Finalmente, las iniciativas para promover la licuefacción de gas y el hidrógeno de bajas emisiones serán tratadas en el Congreso. La propuesta contempla estabilidad fiscal por 30 años y beneficios impositivos.
El marco regulatorio tan esperado para destrabar las inversiones de GNL e hidrógeno llegó al Congreso Nacional, aunque la dinámica de la campaña electoral hace que sea difícil su inclusión en la agenda de sesiones. Con óptimas condiciones para capitalizar estos recursos, el sector vio demorado su desarrollo debido a la imprevisibilidad que genera el contexto macroeconómico del país.
En consecuencia, las compañías interesadas están a la expectativa de condiciones más propicias para llevar adelante sus proyectos en el país. Tal es el caso de la mega iniciativa que YPF acordó con la malaya Petronas, que busca colocar a la Argentina como un importante exportador de GNL. Iniciativa que se pondrá en marcha solo cuando se sancioné una ley que promueva la actividad.
La propuesta elevada al Congreso coloca a la licuefacción de gas como objetivo prioritario y “de interés nacional”
En ese marco, las autoridades oficiales elevaron los proyectos titulados: Ley de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones, cuyos detalles ya se habían adelantado la semana pasada, y la Ley de Promoción del Gas Natural Licuado.
En esa línea, los proyectos establecen un marco regulatorio para promover previsibilidad y estabilidad en ambas actividades. Además, fijan beneficios tributarios y condiciones favorables para que las empresas tengan un campo de acción más amplio. Ambos recursos son fundamentales para disminuir la emisión de gases e impulsar una matriz energética menos dañina para el medioambiente.
Promoción del GNL
El crecimiento de la producción de petróleo de Neuquén, gracias a la explotación de Vaca Muerta, puso bajo la lupa al proceso de licuefacción de gas para facilitar su exportación. Este proceso consiste en enfriar el gas para poder comprimirlo hasta que ocupe el 1/600 de su volumen lo que optimiza su traslado de manera significativa.
Hasta el momento, la Argentina no cuenta con plantas de licuefacción, pero existe un preacuerdo para la construcción de la primera entre la petrolera estatal, YPF y Petronas, la multinacional malaya. La inversión supera los 10 mil millones de dólares y su puesta en marcha se decidirá a principios de 2024, supeditada de que se sancione la mencionada ley.
En ese sentido, la propuesta elevada al Congreso coloca a la licuefacción de gas como objetivo prioritario y “de interés nacional”. Además, contempla la creación de un régimen de promoción del GNL para proyectos de almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura en la Argentina a gran escala con el objetivo final de exportar.
La iniciativa otorga a los inversores hasta 6 años (5 más una extensión adicional de un año) para ingresar sus proyectos, con una mínima inversión de 1000 millones de dólares y una capacidad de producción de un millón de toneladas de gas licuado por año (MTPA), que pueden ser desarrollados en etapas sucesivas por hasta 10 años desde la puesta en marcha de la planta de licuefacción (en tierra o flotante) comprometida en la etapa anterior.
Por otra parte, las inversiones deberán tener un mínimo de contenido nacional de 15% en los primeros 10 años; 30% hasta los 20 años; un 50% (la mitad de producción local) hasta los 30 años. Con estas condiciones, Nación ofrecerá una serie de beneficios fiscales e impositivos para seducir a los capitales extranjeros.
Los más destacados son: amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias sobre las inversiones; la compensación de quebrantos; la deducción de las ganancias de los intereses y las diferencias de cambio originadas por la financiación del proyecto; y estabilidad fiscal por 30 años. Además, no se abonarán retenciones si el precio internacional es menor a 15 dólares por millón de BTU, y serán del d8% si es el valor se ubica entre los 15 y 20 dólares.
Esta última cuestión se revaloriza teniendo en cuenta que el precio del GNL cayó un 67% en lo que va del año y actualmente cuesta 7,50 dólares por millón de BTU. Por lo que la Argentina deberá ser muy eficiente en el proceso de producción, transporte y licuefacción del gas. Para lograrlo, la sanción de la ley será un primer paso clave.
