completada la cesión de infraestructura, talleres y rodados, se prevé su disolución definitiva.
De concretarse, el Estado se quedaría sin un operador de respaldo para asumir la prestación del servicio ante un eventual incumplimiento de los concesionarios, como ocurrió en el pasado.
En lugar de una política de apertura gradual, el plan parece apuntar a una retirada estructural del Estado de la operación ferroviaria de cargas.
En tanto, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIFSE) ya fueron transformadas en sociedades anónimas, en lo que parece ser la antesala de su apertura al capital privado.
Problemas con los trenes de carga del Roca
Mientras el gobierno allana el camino para que la principal ferroviaria carguera pase a manos privadas, una de sus competidoras atraviesa un panorama complejo.
Ferrosur, concesionaria del servicio de cargas del tren Roca, solicitó la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo.
Esta medida, prevista en la legislación laboral, le permitiría a la empresa aplicar suspensiones, reducir salarios y despedir trabajadores con indemnizaciones reducidas, siempre bajo supervisión estatal y acuerdo con los sindicatos.
El pedido expone tensiones internas y genera incertidumbre en la firma que ya había transitado un proceso similar en 2020, al comienzo de la pandemia, aunque en aquel entonces los despidos estaban prohibidos por decreto presidencial.
